La Suprema Corte de Mendoza anuló el fallo al considerar que no se tuvo en cuenta la violencia de género.

 

La Corte suprema de Mendoza revertió un fallo contra un hombre quien hace un año había sido absuelto por “el beneficio de la duda” al determinar que no se tuvo en cuenta el contexto de violencia de género. Así, Oscar Francisco Ruiz Gutiérrez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados.

En febrero de 2017, Ruiz Gutiérrez irrumpió en la casa de quien había sido su pareja, Patricia Griselda Lizarraga, en la localidad de Chacras de Coria. La sorprendió a los gritos pidiéndole explicaciones de “¿por qué me dejaste?”. En la vivienda también se encontraba la hija durmiendo.

De acuerdo a la denuncia que hizo en ese momento la víctima, el acusado le tapó la boca, la tomó fuerte de los brazos, la tiró al piso y la obligó a tener relaciones sexuales. Después, trató de ahorcarla con su propia ropa. Ella pudo soltarse finalmente y atinó a llegar al patio para gritar pidiendo auxilio, precipitando la fuga del agresor.

Sin embargo, en el juicio el entonces juez Ramiro Salinas consideró que la víctima “no gritó” y que el hombre denunciado no tenía heridas de defensa que demostraran que la mujer se había resistido a la supuesta agresión. En consecuencia, sin dar por probada la violación, lo condenó a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por amenazas simples.

Basándose en los resultados de los informes periciales que avalaban el relato de Lizarraga sobre un abuso sexual en contexto de violencia de género, la Fiscalía logró que la Corte provincial anulara el fallo y ordenara repetir todo el proceso.

 

La expresidenta sostuvo que no tiene “las garantías que tiene cualquier ciudadano común de este país”.

La senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner vinculó el caso del supuesto abogado Marcelo D’Alessio con las causas judiciales en su contra y pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que afirmó que ella “ni siquiera” tiene “las garantías que tiene cualquier ciudadano común de este país”.

La ex mandataria se expresó así durante la sesión preparatoria del Senado, en la que todo el bloque del FpV-PJ presentó numerosas cuestiones de privilegio por entender que las “operaciones” que la Justicia le atribuye a D’Alessio forman parte de las causas contra Cristina Kirchner, que llevaron a la Cámara a autorizar el año pasado allanamientos a su domicilio.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó días atrás a D´Alessio por extorsionar a empresarios para “ayudarlos” en la llamada “causa de los cuadernos de las coimas” que lleva adelante el fiscal Carlos Stornelli, quien quedó en el ojo de la tormenta por su presunto vínculo con el supuesto abogado.

En su discurso, dirigido (como establece el reglamento del Senado) a la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, la ex jefa de Estado manifestó: “¿A quién le hago una cuestión de privilegio, a usted? No… ¿A este cuerpo, que diligentemente trató los allanamientos que fueron violatorios de lo que se hace a cualquier ciudadano?”.

En este sentido, agregó que la cuestión de privilegio es “a la Corte Suprema” porque “debería ser la que intervenga” en el caso debido a que “desde la propia sentencia del juez” Ramos Padilla “se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión”, lo que obligaría a la intervención del máximo tribunal.

“Entre las múltiples carpetas que le encontraron (a D Alessio) se encontró una redactada en inglés”, apuntó la senadora quien, sin dejar de lado el caso de D Alessio, añadió: “Al lawfare le hemos agregado la extorsión y la recaudación por parte de funcionarios judiciales”.

En otro tramo de su exposición, afirmó: “Esta senadora de la Nación, ex presidenta de la República elegida dos veces por el voto popular, ni siquiera tiene las garantías que tienen cualquier ciudadano común de este país”.

Por su parte, la santafesina María de los Ángeles Sacnun habló de una “relación directa entre el fiscal Stornelli y D Alessio, que se adjudicaba ser el jefe regional de la DEA” y sostuvo que “esto se enlaza directamente con lo que ha sucedido en este Senado con el pedido de desafuero a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, con los allanamientos que se llevaron adelante”.

“Con esta denuncia que se ha realizado contra el señor Marcelo D Alessio y el auto de procesamiento que se hizo público, podemos advertir que se ha llevado adelante un ardid, una asociación ilícita con varios componentes, que aportan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, agregó.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti afirmó que “usan la ley del arrepentido para delinquir, extorsionar, sacar declaraciones para que nombren a cualquier funcionario del gobierno anterior”.

