Las audiencias online necesitan conectar a 50 personas a la vez y, según el Consejo de la Magistratura, no se puede garantizar que funcione correctamente.
Con el inicio de la cuarentena obligatoria para evitar la propagación y contagio del coronavirus, muchos denuncian que la Justicia quedó paralizada. Sin embargo, la Corte Suprema recomendó a los Tribunales federales que planteen alguna estrategia para reactivar los juicios que se encontraban en pleno desarrollo previo a la pandemia
Ante este panorama, el Tribunal Oral Federal N° 2, que juzga a Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, pidió un informe al Consejo de la Magistratura para conocer si existe la posibilidad de realizar las audiencias de forma online, que demandaría unas 50 personas conectadas. Y según se analizó el sistema por ahora no lo resistiría.
Respecto de la causa de obra pública, el Consejo explicó que por el momento se encuentran “en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”.
Por los requerimientos formulados por el TOF 2 y otros Tribunales, se está desarrollando una plataforma (con Arsat) para asegurar “mayor conectividad, tal como requieren los juicios grandes”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el 21 de mayo de 2019, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública vial a favor del Grupo Austral.
El juicio
La expresidenta Cristina Kirchner empezó a ser juzgada el 21 de mayo de 2019 por presuntos hechos de corrupción.
El TOF 2 inició las audiencias en las que se acusó a la actual vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública vial a favor del Grupo Austral: fueron 51 contratos por $ 46.000 millones, que según la imputación fueron adjudicados “bajo diversas irregularidades”.
Las audiencias concluyeron el año pasado, con su explosiva declaración indagatoria en la que no aceptó responder un centenar de preguntas que tenía la fiscalía y acusó al Tribunal de lawfare y concluyó diciendo que serán ellos quienes “deberán dar respuestas” por algo que ella entendió, “ya estaba decidido y condenado”. Aún quedan más de 150 testimoniales.
