Para la Justicia no hubo delito cuando los indígenas ocuparon un campo privado en Añelo, ya que «actuaron sin dolo».

 

Seis acusados de la comunidad mapuche Campo Maripe que eran acusados de usurpar un campo en el yacimiento Vaca Muerta “para cobrar servidumbres de paso a YPF”, fueron absueltos.

Los imputados eran acusados de los delitos de usurpación y turbación de la posesión de una propiedad privada. Sin embargo, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli entendió que cuando la comunidad mapuche ingresó y se asentó en noviembre de 2014 en un campo de 900 hectáreas cerca de Añelo, propiedad de la familia Vela, sus miembros no actuaron con dolo, es decir, con la intención deliberada de despojar a los legítimos propietarios del terreno.

Para la Justicia quedó demostrado que miembros de la lof impidieron el paso tanto a los legítimos propietarios del campo como a operarios de YPF para frustrar la operatoria en los pozos petroleros y demandarle a la empresa «peajes» por servidumbres de paso, que cobra la familia Vela.

Los abogados defensores de la lof Campo Maripe, en tanto, Micaela Gomiz y Emmanuel Guagliardo, festejaron lo que consideran un “fallo histórico” en el que se reconoce la posesión tradicional y colectiva del territorio indígena. “El magistrado absolvió a la familia Campo Maripe considerando que existe una vinculación filosófica, espiritual y material con esas tierras y esto le quita el dolo de usurpar un terreno. Quedó claro que la comunidad ha actuado en resguardo de lo que cree es de su propiedad”, dijo Guagliardo.

Por su parte, Juan Coto abogado querellante de la familia Vela, advirtió a Infobae que apelará la sentencia que no podrá ser acompañada por la fiscalía debido a restricciones del código procesal penal local: en Neuquén se impide recurrir a una instancia superior cuando los delitos juzgados tienen penas menores a los tres años de prisión como es en el caso de usurpación.

 

El ex presidente podrá salir de prisión este año. El Superior Tribunal votó a favor de un recurso presentado por su defensa del ex presidente.


El Superior Tribunal (STJ) modificó la sentencia del ex presidente de Brasil Lula da Silva a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión. El beneficio se suma a que podría lograr prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto desde el mes de septiembre, debido a que ya habría cumplido un sexto de la pena en prisión.

Preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción, fue condenado hace dos meses a otros 12 años y 11 meses de cárcel por un tribunal de primera instancia por la realización de reformas en otra propiedad, igualmente a cambio de contratos en la petrolera estatal.

Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación Lava Jato.

El ex mandatario enfrenta además otras causas que esperan sentencia, pero su estadía en prisión se debe al caso del tríplex de Guarujá, dado que la ley brasileña permite que el primer recurso se pueda presentar en libertad.

Por el lado de la defensa, se sostiene que, a pesar de la sentencia en su contra, nunca se logró comprobar ningún delito. Asimismo, hace algunas semanas Lula escribió: “Fui condenado y encarcelado por ‘actos indeterminados’, figura inexistente en la legislación penal brasileña. He presentado suficiente documentación que demuestra mi inocencia. Mis acusadores, por el contrario, no han encontrado una sola prueba”.

 

El médico Lino Villar Cataldo es juzgado por matar de cuatro balazos a un ladrón que lo asaltó cuando salió de su consultorio 2016.

 

Si bien este lunes comenzó el juicio contra el médico cirujano que mató a un ladrón que lo asaltó en la puerta de su consultorio en la localidad de San Martín en 2016, hoy se abre la segunda audiencia en la que Lino Villar Cataldo deberá declarar y dar su versión de los hechos de aquel día.

Sus declaraciones serán frente a los 12 jurados (seis hombres y seis mujeres) seleccionados para el debate bajo la coordinación de la jueza Carolina Martínez, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín, entre ellos un gasista, una profesora de Inglés, un empleado de una empresa de logística y varios estudiantes.

Villar Lino llega al juicio acusado de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” y si fuera hallado culpable podría recibir una condena de entre 10 y 25 años de prisión.

En la primera jornada declaró como testigo Silvia, la madre del joven muerto en el robo, Ricardo Alberto «Nunu» Krabler (24), y quien en el juicio actúa como particular damnificada, quien siempre sostuvo que para ella no fue un caso de “defensa propia” sino que el médico “fusiló” a su hijo cuando podría haber disparado en otra dirección.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2016, cerca de las 20, cuando el profesional se retiraba con su Toyota Corolla de su consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por un delincuente, luego identificado como Krabler.

Volvé a ver Será justicia para conocer cómo funciona este sistema:

Así lo dictó la Justicia quien busca acceder al archivo histórico de la agrupación para realizar un inventario. Desde la entidad se denuncia que el allanamiento es “ilegal”.

 

Luego de que la Justicia disponga un allanamiento en la sede de Madres de Plaza de Mayo frente al Congreso con la intención de acceder al archivo histórico de la entidad de cara a un futuro inventario, las propias Madres convocaron a “defender” su lugar.

