El ex funcionario suma una nueva complicación judicial junto a otros integrantes de la administración kirchnerista.
El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido por negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una de las causas que investiga las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en el país.
El juez acusó a De Vido, al ex secretario de Energía Daniel Cameron y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista, de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña en 2006.
La obra fue tasada en 2347 millones de dólares y se sospecha que pudo haber sobreprecios de hasta 800 millones de dólares. Rafecas observó una «posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos».
En 2005, cuando comenzó el proceso licitatorio a cargo del Enargas, la obra tenía una valor total de 1427 millones de dólares; el 7 de diciembre de 2006, un día después de que Odebrecht comenzara a trabajar, la misma costaba 2347 millones.
Rafecas dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”
Para el juez, De Vido “no pudo carecer de conocimiento ─cuanto menos, de los trazos más gruesos─, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura”.
Rafecas mantuvo en su juzgado la investigación por los sobreprecios y las irregularidades en la adjudicación de la obra, mientras que delegó la causa por los mismos hechos en el soterramiento del tren Sarmiento al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
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