Rechazan acusaciones y cuestionan la “criminalización de la protesta social”. Se trata de los hechos ocurridos frente al Congreso cuando Diputados discutía el acuerdo con el FMI y destruyeron, entre otras, la oficina de Cristina Kirchner.
A casi dos meses de la marcha y ataques al Congreso Nacional, cuando se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los acusados piden ser liberados y rechazaron las acusaciones.
Ahora, la Justicia debe decidir si confirma o revoca los procesamientos de seis manifestantes que exigen su sobreseimiento y denuncian la criminalización a la protesta social.
En el expediente hay tres personas que hace más de un mes están presas: Oscar Ramón Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero, y Julián Claudio Lazarte. Los acusan de haber formado una asociación ilícita y sostienen que no pueden quedar en libertad durante el proceso porque no tienen arraigo, intentarán fugarse o tratarán de entorpecer la investigación.
Sus defensas pedirán en las próximas horas ante en la justicia federal la excarcelación que no consiguieron en los tribunales porteños, según indicaron a Infobae allegados a su defensa.
El hecho
Ocurrió el 10 de marzo sobre la avenida Entre Ríos: una pequeña facción de la movilización comenzó a incendiar tachos de basura y lanzar piedras al edificio, en lo que luego desató el debate sobre si se habían pedido refuerzos de seguridad.
Algunos de ellos lanzaron bombas molotov sobre los efectivos. La respuesta fue balas de goma y camiones hidrantes. Cinco policías terminaron lesionados, así como algunos manifestantes. Los destrozos fueron calculados en mas de $6 millones en el edificio del Congreso y de 20 millones de pesos en sus alrededores.
Las dos causas por los ataques
Una se tramita en la justicia porteña y otra en la justicia federal: lo que pasó en el edificio se fue para Py; lo que pasó afuera, para la justicia porteña.
La justicia federal reclamó la investigación de la Ciudad por entender que todo fue un mismo hecho y debía tramitar junto. El juez porteño Norberto Circo estuvo de acuerdo. Pero la fiscalía de primera instancia apeló y el caso no se mudó de manera inmediata.
En los últimos días, el fiscal ante la Cámara porteña no sostuvo ese recurso y el pase de fuero se concretó cuando la medida quedó firme. En ese contexto, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, a cargo de los jueces Marcelo Pablo Vázquez y José Sáez Capel, ratificó las prisiones preventivas de los tres arrestados que siguen detenidos.
El ataque al edificio del Congreso
En este expediente, en donde el Senado de la Nación, encabezado por Cristina Kirchner pidió ser querellante, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés por “intimidación pública en concurso ideal con daño calificado” .
A cada uno se les impuso un embargo de $6 millones y medio. Según la jueza, los imputados llevaron adelante distintas conductas para consumar los daños y actuaron “de mutuo acuerdo mientras cada uno producía los destrozos”.