Cerca de las 9 de la mañana, una decena de personas comenzaron a manifestarse en la entrada del espacio, con aplausos y carteles con la leyenda “No pasarán”“Las Madres de Plaza de Mayo repudian una nueva avanzada del gobierno nacional y sus operadores judiciales, quienes intentan, una vez más, apropiarse del archivo histórico de la Asociación, el más grande de Latinoamérica en su tipo”, indicaron en un comunicado de prensa.

La medida judicial fue dictada por el juez de lo Comercial Nº 13 Fernando Javier Perillo y obedece a una presentación del juez Javier Buján, con el fin de poder confeccionar un inventario sobre el material que la agrupación recopiló a lo largo de 42 años de lucha por la búsqueda del paradero de sus hijos.

“El operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y Estado de Derecho. Tanto es así, que los superiores del juez Perillo decretaron lo contrario”, expresaron.

El objetivo principal del allanamiento es, de acuerdo a los magistrados intervinientes, disponer del material necesario como para poder confeccionar un inventario de documentos que reflejen las más de cuatro décadas de lucha de las Madres.

 

La Justicia procesó al empresario Nicolás Paladini por el presunto de delito de aprovechamiento indebido de tributos.

 

El empresario y marido de Rocío Guirao Díaz Nicolás Paladini fue procesado por la Justicia por presunto delito de aprovechamiento indebido de tributos, y lo embargó por un millón de pesos, en una causa iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida contra el presidente de Biocom SA, fue dispuesta por el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien procesó a Paladini luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado, informó hoy la AFIP.

La causa se inició a raíz de una denuncia del organismo tributario contra la empresa Biocom por haber percibido indebidamente $1,8 millones en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.

Además del procesamiento, el juez le trabó a Paladini un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.

El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.

 

El cantante deberá asistir a un taller de género, hacer dos recitales a beneficio y, además, grabar un video pidiendo disculpas por sus dichos contra las mujeres.

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender el juicio por el plazo de un año y seis meses y determinó, durante ese período, el cumplimiento de una serie de obligaciones contra el artista Gustavo Cordera por sus dichos contra las mujeres.

El fallo emitido con la firma del juez Germán Castelli resolvió que el músico tendrá que realizar el curso de capacitación “Taller de Conversaciones sobre Género y Cultura”, parte del programa «Talleres de Probation en el marco de la Justicia Restaurativa», dictado por el Ministerio de Justicia porteño. Como así también brindar dos recitales acústicos, uno a beneficio de la Asociación Civil Red Viva y otro de las asociaciones o fundaciones que indique el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyos costos quedarán a cargo del imputado.

Una vez terminado ese taller, deberá grabar una retractación y pedido de disculpas en formato audio-video, para publicar en sus redes sociales, y en los medios de comunicación, previa divulgación a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

En los conciertos, Cordera “deberá brindar un espacio de 15 minutos a algún miembro de esas organizaciones para que pueda dar un mensaje al público que promueva la concientización colectiva de la problemática de género”, ordenó el fallo. Todas estas obligaciones y la suspensión del juicio estarán vigentes siempre y cuando el músico no cometa otro delito.

Por otra parte, el excantante de Bersuit Vergarabat, deberá “fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal”, que podrá hacer en el Consulado Argentino en Uruguay, donde vive actualmente, y “abstenerse de hacer declaraciones públicas que promuevan, naturalicen o legitimen la violencia sexual contra las mujeres o que configuren violencia simbólica”.

 

La defensa de la hija de Cristina Kirchner debe presentarla este miércoles a la Justicia. El tribunal oral federal 5 le puso ese plazo para entregar la documentación, luego de rechazar un primer pedido de prórroga del regreso desde Cuba.

 

 

Finalmente, este miércoles el plazo que le dio la Justicia a la defensa de Florencia Kirchner para presentar toda la documentación respecto al estado de salud de la hija de Cristina Kirchner y evitar que venza el plazo para que la joven regrese a la Argentina desde Cuba.

Mediante un pedido público que realizó la expresidente en sus redes sociales, solicitaba revocar el plazo del 4 de abril para el regreso de su hija a la Argentina. Allí, argumentó que a raíz de una serie de problemas de salud que ya presentaba pero que se vieron agudizados durante su estancia en la referida ciudad, Florencia Kirchner “debió realizarse una serie de estudios médicos a través de los cuales se determinó que padecía de una severa patología, la cual tornaba imposible su regreso al país en la fecha informada”.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó revocar el plazo fijado para que Florencia regrese este 4 de abril, y exige a la defensa presentar “debidamente certificadas por las autoridades de la embajada argentina en aquél país, de la historia clínica completa y actualizada de Florencia Kirchner y formatos físico y digital de los estudios por imágenes que eventualmente se le practicaron y las que puedan realizarse en esa semana de plazo, como así también un nuevo certificado médico que detalle pormenorizadamente el diagnóstico completo con especificación de causa, tipología e intensidad de la patología sufrida, y tratamiento al que se está sometiendo a la nombrada”.

