La funcionaria del Parlasur Mariana Zuvic lo acusó de “ir a ver a Ricardo Lorenzetti” para entorpecer la causa.

 

La diputada del Mercosur por la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, dijo que va a denunciar al candidato a presidente por el kirchnerismo, Alberto Fernández como «organizador de una asociación ilícita» por presuntas presiones a la Corte Suprema en el marco de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio.

Según lo afirmado por Zúvic, Alberto Fernández “fue el que hizo visitas al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para intentar evitar que Cristina Kirchner vaya a juicio oral”.

“Hicieron presentaciones de oficios, como el que hizo el secretario penal de la Corte (Fernando Javier Arnedo) para dilatar y entorpecer la causa. Y que no se den estas imágenes que están viendo millones de argentinos”, dijo Zuvic.

“Acá se garantizó impunidad y hay nombres y apellidos de los responsables, entre ellos el actual testaferro político de Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Él organizó las visitas a la Corte Suprema por la causa que lleva Ramos Padilla”, sostuvo la funcionaria parlamentaria.

Suvic lo denunció también por la causa de vialidad porque era jefe de gabinete en aquel momento y lo quiere sumar al megajuicio que empezó este martes.

De concretarse, sería la primera denuncia oficial contra Alberto Fernández, quien en su paso por el Frente Renovador no había sido denunciado nunca.

Zúvic, Carrió y la también diputada Paula Oliveto están siendo investigadas por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por una presunta asociación ilícita que llevó adelante tareas de espionaje en el mundo político judicial y periodístico con fines extorsivos, de la mano del falso abogado detenido Marcelo D’Alessio.

 

La víctima denunció haber sido agredido por tres desconocidos que le robaron, lo golpearon y luego lo violaron con la rama de un árbol.

 

Tras la denuncia de un joven trans de haber sido agredido por tres desconocidos que le robaron, lo golpearon y luego lo violaron con la rama de un árbol, la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) de Tucumán convocó a una marcha con el fin de exigir justicia.

“Pedimos justicia por Lucas. Decimos basta de golpearnos, violarnos y matarnos”, se señaló en el comunicado sobre el hecho que investiga la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de Carmen Reuter, y que generó un pedido de audiencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley

“Una vez más la violencia que sufrimos por pertenecer a nuestro colectivo nos pone en la calle. Las aberraciones sufridas por nuestro compañero es un ataque de odio a las personas trans, por eso este lunes 6 de mayo marcharemos desde las 18 de plaza Urquiza hasta plaza Independencia”, agregaron.

El ataque ocurrió la madrugada del miércoles pero se conoció al día siguiente cuando se viralizó el video que el joven trans Lucas Gargiulo subió a Facebook para denunciar el ataque que sufrió en la calle Paso de los Andes, una cuadra antes llegar a su casa.

La víctima aseguró que mientras estaba siendo atacado cinco policías estaban parados a unos pocos metros que pudieron ver y escuchar lo que sucedía pero “no hicieron nada”.

El joven hizo la denuncia en la comisaria de la zona pero “los policías recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, no pusieron nada, pero nada, de la violación”.

Debido a los golpes de Cristian Yoel Sartor la mujer perdió un embarazo de 20 semanas de gestación.

 

En un caso de violencia de género en la política, el concejal de Cambiemos Cristian Yoel Sartor renunció a su bancada y en las últimas horas fue detenido luego de ser acusado de golpear a su expareja.

Según la denuncia presentada por la mujer ante la Comisaría de la Mujer de San Javier, el concejal la golpeó en la zona abdominal, lo que forzó el aborto del embarazo de 20 semanas de gestación.

La víctima, quien trabaja como empleada municipal, fue asistida el pasado domingo por la mañana en el Hospital Guillermo Rawson y luego trasladada a una clínica privada de la capital en grave estado donde se constató la pérdida del embarazo.

Sartor fue detenido mientras viajaba por la ruta provincial Nº 1 a la altura de Helvecia, una localidad ubicada a pocos kilómetros al sur de San Javier para entrevistarse con un abogado en la ciudad capital.

El concejal de 29 años quedó a disposición de la justicia en la Unidad Regional XIV. El acusado había asumido su banca y la segunda vicepresidencia del Concejo dos años atrás, luego de presentarse como candidato del Frente para el Cambio. Previo a ser edil, había ocupado el puesto de subsecretario de Cultura, Educación y Deportes de la municipalidad. Brenda Ayelén Ramos lo reemplazará tras la renuncia.

