La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, sostuvo que al máximo tribunal no le corresponde intervenir en la acción de amparo promovida por Cambiemos.

La Procuración General dictaminó que la Corte Suprema no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para analizar frenar la re-reelección en La Rioja. La procuradora Laura Monti sostuvo que “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”. El dictamen fue presentado ante el máximo tribunal, aunque no es vinculante.

“Considero que el pleito, en el que se cuestiona la validez de normas locales por considerarlas contrarías a la Constitución provincial, en relación con una cuestión (…) se rige por el derecho público local, lo cual impide la tramitación de la causa ante los estrados de la Corte en su instancia originaria”, explicó La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Monti afirmó que “el asunto a resolver se relaciona con el procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial, es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”. Y resaltó que “las cuestiones esgrimidas deben tramitar ante la Justicia de la provincia de La Rioja, puesto que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza”.

Según informó Télam, con la opinión de la Procuración -que no es vinculante- la Corte quedó en condiciones de resolver si acepta entender en la demanda y dicta una medida cautelar para suspender la consulta popular prevista para este domingo 27, o envía el caso a la Justicia riojana, como postuló Monti.

La queja de la gestión de Casas se dio a conocer a través de una solicitada, luego de que la Corte Suprema resolvió habilitar la feria judicial para decidir si se suspende la consulta popular.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia resolvió habilitar la feria judicial para decidir si se suspende la consulta popular en La Rioja por la re reelección del gobernador Sergio Casas, el gobierno de la provincia cuestionó a la oposición.

El Ejecutivo provincial acusó a Cambiemos por “menoscabar los derechos del pueblo y la autonomía de la provincia”“Se pretende a través de un pronunciamiento judicial, inducido en base a mendaces argumentos, lograr objetivos de esta naturaleza y con ese calificativo, como por ejemplo cuando se tergiversa el alcance de la Ley de Enmienda aduciendo que se abre la posibilidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador”, señalaron.

En el escrito presentado por los legisladores oficialistas se impugnó por “inconstitucional” la convocatoria a una consulta popular obligatoria para el 27 de enero en La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional “viciada”. La consulta popular debe definir si el gobernador Casas puede ser candidato a un nuevo mandato.

El artículo 120 de la Constitución provincial sostiene que el gobernador y el vicegobernador “podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.

El mandatario impulsó una enmienda para poder postularse, la que fue aprobada por 27 sobre 36 diputados provinciales y debe ser refrendada por consulta popular.

El máximo tribunal no dictaba una resolución similar desde el año 2002

La Corte Suprema de Justicia resolvió esta mañana habilitar la feria judicial para decidir si se suspende la consulta popular en La Rioja por re reelección del gobernador Sergio Casas, prevista para el próximo 27 de enero. El pedido lo habían efectuado los diputados de Cambiemos Héctor Olivares y Marcelo Wechsler junto a su abogado Ricardo Gil Lavedra.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la decisión fue tomada por el ministro Horacio Rosatti, quien se encuentra esta semana trabajando como juez de feria en el máximo tribunal.

Habilitar la feria judicial en la Corte Suprema es una resolución muy poco común. La última vez había sido en 2002, comentaban en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

El ministro del Interior sostuvo que el Gobierno “acatará el fallo” del máximo tribunal.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró anoche que van a “acatar el fallo de la Corte Suprema” que declaró inconstitucional el índice del Gobierno que actualiza jubilaciones y aclaró que la resolución “no tiene impactos en el presupuesto con equilibrio fiscal votado recientemente”.

“Respecto al fallo vamos a acatarlo como corresponde y no tiene impactos en el presupuesto con equilibrio fiscal votado recientemente. El fallo tiene que ver con un periodo entre 2003 y 2008 donde no se actualizaba los haberes jubilatorios. La Justicia lo que dice es que la formula a utilizar es una fórmula que se tiene que discutir en el Congreso”, sostuvo Frigerio.

Además, el ministro remarcó que resolvieron “en estos tres años un millón de casos con los jubilados, mientras que en los últimos 20 años anteriores se resolvieron menos de 500 mil reclamos”.

“A veces cuesta a los argentinos que nos acostumbrarnos a una verdadera República con independencia de poderes y hoy el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo”, añadió Frigerio en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Por otra parte, consideró que las declaraciones que hizo la diputada nacional oficialista Elisa Carrió “no afecta la solidez de Cambiemos” y precisó que “Lilita” “tiene todo el derecho del mundo a opinar”.

“La doctora Carrió es cofundadora y parte esencial del espacio de Cambiemos y tiene todo el derecho del mundo a opinar. Yo prefiero discutir los temas internos de nuestro espacio puertas adentro”, señaló.

Respecto a la posibilidad de desdoblar las elecciones del año que viene en Buenos Aires, Frigerio afirmó que “son cosas que recién se están empezando a discutir”, aunque indicó que en la actualidad están “enfocados en resolver los problemas de la gente”.

Por último, sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner “ha sostenido el núcleo duro que la acompaña desde que dejó el Gobierno” y agregó que “los que creen en ella lo hacen ciegamente, independientemente de los hechos de corrupción que se han venido destapando durante estos últimos tres años”.

Por decisión de la mayoría de los ministros, Carlos Rosenkratz verá afectadas sus decisiones sobre contrataciones, renuncias, presupuesto y renovaciones de contrato de los empleados del organismo.

A dos meses de haber asumido como presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkratz percibirá una importante limitación en sus poderes como máxima autoridad del organismo.

Por decisión de una mayoría de integrantes de la Corte, se resolvió reducir la capacidad de decisión del presidente en relación a asuntos referidos a su rol como superintendente, las designaciones, renovaciones de contratos y renuncias de empleados.

