El empresario k está acusado de quedarse con $ 8.000 millones del Estado del Impuesto al Combustible y con los fondos ampliaba sus empresas. También será juzgado Ricardo Echegaray y Fabián De Saousa.

 

El empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el extitular de AFIP Ricardo Echegaray por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado.

Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

En el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, se dará inicio este jueves al juicio contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP durante la gestión anterior. El fiscal ante el TOF será Juan García Elorrio y con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima una duración de cinco meses de desarrollo.

El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

En el caso de Echegaray fue procesado por el juez Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, determinó la Justicia.

Seguí en vivo el juicio:

Además, el Ejecutivo deberá rendir cuentas sobre qué hizo hasta ahora para frenar la actividad de la empresa.

 

Ante el reclamo millonario por puestos impago de AFIP a Uber, ahora la justicia de la Ciudad le pide al Gobierno porteño explicaciones para saber qué hizo hasta ahora para cumplir una medida cautelar de hace tres años, que ordenó que el Ejecutivo impidiera la actividad de la empresa en Buenos Aires. Además, lo intima a efectivizar esa prohibición.

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En 2016, una vez que Uber empezó a operar en Buenos Aires, la Justicia en lo contencioso administrativo de la Ciudad dictó una medida cautelar ordenándole al Gobierno porteño que impidiera su actividad, tras una presentación del sindicato de peones de taxi de la capital.

Pero ni esa medida ni otros reveses judiciales alcanzaron para frenar a la empresa que conecta a sus “socios conductores” con personas que necesitan hacer un viaje. En 2018, la Sala II de la cámara de apelaciones de ese fuero le pidió al juez a cargo de la causa que monitoreara el cumplimiento de la cautelar, en vista de “la inacción de las partes involucradas”.

Ahora, el titular del juzgado N° 15 en lo contencioso administrativo, Víctor Trionfetti resolvió ampliar esa medida cautelar de 2016. El juez le libró un oficio a la agencia gubernamental de control para que informe en un plazo de 20 días si Uber o alguna empresa vinculada a Uber presentaron algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros. Y para que si eso ocurrió, informe en qué fecha y envíe los antecedentes administrativos.

 

La Justicia procesó al empresario Nicolás Paladini por el presunto de delito de aprovechamiento indebido de tributos.

 

El empresario y marido de Rocío Guirao Díaz Nicolás Paladini fue procesado por la Justicia por presunto delito de aprovechamiento indebido de tributos, y lo embargó por un millón de pesos, en una causa iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida contra el presidente de Biocom SA, fue dispuesta por el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien procesó a Paladini luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado, informó hoy la AFIP.

La causa se inició a raíz de una denuncia del organismo tributario contra la empresa Biocom por haber percibido indebidamente $1,8 millones en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.

Además del procesamiento, el juez le trabó a Paladini un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.

El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.

 

El Consejo de la Magistratura investiga si el funcionario judicial recibió coimas millonarias.

El Consejo de la Magistratura pedirá a la AFIP la declaración jurada de bienes de la esposa el juez federal Luis Rodríguez, investigado por presunto cobro de sobornos millonarios. La medida fue propuesta luego de que descubrieran la donación de un inmueble a su nombre en 2016, año en el que murió el secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz.

El detalle del inmueble surgió al abrirse este miércoles el sobre con la parte reservada de la declaración jurada de bienes que el juez, está obligado a presentar anualmente ante el Consejo de la Magistratura. La apertura del documento fue realizada ante asesores de los consejeros y el abogado defensor del juez, Oscar Vignale, dijeron fuentes judiciales.

El departamento de unos 50 metros cuadrados está ubicado en la esquina de Juncal y Junín, en Barrio Norte, cuyo valor fiscal, según consignó Rodríguez en su declaración jurada de bienes, es de unos 700 mil pesos. La esposa de Rodríguez ocupa un puesto de secretaria letrada en la Corte Suprema y, según fuentes judiciales, tiene capacidad económica y el inmueble correspondería a un traspaso que le hicieron sus padres, consigna Clarín.

Previo a la denuncia de Pochetti el juez ya había sido denunciado en el Consejo por los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, y por el abogado Ricardo Monner Sans.

La empresa ligada a Hugo Moyano le debe a la AFIP $ 6.000 millones y quedó al borde de la quiebra.

La Justicia tomó el control de OCA y avanza con un proceso de salvataje, luego de un año donde se profundizaron los problemas que tiene la empresa ligada a Hugo Moyano para pagar sus deudas con la AFIP, que ya asciende a $ 6.000 millones.

El juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, cerró el concurso de acreedores y designó a tres interventores, en un proceso de “cram down”.