La hija menor de la exfamilia presidencial, está siendo asistida por el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba (CIMEQ) que expidió el certificado médico que indicaba que la hija de la ex Presidenta, padece como diagnóstico principal (definitivo) “un trastorno de estrés postraumático, indicándose como otros diagnósticos los siguientes: Síndrome purpúrico en estudio; Polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida; Amenorrea en estudio; Bajo peso corporal y Linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”.

 

El principal objetivo es repatriar la mayor cantidad posible de fondos aplicados por el empresario K por maniobras de lavado de dinero en el exterior.

 

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le reclama a Suiza una suma de U$S 850.000 que se encuentran en una cuenta del banco Lombard a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, que tiene como beneficiarios a la familia de Lázaro Báez, además de reiterar  el congelamiento de los fondos.

El pedido se hizo mientras esperan de los resultados de la audiencia que se hizo hace 20 días en Bahamas, para determinar si se levanta o no el congelamiento de 4 millones de dólares bloqueados por la Justicia argentina en una cuenta relacionada al empresario K.

La Justicia está dispuesta a repatriar la mayor cantidad posible de fondos aplicados por Lázaro Báez y su entorno a maniobras de lavado de dinero en el exterior.

En la causa por “la ruta del dinero K”, la Justicia argentina había trabado un embargo de 60 millones de dólares a los Báez, frente a un patrimonio conocido oficialmente de 205 millones de dólares. Entre otras medidas, en causas paralelas también los acorralaron con inhibición de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, intervención de las empresas y pérdida de la administración de bienes.

Con la causa en pleno desarrollo de su juicio oral, se desató la discusión por fondos radicados en el exterior. En un escrito de siete páginas al que tuvo acceso Clarín, el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, ratificó ante la Oficina Federal de Justicia del Área de asistencia Judicial Internacional el congelamiento y embargo que en su momento dictó el juez Casanello el 12 de agosto de 2016.

El juicio, que tiene 25 acusados, se inició en octubre pasado y la próxima semana el empresario K cumplirá tres años en prisión. Al momento de solicitar la remisión de los U$S 850.000 el TOF 4 recordó ante las autoridades suizas, que Báez y los demás acusados “están siendo juzgados por el aporte realizado a una estructura que canalizó dinero de origen ilícito que en definitiva eran suministrados por Lázaro Báez ya sea en el proceso de expatriación y repatriación parcial, por unos U$S 60 millones”.

 

Los peritos pidieron la historia médica de la hija de la senadora y advirtieron que necesitan verla.

 

El juez Daniel Obligado titular del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) solicitó al Cuerpo Médico Forense para que se expida sobre la enfermedad que padece la joven y evalúe si está en condiciones de viajar o no y cómo darle continuidad al tratamiento ambulatorio.

Especialistas de la Corte requirieron el historial médico completo y advierten que necesitan ver a la paciente. En tanto el fiscal del caso, Diego Velasco, recomendó aceptar una prórroga en la estadía de la hija de la ex presidenta en el país caribeño, pero sólo de 30 días.

Cristina Kirchner regresó al país la madrugada de este viernes y su defensa a cargo del abogado Carlos Beraldi, presentó un resumen de la historia clínica de Florencia y un pedido para que sea autorizada a permanecer 45 días más en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ).

El TOF 5 le había concedido plazo hasta fin de mes para permanecer fuera de Argentina. Ante este nuevo pedido para prolongar su estadía en Cuba y continuar con su tratamiento, el juez Obligado -presidente del Tribunal- dio intervención al Cuerpo Médico Forense para peritar el certificado que presentó Cristina para justificar su pedido: el juez quiere saber si Florencia puede viajar o no, y en cualquier caso cuánto tiempo le demandará tratarse de esas enfermedades.

Tras una investigación de dos años, se indicó que “no hay pruebas” para hablar de una manipulación de las elecciones de 2016.

 

Tras una investigación de dos años, la Justicia de Estados Unidos concluyó que no hay elementos probatorios de conspiración entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

“La investigación del fiscal especial no demostró que la campaña de Trump ni nadie vinculado con ella conspirara o se coordinara con Rusia para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016”, explicó el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, sobre el trabajo del fiscal especial Robert M Mueller.

Mueller comenzó en mayo de 2017 su investigación, que también examinó las finanzas de Trump y la posibilidad de que el presidente pueda haber obstruido la Justicia, e imputó a 34 personas, incluidos seis exasesores del mandatario.

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó de manera unánime a favor de que se haga público el informe de Mueller, y el propio Trump afirmó que no le importa que el documento se desclasifique. “Que salga a la luz. Que la gente lo vea”, aseguró el mandatario, sobre la investigación que calificó de “caza de brujas” e “ilegal”.

El trabajo de Mueller terminó en cargos contra el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y la mano derecha de este, Rick Gates; y contra un ex asesor del entonces candidato republicano, George Papadopoulos. También fueron imputados el exabogado de Trump, Michael Cohen; su primer asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Michael Flynn; y el ex colaborador del presidente, Roger Stone.

De los 34 sospechosos imputados, 26 son de nacionalidad rusa, y Mueller también golpeó a tres compañías de Rusia, entre las que figura Internet Research Agency, acusada de lanzar “una guerra informativa” en las redes sociales para dividir a la sociedad estadounidense.