En la acordada de este martes, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se resolvió la primera modificación referente a los poderes del presidente en el Reglamento para la Justicia Nacional en los últimos 25 años. El presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y la vicepresidente de la Corte Elena Highton resolvió asbtenerse.

Con estos cambios, de ahora en adelante, todas las decisiones de administración, nombramientos del personal de la Corte y del resto del poder judicial, y todo tipo de decisión de superintendencia necesitará del apoyo de una mayoría del máximo tribunal, es decir, de tres ministros, sea o no el presidente uno de ellos.

Entonces, el titular de la CSJN mantendrá el control sobre los temas protocolares y sobre los casos en los que se involucrará el máximo tribunal. Por unanimidad, además, se ratificó la política de administración, presupuesto, y el fondo anticíclico.

En total, fueron seis las modificaciones aprobadas por la mayoría. Entre ellas, se realizaron cambios en acordadas que reglamentaban el alcance del poder del presidente en la Corte en los años 1961 y 1990. También se anunció la creación de una unidad de asistencia y coordinación dentro de cada vocalía para controlar el manejo de contrataciones y cantidad de personal en los diferentes cuerpos del máximo tribunal.

Los Ministros de la Corte justificaron las modificaciones en el Reglamento basándose en el artículo 113 de la Constitución Nacional donde se establece que la Corte “dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados”.

Por 4 votos contra 1 ratificó el índice “ISBIC” para la actualización de las jubilaciones. La decisión se aplicará a las causas judiciales pendientes.

En un fallo adverso para el Gobierno y clave para los jubilados y pensionados, la Corte Suprema de Justicia ratificó que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones deben actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción).

De esta forma, el máximo tribunal declarará inconstitucional la aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que es utilizado por la Anses desde 2016 y que había sido establecido por varias resoluciones del Gobierno.

El fallo a favor de Luis Blanco contó con los votos de Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Elena Highton sumó un voto concurrente, mientras que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, apoyó la posición del Gobierno, por lo que la sentencia fue favorable al jubilado por 4 a 1.

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Según el ministro de Producción, la decisión del máximo tribunal sobre el índice jubilatorio “estaría acotado a un caso individual”.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que el fallo que emitirá hoy la Corte Suprema para establecer el índice de actualización de haberes a los jubilados “está acotado a un caso”, el de Lucio Orlando Blanco.

Además, Sica estimó que ese dictamen “no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico” en las arcas del Estado “para los próximos años”.

Sica se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, al término de la reunión de Gabinete del lunes encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El funcionario, si bien aclaró que desde el Gobierno están “esperando” el pronunciamiento del máximo tribunal de justicia, explicó que “da la presunción que es un fallo muy acotado”, dado que se trata la causa que llegó a la Corte Suprema a instancias del reclamo de Blanco, quien se jubiló en el 2003.

Consultado sobre cómo incidiría el fallo sobre el resto de los jubilados, en el contexto de la Reparación Histórica que promovió el gobierno, Sica estimó que “no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico en las arcas durante este año o en los próximos años”. E insistió: “pensamos que es un fallo que en principio está acotado a un caso individual”.

Seguidamente, indicó que “eso no cambiaría las condiciones sobre las cuales nos estamos manejando, ni impactaría sobre las previsiones que tenemos respecto al equilibrio presupuestario para los próximos años”.

En el día de hoy el Máximo Tribunal emitirá sentencias sobre el factor de ajuste de haberes previsionales y pensiones de los beneficiarios que no adhirieron a la propuesta de actualización y compensación de retroactivos.

La Corte Suprema emitirá este martes la última sentencia del año, que será clave para las jubilaciones. Deberá determinar cuál es el índice correcto para actualizar las sentencias y juicios de haberes que existen contra el Estado, que son unos 150.000 en total. Cómo

Según trascendió, 3 miembros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda), votarían hoy a favor del índice que mayor variación acusó entre abril de 1995 y febrero de 2009: el ISBIC, Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, un 435%, en lugar del determinado por el RIPTE, Remuneración Imponible para el Trabajador Estable, que fue de 178%.

De esa manera, la Corte dirá qué índice debe usar el Estado para actualizar las jubilaciones y lo hará puntualmente por el caso de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el 2003. La decisión podría ser tomada como jurisprudencia para al menos 150.000 casos.

Las miradas, como en los fallos anteriores, están puestas otra vez en Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, quien es señalado y criticado duramente por su presunta cercanía con el Ejecutivo. En los pasillos de Tribunales se menciona que el fallo podría pedir que el Congreso se pronuncie sobre la fórmula del cálculo.

La Corte Suprema decidiría un cambio en el índice salarial que se toma de base para calcular los haberes iniciales. Esto provocaría una catarata de juicios al Estado.

Este martes, la Corte Suprema deberá decidir cómo y con qué índices deben actualizarse los salarios que se toman como referencia para calcular el haber inicial de los jubilados. El Gobierno está expectante sobre el fallo, ya que podría ser adverso.

De las 11.766 sentencias que llegaron apeladas por la ANSeS a la Corte Suprema, se tomó como caso testigo para expedirse el del jubilado Lucio Orlando Blanco, un trabajador que se jubiló en 2003 e inició por aquel tiempo el juicio por actualización de haberes. El hombre, como varios miles de jubilados, obtuvo una sentencia favorable. Ahora se discute de qué manera la Anses debe actualizar la jubilación y el pago del fallo.

Lo que decida el máximo Tribunal tendrá impacto directo e inmediato sobre otros 11.766 jubilados por cuanto la ANSeS deberá resolver esos expedientes de acuerdo a los parámetros que fije la Corte. Y además sentará jurisprudencia sobre las decenas de miles de juicios que están en trámite en las restantes instancias del Poder Judicial.

Según trascendió, los votos de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda bastarían para formar la mayoría contraria a la posición del Gobierno.