Por otro lado, el juez le garantizo al sindicato la continuidad de los puestos de trabajo “mientras dure el cram down y la eventual quiebra”, dijeron fuentes judiciales.

OCA se negó a ingresar al plan de pago de deudas impositivas en 48 cuotas, que rige para todas las empresas. Mientras que la Cámara de Apelaciones le rechazó el pedido al dueño del mayor correo privado del país, Patricio Farcuh, para que la AFIP le dé un plan de pagos especial.

De hecho, el organismo recaudador le había dado dos planes, que se dieron de baja en abril pasado, ya que OCA no los pagó.

En estos días la Justicia abrirá un registro, donde recibirá propuestas para comprar la empresa o transferirla a una cooperativa de trabajadores, que garanticen el pago de las deudas impositivas.

Ese proceso podría durar un mes y, en caso de no llegar a un acuerdo, OCA iría a la quiebra, como sucedió con Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López. “El procedimiento de salvataje tiene por objeto permitir la reorganización de la empresa sin liquidación manteniéndola en actividad en el mercado”, agregaron fuentes judiciales.

A fines de 2017 OCA le debía a AFIP $3.400 millones. A mediados de 2018 la deuda creció a $5.000 millones. La Justicia le levantó los embargos, para que pueda pagar sus deudas con la AFIP. Pero a fin de año ya debía $ 5.850 millones.

La AFIP logró a principios del año pasado la remoción del dueño de OCA de los órganos de dirección de la compañía.

La empresa tiene 6.800 empleados, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros, gremio que pagó parte del sueldo durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía.

El organismo tributario exceptuó a los comercios del pago de Ganancias e IVA por este concepto.

LA AFIP dispuso hoy que las propinas se podrán pagar con tarjetas de débito y crédito, y eximió a los comerciantes de pagar Ganancias e IVA por ese concepto.

A través de una resolución general publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el ente recaudador señaló que “se han planteado inquietudes respecto a los conceptos comprendidos en la base de cálculo de la retención (de IVA y Ganancias)”.

Eso -según la AFIP- sucede “teniendo en cuenta que en los últimos tiempos devino una práctica habitual que los compradores, locatarios o prestatarios de determinados servicios soliciten adicionar a los consumos abonados con tarjetas, las sumas dadas en concepto de propinas, recompensas, gratificaciones o similares, como muestra de satisfacción por la atención brindada”.

Según el texto oficial, “a efectos de determinar el precio neto a pagar, corresponderá deducir del pago efectuado mediante tarjetas el importe adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o prestatario del servicio, en agradecimiento por la atención brindada por el personal dependiente del sujeto pasivo de la retención (propinas, recompensas, gratificaciones o similares”.

Esa deducción, de acuerdo con lo dispuesto, no podrá superar el 15% del importe facturado por la operación que le dio origen.

La AFIP afirmó que es necesario precisar que ese concepto “no forma parte de la base de cálculo a efectos de determinar las aludidas retenciones” de IVA y Ganancias.

Esta medida no será de aplicación respecto de los pagos que se efectúen a las Micro Empresas, “por razones de administración tributaria, aclaró la AFIP.

Hasta ahora, a los comerciantes se les aplicaba las retenciones de IVA y Ganancias sobre el monto total de lo pagado con tarjetas, pero el valor de la propina no se discriminaba. Con esta decisión oficial, la propina queda exenta de las retenciones de ambos impuestos.

Lo hará este jueves. Los acusa por una defraudación millonaria de Oil Combustibles, con la venia de la AFIP.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, solicitará este jueves que se vuelva a disponer la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que se ordene la detención de Ricardo Echegaray. 

Además el funcionario judicial pedirá que se vuelva a la acusación por defraudación al Estado y que respondan con su patrimonio cada uno de ellos por $ 17.000 millones.

Este jueves a las 11, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa escucharán a los dueños del Grupo Indalo y al ex titular de la AFIP. En sus manos está la decisión sobre la libertad que recuperaron López y De Sousa, por una polémica decisión de la Cámara Federal, y la acusación contra los imputados, según consigna Clarín.

Los jueces deberán resolver dentro de los próximos cinco días hábiles la situación de los acusados.

El juez Julián Ercolini el 19 de diciembre del año pasado los procesó por defraudación al Estado, agravado por ser en perjuicio de la administración pública y dispuso la prisión preventiva del empresario K y su socio, acusándolos de violar las medidas cautelares impuestas al intentar vender el Grupo Indalo cuando se encontraba inhibido.

Luego en marzo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron excarcelar a López y De Sousa y modificó la calificación: quedaron, junto a Echegaray, acusados de retención indebida de tributo, que se podría subsanar con el pago de la deuda. Además, redujeron el embargo a $ 8.945 millones.