Durante un viaje de estudios en 2008, la joven fue abusada sexualmente. Más de 10 años después, fue a hacer a denuncia pero “pero ningún fiscal ni psicólogo ubicaba el lugar”.

 

 

Una exalumna del Colegio Nacional de Buenos Aires denunció que durante su viaje de estudios en Jujuy en 2008 fue abusada sexualmente por su profesor/tutor y que continúo haciéndolo cuando regresaron.

Emilia Viacava contó a través de su red social que luego de 10 años de haber callado, pudo denunciar tanto en Buenos Aires como en la provincia del norte los abusos que sufrió en aquella época.

Lo insólito es que cuando declaraba en Jujuy “nadie conocía el lugar específico que yo mencionaba donde había sido abusada”, contó en su Facebook. “Recordé el nombre de refugio de Alfarcito, pero ningún fiscal ni psicólogo ubicaba el lugar. Tampoco salía en Google Maps”, agregó.

Pero no se quedó con los brazos cruzados, ella misma comenzó a moverse para encontrar ese lugar que jamás olvidará. Fue así que desde Tilcara comenzó a subir montañas y “luego de 6 horas de ascenso y gracias a las indicaciones de las únicas 2 personas que me crucé en el camino encontré el lugar en donde comenzaron los abusos sexuales que sufrí en esa época”.

Finalmente pudo encontrar el lugar gracias a lugareños quienes el contaron que ese espacio sólo era usado por el denunciado, quien hasta el día de hoy continúa trabajando con niñas y adolescentes.

“Pude sacar las fotos del lugar y presentarlas como prueba de su existencia. Hago esta publicación en acuerdo con la fiscal que lleva mi causa, para que cualquier otra víctima de este sujeto en este lugar, pueda hablar y sanar este sufrimiento, esta oscuridad, este vacío que cargué tantos años, porque estoy segura de que no soy la única”, reconoció y al mismo tiempo aclaró que por protección judicial “no puedo decir el nombre del denunciado”.

“Ahora que puedo hablar después de tantos años de silencio, quiero intentar reparar la angustia que me envolvió durante todo este tiempo y también que deje de abusar de otras niñas y adolescentes menores de edad. Insisto en que estoy segura de que hay más víctimas. Si vivís en Jujuy, o si viajaste con él, si esta foto te recuerda algo, no estás sola: podes comunicarte conmigo por privado y acompañar mi denuncia penal con tu testimonio”, concluyó.

La presentación deriva de la causa D’Alessio y fue realizada en los tribunales de Lomas de Zamora.

 

El secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, denunció penalmente al presidente Mauricio Macri por presunto espionaje contra él y su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos.

Moyano presentó la demanda por intermedio de su abogado, Daniel Llermanos, ante el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo en forma transitoria por el juez Juan Carlos Augé.

La presentación está relacionada con revelaciones surgidas de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sobre una presunta banda dedicada el espionaje ilegal y la extorsión tras la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio.

Asimismo, Moyano, quien también pidió un resarcimiento económico por 100 millones de pesos, utilizó los dichos del juez de San Isidro Luis Carzoglio para denunciar Macri, luego de que el magistrado denunciara haber recibido “una visita intimidatoria de integrantes de la AFI” mientras tramitaba una de las denuncias contra Pablo Moyano.

Carzoglio rechazó meses atrás de pedir la detención del hijo del líder camionero y denunció presiones de funcionarios gubernamentales bonaerenses.

Según la denuncia, Macri, “en la convicción de que el firmante (Moyano) era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público”.

Ese supuesto plan se produjo “mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social”.

En la presentación efectuada por la OA se destacó que “la obra se encuentra en un estado de abandono general y vandalización”.

 

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció fraude y falta de ejecución en la construcción del “Estadio del Centenario” de Comodoro Rivadavia. La obra comenzó en 2004 pero aún no finalizó.

En un principio la construcción iba a ser financiada con $30 millones por parte del Estado Nacional. Ese financiamiento trepó a 109 millones y aún falta un 30% para que se termine la construcción.

El primer acuerdo fue suscripto por el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el intendente de Comodoro Rivadavia en ese momento, Raúl Simoncini. En octubre de 2006 el convenio específico estableció la transferencia de 30 millones de pesos desde el Estado Nacional al municipio por un plazo de 540 días.

Dos meses después, Abel Fatala por la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Intendente Martín Buzzi por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, firmaron un acta complementaria mediante la cual se amplió la asistencia financiera en casi $14 millones.