Los más destacados son el reajuste a los jubilados, la re-reelección de La Rioja y si es legal que los familiares de funcionarios se puedan acoger al blanqueo de capitales.

La Corte Suprema de Justicia estableció la agenda de casos que resolverá durante este 2019, de los que finalmente serán 11.

El listado de temas fue consensuado luego del encuentro entre el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, con el resto de los integrantes del cuerpo, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y de cara a lo que será un año electoral.

Entre ellos, se destaca el reajuste a los jubilados y si corresponde que paguen ganancias, la re-reelección de La Rioja y si es legal que los familiares de funcionarios se puedan acoger al blanqueo de capitales.

Uno de los temas del año será el reajuste de jubilados luego de que la Corte determinara en 2018, en el marco del caso Blanco, que los ingresos de ese sector debían reajustarse por un porcentaje mayor al que proponía la ANSeS, por lo que ahora tendrá que expedirse sobre más demandas. Se deberá definir el pedido de un jubilado que viene reclamando dejar de tributar Ganancias en su haber.

También está en agenda el pedido de un sector de Cambiemos y del PJ para declarar inconstitucional la enmienda que habilitó la re-reelección del gobernador de La Rioja, Sergio Casas.

Por otra parte, el máximo tribunal también prevé definir el pedido de empresas mineras, entre ellas la Barrick Gold, para declarar inconstitucional la Ley de Glaciares; la regulación en la instalación de antenas celulares a partir de un planteo hecho por la Municipalidad del departamento salteño de General Güemes; y la prescripción o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la última dictadura militar.

Además, tiene previsto realizar audiencias públicas sobre la facultad de los municipios en materia de tasa de inspección de seguridad e higiene, y sobre el Fondo Sojero a partir de un reclamo de la provincia de Santa Cruz, entre otros.

Así lo resolvió la Corte Suprema. Santa Fe tiene un pedido similar por unos $45.000 millones.

 

Tras un reclamo por parte de la provincia de San Luis, la Corte Suprema fallará a su favor y obligará al Estado a restituirle unos $15.000 millonesde la coparticipación de impuestos.

La sentencia es una secuela de la que el máximo tribunal dictó en noviembre de 2015, que consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a la Anses y que, según reclamó el gobierno puntano, la Nación no cumplió.

Según anunció TN.com.ar, los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti se firmarían este martes el acuerdo para exigirle a la Nación el cumplimiento de aquel fallo de fines de 2015, emitido semanas antes del cambio de gobierno.

En noviembre de aquel año, la Corte declaró inconstitucional un decreto de 1992 que significó la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a provincias para financiar el déficit de la Anses. San Luis, Santa Fe y Córdoba impulsaron y ganaron sendos juicios. La Corte obligó al Ejecutivo Nacional a interrumpir hacia adelante la detracción de ese 15% y a pagar de manera retroactiva lo que se les retuvo a las provincias litigantes.

La Corte emitiría en las próximas semanas un fallo similar en favor de la provincia de Santa Fe, por un monto estimado en $45.000 millones.

 

Es para aplicar “el caso Blanco”, que prevé un mejor índice de actualización para demandas judiciales.

 

La Corte Suprema de la Nación avanzó con la firma de 1.400 expedientes para ampliar el impacto de un fallo que favorece a jubilados. Se trata de una de las sentencias más importantes del cronograma que estableció a fines del año pasado.

“Se firmaron 400 en el primer acuerdo y 1.000 ayer (por el martes)”, explicó una fuente judicial. Y explicó que si no se pudo concretar en enero fue por “la Secretaría Previsional de la Corte, a cargo de Mónica Zito, preparó todos los expedientes. A este ritmo, en dos meses o dos meses y medio, los casi 12.000 expedientes deberían estar listos”.

Una vez que el fallo queda firme, la ANSeS tiene 120 días para pagar. Según los cálculos de los especialistas, gracias a la sentencia, a Blanco le correspondería un haber un 31% superior al que le ofrece la ANSeS con la Reparación Histórica. Y una retroactividad un 50% mayor por la acumulación de esas diferencias a lo largo de 15 años.

El 18 de diciembre, con el voto mayoritario de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (el llamado “trío peronista”), el Máximo Tribunal decidió que se utilice una fórmula más beneficiosa que la que pretendía la ANSeS para calcular haberes e indemnizaciones de jubilados que hicieron juicio al Estado. Fue en un caso testigo, el de Lucio Orlando Blanco.