El fiscal Germán Moldes ante la Cámara federal porteña apeló esta medida, pidiendo no sólo que vuelvan a prisión, sino que también quede detenido el ex titular de la AFIP.

La causa por tráfico de información confidencial dio un giro en las últimas semanas por las pruebas presentadas por las defensas.


El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y el diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade denunciaron en 2016 a cuatro funcionarios de AFIP por presunto tráfico de información hacia Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, dos de las máximas denunciantes de corrupción en el ámbito político y judicial.

Los funcionarios acusados fueron Eliseo Devoto, Jaime Mecikovsky, Adriana Raggi y Alejandro Gustavo González. La causa comenzó en poder del juez federal Luis Rodríguez, pero después de varios meses y pruebas dispuestas, el magistrado se declaró incompetente en el caso y envió el expediente a su par Claudio Bonadío.

Las pruebas que Rodríguez consiguió para respaldar la denuncia habrían sido plantadas en la computadora de Mecilovsky, según comprobó un peritaje del Área Cibercrimen y la Sección Análisis Tecnológico de la Policía Metropolitana que informa La Nación.

«Los archivos en cuestión fueron introducidos a través de un almacenamiento externo sin iniciar el sistema operativo existente en la computadora», comprobaron los peritos. Con esta información, Bonadío sobreseyó a los acusados y se centró en los acusadores.

Kalbermatten es el abogado que tomó notoriedad luego de haber extorsionado, junto al financista Juan Manuel Ducler, a Sebastián Eskenazi. Ambos fueron detenidos para luego ser liberados en esa causa.

Según Bonadío, «se determinó que la conducta endilgada a los imputados no fue cometida por ellos, claro está, sino por las autoridades de la AFIP anteriores», en referencia a la gestión de Ricardo Echegaray.

Por último, el juez aseguró «que la anterior administración obtuvo datos reservados subrepticiamente, creando una sección especial para canalizarlos de los sistemas de AFIP y luego posiblemente utilizarlos» 

 

 

El organismo recaudador hizo una presentación ante la Justicia, mientras se aguarda que Casación se expida sobre la causa.

La Cámara Federal de Casación tiene que definir sobre la libertad de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, como también determinar si cometieron defraudación al Estado o una retención indebida de tributo, al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la causa es denunciante y querellante, solicitó que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público.

Según constató Clarín, en un escrito de 22 páginas, la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de «defraudación al Estado».

«No estamos frente a una mera inactividad del órgano recaudador, ni de una mera aquiescencia frente a un evasor fraudulento. La gravedad y lo ostensible de las infracciones demuestra que se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción», indica el escrito presentado ante el magistrado.

La AFIP sostiene: «Hay una planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados. Se urdió la manera de sortear las alertas que establecían las normas vigentes para evitar sucesos como el que analizamos».

La maniobra que para la AFIP es una «defraudación al Estado» y permitió que López y De Sousa , a través de la sociedad Oil Combustibles SA, «utilice indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos».

El juez Ercolini, a raíz del pedido de elevación a juicio de la AFIP, le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, también solicitará que vayan a la próxima instancia por el delito de defraudación al Estado, según consigna el mismo diario.

El organismo recaudador reclama la totalidad de las sumas adeudadas por la empresa Oil Combustibles al fisco.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentó una demanda contra el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray y contra el empresario Cristóbal López, con el objeto de reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados “criminis causa” a la agencia tributaria como consecuencia de los hechos que investiga el juez federal Julián Ercolini.

En la causa Cristóbal López está acusado de quedarse con 8.000.000 de pesos que debía tributar la petrolera Oil Combustibles de impuestos, maniobra en la que habría recibido la ayuda de Ricardo Echegaray. La AFIP también demandó a Fabián de Sousa.

La presentación de la AFIP sostiene sobre López que “el demandado se benefició –en su carácter de responsable de Oil- al recibir, a través de aquella firma, de modo sistemático y deliberado, por parte del Administrador Federal Ricardo Daniel Echegaray, planes de facilidad de pago” desde 2013 a 2015 y que la maniobra posibilitó uqe la petrolera no pagara a tiempo y en forma el tributo.

Además esa conducta posibilitó que la empresa utilizara de forma indebida y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las otras sociedades comerciales del Grupo Indalo en perjuicio de las arcas del fisco.

En la demanda, según constató Infobae, la AFIP reclama la totalidad de las sumas adeudadas por Oil Combustibles al fisco por todo concepto hasta ahora y las que sigan devengando como consecuencia de sus incumplimientos tributarios, que no puedan ser cobradas a través del concurso y/o de otras acciones legales actualmente en trámite o que se inicien en el futuro.