Los abogados de la Argentina sostuvieron que Cristina Kirchner permitió una serie de “acuerdos falsos”.

 

Ante la Justicia de Estados Unido, el Gobierno denunció “fraude” en la venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF concretada durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

En el marco del juicio iniciado por un fondo buitre, se pretende cobrar US$ 3.000 millones por la “expropiación” de la principal compañía argentina.

Los abogados de la Argentina denunciaron que la entonces mandataria permitió la firma de “acuerdos falsos”, por lo que consideraron que un fondo buitre “carece de derechos a cobrar indemnización alguna”.

El Gobierno sostuvo que dicha compra del 25% de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo “bajo un procedimiento fraudulento” y “sin poner un peso”.

En el escrito presentado el lunes por la noche ante la jueza de Nueva York Loretta Preska, la administración de Mauricio Macri sostuvo que la operación fue de “legalidad nula”. La presentación incluye la versión taquigráfica de un discurso del exministro de Economía y actual precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof en el cual sostiene que no se iban a “respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas”, y que es uno de los ejes del debate judicial.

Este jueves será la audiencia con los demandantes del fondo buitre Burford y se espera que pida el “juicio sumario”, con el argumento de que se trata de “cosa juzgada” y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.

En cambio, el Gobierno argentino buscará ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra “fraudulenta”. En su ofensiva, se pedirá el llamado proceso de ´discovery´, lo cual le permitiría pedir información sobre quiénes son los compradores del derecho de litigio y documentación de todo el proceso.

Por su parte, voceros del grupo Petersen dijeron que el grupo “no tiene nada que ver con el juicio en Nueva York” y aclararon que el derecho de litigio “lo vendió un síndico español a Burford”.

La compra del grupo Petersen se realizó en 2008 a Repsol por 15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones.

El Ministerio Público confirmó esa cantidad y aseguró que podrían sumarse más. Además, la rectora de la escuela es investigada por “demora en la aplicación del protocolo de violencia de género”.

 

Luego de que alumnas de una escuela pública del barrio porteño de Flores hicieran pública una serie de chats con un preceptor y acusarlo de acoso, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires informó que ya son cuatro las denuncias.

Según confirmó la titular de esa dependencia, Yael Bendel, las alumnas de la Escuela de Comercio N° 21 de Flores que ya fueron entrevistadas son cuatro, pero podrían sumarse más.

El caso se conoció cuando una de las jóvenes difundió en redes sociales los mensajes que le enviaba el preceptor, en los que le ofrecía no pasarle las faltas a cambio de “merendar” o “dormir” con ella.

Fue a partir de esos mensajes que el Ministerio Público actuó de oficio y radicó la denuncia en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30 (especializada en Delitos Informáticos) de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez.

La adolescente acosada contó que tras la serie de chats, “no quería ni cruzármelo porque me sentía incómoda cuando me miraba, creía que me iba a reclamar y borré los mensajes porque tenía miedo que alguien se enterara y me daba vergüenza”.

Además, la joven aseguró que los mensajes fueron hace seis meses y, por rumores, se enteró de al menos otros tres casos con menores de entre 12 y 15 años, confirmados por la Justicia.

Por su parte, voceros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la rectora de la escuela es investigada por “demora en la aplicación del protocolo de violencia de género”.

“Tiene una irregularidad en su función y deberá hacer un acto administrativo para presentar su descargo”, explicó la fuente y aseguró que no fue apartada del cargo porque “no está denunciada”.

¿Quién es el preceptor acusado?

Facundo Martín Fameli tiene 28 años y lleva trabajando en la Escuela de Comercio Nº 21 9 años, donde ingresó al sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2011.

En 2016, Fameli se incorporó al plantel de entrenadores de Hockey sobre Patín del Club Atlético River Plate. En la institución de Nuñez estuvo hasta diciembre del año pasado.

Según informa Infobae, actualmente está trabajando como profesor de hockey en Vélez.

Se pueden hacer denuncias por acoso y grooming ante el Ministerio Público Tutelar porteño por WhatsApp al 11-7037-7037.

El magistrado Onildo Stemphelet ahora dijo que no está seguro de que le hayan robado la billetera tras el encuentro sexual pago con una mujer.

 

Tras el escándalo de haber denunciado un robo luego de haber mantenido un encuentro sexual con una prostituta en un prostíbulo de Bahía Blanca, el juez Onildo Osvaldo Stemphelet se retractó.

Stemphelet había denunciado ante los agentes que ese lugar le habían hurtado la billetera, con $ 3.000 y una tarjeta de crédito, algo que ahora el suspendido magistrado puso en duda ante la fiscalía que lo estaba investigando. “Dijo que está seguro de que salió de su casa con el dinero y la tarjeta de crédito, pero duda que se lo hayan sustraído en el domicilio de Rivadavia 2280”, reveló una fuente judicial.

En la declaración ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, el juez comentó que antes de dirigirse allí, al que creía era el departamento de una mujer y no un prostíbulo, había estado en otros dos lugares. “Ante esta declaración de la supuesta víctima del hurto, se hace muy difícil seguir con la investigación”, agregó la fuente, quien estimó que el destino más probable de esa causa sea el archivo.

La semana pasada, el procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, denunció a Stemphelet ante la secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. El jefe de los fiscales pidió que se evalúe el inicio de un jury por “comportamiento inapropiado y menoscabo a la integridad de una mujer”.

“La gravedad de los hechos allí indicados, referidos a presuntas infracciones a las normas éticas de convivencia social en el comportamiento del doctor Stemphelet como ciudadano, trasuntan la posibilidad de una importante afectación al prestigio de la administración pública”, sostiene el procurador en su petición.