La obra quedó paralizada durante 4 años. En 2013, y ya con la empresa CPC de Cristóbal López a cargo, se firmó una ampliación de financiamiento de 42 millones de pesos y se dispuso un nuevo plazo de finalización de obra de 605 días a partir de octubre de ese año. Al año siguiente, se convino una nueva ampliación de financiamiento. Así, el costo total trepó hasta 109 millones.

En 2018, un informe encargado por el denunciante detalló que hasta ese momento ya se habían transferido al Municipio por la obra en cuestión la suma de $ 60.128.368,88 mientras que, la obra tenía un avance del 70,55%.

Para la OA, “el relato del denunciante ha sido avalado con los numerosos documentos aportados al legajo que dan cuenta de los sucesivos convenios suscriptos, las transferencias efectuadas, las actas de inicio de obra, y en especial el informe de estado y avance de obra que reveló las irregularidades en su ejecución”.

Y agrega que “se advierte que el Estado Nacional ya habría pagado por dicha obra la suma de $60.128.368,88 -contra los $ 30.054.914,25 previstos originariamente- no obstante lo cual la obra no fue finalizada”.

En la denuncia, la OA además destacó que “la obra se encuentra en un estado de abandono general y vandalización de lo ejecutado que obligará además, en caso de continuarse, a efectuar nuevos cálculos y erogaciones a fin de poder finalizarla con parámetros de calidad y seguridad”.

Los agresores fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal pero no están detenidos. El video del ataque fue viralizado en redes sociales.

 

Un joven de 25 años denunció que fue violado por “una manada” de siete hombres. El ataque fue grabado y posteriormente viralizado en redes sociales. El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano. está conmocionada.

Ante la evidencia encontrada, la Justicia imputó a los agresores por abuso sexual con acceso carnal. La funcionaria judicial Fabiana Pochetino explicó que el ataque sexual ocurrió a mediados de febrero, pero la víctima se animó a denunciar lo sucedido esta semana.

“Es un hecho muy feo. Los agresores grabaron todo y lo difundieron en las redes. Estamos esperando las pericias para determinar cuál fue la participación de cada uno”, explicó la fiscal Pochetino. Uno de los elementos clave será la colaboración de los testigos, que podrían aportar más datos a la investigación.

Según trascendió, la víctima fue abordada por un grupo de siete hombres, que lo ataron de pies y manos. Luego de haberlo agredido, lo llevaron hasta su casa y le dijeron a la familia que se había caído de la bicicleta. Sin embargo, la fiscal aclaró que esta sería una de las versiones y que todavía no puede confirmar los detalles del ataque.

Tras la denuncia, la fiscal de Deán Funes Fabiana Pochettino imputó a los siete acusados pero no ordenó sus detenciones porque, consideró, “no están dadas las condiciones” ni existe “peligro procesal”.

En el video, se puede ver cómo cuatro hombres desnudan, abusan y golpean a la víctima, quien se muestra en un claro estado de ebriedad. Los agresores se ríen de él y lo tratan de “cordero”.

Según confirmó Vanesa, la hermana de la víctima, la denuncia se realizó porque “nosotros lo presionamos para que lo hiciera”. “Tardó en denunciarlo por vergüenza”, agregó y de acuerdo a su relato, su hermano todavía está conmocionado por el hecho y “no quiere hablar del tema”.

La Fiscalía de la Ciudad, denunció la conducta de odio prohibida por la ley y que generó enorme repercusión en la red social citada.

 

De manera de oficio, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció a un usuario de Twitter por publicar en la red con una clara consigna antisemita violatoria de la Ley 23592.

El día 22 de marzo el usuario @Federico_7771 publicó el tweet con claras consignas nazi. “Si encontraste un apellido no paisano no lo escribas! Comenta «LOGRADO» y COMPARTE: lista completa de expositores en el congreso: (los confirmados; no están incluidos los «sospechosos»)”, escribió.

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Inmediatamente la Fiscalía de la Ciudad, mediante la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Relaciones con la Comunidad y la Fiscalía especializada, cuyo titular es Gustavo Galante, denunció la conducta de odio prohibida por la ley y que generó enorme repercusión en la red social citada.

Desde hace casi tres años, la Fiscalía de la Ciudad cuenta con un equipo especializado en casos de discriminación, a través del cual se busca otorgar una respuesta rápida y eficaz en los casos en los que se denuncien e imputen actos discriminatorios.

Asimismo, desde su Secretario General de Asistencia a la Victima y Relaciones con la Comunidad, la Fiscalía cuenta con un Programa de Actividades Interdisciplinarias sobre Conductas Discriminatorias que tiene como objetivo el desarrollo de tareas de investigación social y difusión de valores que apunten al refuerzo de la convivencia social.