El fallo tenía un correlato directo con otros 11.766 juicios similares que habían llegado hasta la Corte. Esos son los que empezaron a firmar los jueces en sus dos primeros acuerdos de febrero, tras la feria judicial.

 

En la consulta popular llevada a cabo este domingo sólo el 44% del padrón fue a votar. El gobierno provincial sostiene que tiene el número para ser reelecto nuevamente, pero la oposición dice que los votos no son suficientes.

El 44% de los riojanos acudieron ayer, domingo, a las urnas para determinar en una consulta popular si el gobernador peronista Sergio Casas puede buscar un tercer mandato consecutivo. La oposición de La Rioja dice que los votos no son suficientes y por consiguiente se volverá a presentar ante la corte Suprema para reclamar.

El “Sí” obtuvo el 25,27% y el “No” el 17,90%, con el 98,9% de las mesas escrutadas. Además de 0,42% de nulos, 0,04% recurridos y 0,32% en blanco.

Lo que está en discusión es el artículo 84 de la Constitución provincial. El gobierno de Sergio Casas considera que la oposición debe llegar al 35% de los votos del padrón electoral para hacer caer la enmienda, mientras que la oposición interpreta  lo contrario. Para Cambiemos el que debe alcanzar el 35% es el gobernador peronista. Es decir, la aprobación de la enmienda para que pueda presentarse por un nuevo mandato.

El Fiscal de Estado de La Rioja Héctor Durán Sabas dijo previo a la difusión de las cifras oficiales que la Consulta fue legítima y que “no se consiguieron los guarismos para ser rechazada”. “La aceptación ha sido contundente, y es esa la palabra para usar. Por ahí se ha dicho que si una persona no ha ido a votar se lo debe interpretar como un ‘No’. Bueno es una interpretación rebuscada”, afirmó.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la Consulta Popular. Entonces, no podemos desmerecer la voluntad del pueblo que votó por el ‘Sí’, pero la oposición está en todo su derecho de apelar donde se le ocurra”, indicó el funcionario judicial.

Los integrantes del máximo tribunal de Justicia se reunirán a las 14 para decidir el pedido que hizo Cambiemos de suspender la consulta popular convocada por Sergio Casas para este domingo.

La Corte Suprema de Justicia decidirá este viernes si frena la consulta popular que impulsa Sergio Casas con el objetivo de buscar una re-reelección como gobernador de La Rioja. El acuerdo extraordinario, del que participarán todos los integrantes del máximo tribunal de justicia, se desarrollará en respuesta a un reclamo del oficialismo.

Cambiemos consideró “inconstitucional” la medida impulsada por el mandatario provincial. Desde el partido gobernante se hizo una presentación de un reclamo formal ante el tribunal y el juez ministro Horacio Rosatti habilitó la feria para definir si frena la consulta o no. Esta clase de convocatoria no ocurría desde 2002.

Según informó Todo Noticias, todos los integrantes de la Corte participarán de la audiencia. Así, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco; y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, analizarán la cuestión que genera tensión entre el gobierno de La Rioja y la Casa Rosada. Incluso algunos adelantaron sus vacaciones para poder formar parte del debate.

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, sostuvo que al máximo tribunal no le corresponde intervenir en la acción de amparo promovida por Cambiemos.

La Procuración General dictaminó que la Corte Suprema no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para analizar frenar la re-reelección en La Rioja. La procuradora Laura Monti sostuvo que “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”. El dictamen fue presentado ante el máximo tribunal, aunque no es vinculante.

“Considero que el pleito, en el que se cuestiona la validez de normas locales por considerarlas contrarías a la Constitución provincial, en relación con una cuestión (…) se rige por el derecho público local, lo cual impide la tramitación de la causa ante los estrados de la Corte en su instancia originaria”, explicó La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Monti afirmó que “el asunto a resolver se relaciona con el procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial, es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”. Y resaltó que “las cuestiones esgrimidas deben tramitar ante la Justicia de la provincia de La Rioja, puesto que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza”.

Según informó Télam, con la opinión de la Procuración -que no es vinculante- la Corte quedó en condiciones de resolver si acepta entender en la demanda y dicta una medida cautelar para suspender la consulta popular prevista para este domingo 27, o envía el caso a la Justicia riojana, como postuló Monti.