El Ministerio de Seguridad denunció que un extraño copió datos sensibles del personal de la Policía e investigaciones. La causa pasó a la Justicia Federal.

 

El lunes, desde el Ministerio de Seguridad habían denunciado que un hacker logró robar datos de la Policía Federal que fue difundida por una cuenta de Twitter.

Al parecer todo empezó como un engaño tan común que en el mundo informático tiene nombre: phishing. Hace poco más de un mes, en cuatro áreas de la Policía Federal (Drogas Peligrosas, Testigos Protegidos, Interior y Bienestar) se recibió un mismo mail, falso.

En ese texto se informaba que los policías debían actualizar sus datos personales y claves. Si no lo hacían, advertía el mail, no podrían cobrar su sueldo a fin de mes.

Desde una cuenta de Twitter llamada «LaGorraLeaks2.0» el hacker hizo pública la información que había robado y ella incluía cientos de fichas personales de oficiales jerárquicos y medios, entre otras la del jefe de la Federal, Néstor Roncaglia (en la que no constaba su dirección particular) y la de la subjefe, Ester Mabel Franco, en la que sí había domicilio consignado.

Una vez que pudo entrar a los mails de los policías engañados el hacker tomó todos los archivos que se habían guardado en la nube. Y algunos eran muy sensibles, como escuchas telefónicas o detalles de investigaciones.

«Una falla grave de seguridad pero la verdad es que no contamos con medios para almacenar todo de manera segura», se quejaban en la Fuerza.

Teoría del robo

Algunos señalan un claro lenguaje anti policía en sus tuits, pero la mayoría de las fuentes atribuye lo ocurrido a una interna y mira hacia adentro de la Fuerza para encontrar a “el” o “los” culpables.

“Fue alguien de adentro, no un hacker profesional”, “Esto es una interna”, “Después del resultado electoral del domingo en la Policía Federal arrancó oficialmente la temporada de chicanas por la sucesión de Néstor Roncaglia como jefe”, son algunas de los pensamientos de las distintas fuentes del área de Seguridad del Gobierno que fueron consultadas por Clarín.

Es por ello que, para lograr averiguar que pasó y encontrar a los culpables el Ministerio de Seguridad inició una investigación interna y radicó una denuncia penal que cayó en el Juzgado de Instrucción N° 6 a cargo de María Alejandra Provitola, una jueza con un pasado en fiscalías y también en la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense.

Pero el expediente duró poco en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano -donde están los juzgados de Instrucción- y después pasó a Comodoro Py: este martes ya a la tarde estaba en manos del juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello.

En total son nueve. Aseguran que el tenor las presionaba para que tuvieran sexo con él a cambio de posiciones laborales. 

 

Nueve mujeres denunciaron al tenor Plácido Domingo, de presionarlas para que entablaran relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de las mujeres que rechazaban sus proposiciones.

Así lo informó la agencia Associated Press. Por su parte, el tenor negó las acusaciones y aseguró que fueron relaciones “consentidas”.

Sin embargo, sus acusadoras y otras personas de la industria dicen que hay un lado problemático de Domingo, de 78 años, un secreto a voces desde hace tiempo en el mundo de la ópera.

Ocho cantantes y una bailarina dijeron a la agencia que sufrieron acoso sexual del español. Una acusadora dijo que Domingo metió la mano dentro de su falda, y otras tres que forzó besos húmedos en la boca en un vestuario, una habitación de hotel y una comida de trabajo.

“Una comida de trabajo no es rara. Que alguien intente agarrarte la mano durante una comida de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro. Siempre te estaba tocando de alguna manera, y siempre besándote”, sostuvo una de las cantantes.

Además, otra media docena de mujeres señaló a la agencia de noticias estadounidense que las proposiciones sexuales de Domingo les hicieron sentir incómodas. Una cantante dijo que le pidió varias veces salir en una cita tras contratarla para cantar una serie de conciertos con él en la década de 1990.

Ante las denuncias, el tenor respondió que creyó “siempre” que todas sus “interacciones y relaciones” con mujeres eran “bienvenidas y consensuadas”. Además, aseguró que le parece “doloroso” escuchar que pudo “trastornar” o “incomodar” a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus “mejores intenciones”. “La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie”, agregó, según la agencia.

 

Su pareja la denunció luego de encontrar al menos diez fotos. La detención se produjo en la casa de ambos en Berazategui.

 

A través de unas fotos, un hombre descubrió que su esposa abusaba del hijo de 9 años que ambos tienen en común. La mujer fue detenida en su casa de Berazategui.

El padre del menor, hizo una copia de cada una e hizo la denuncia en la comisaría. La UFI N°1 de la jurisdicción del fiscal Daniel Ichazo, subrogada por la doctora Silvia Borrone, tomó el caso.

Las al menos diez fotos habían sido tomadas por A.C, de 36 años, empleada de una empresa porteña de informática.

Esto fue el miércoles.

El jueves por la noche, el área de Cibercrimen de Berazategui de la Jefatura Departamental Quilmes allanó la casa de A.C y se la llevó detenida por orden del Juzgado de Garantías N°7 de la jurisdicción. También pusieron a resguardo al chico, que fue trasladado a La Plata para ser asistido por expertos de la División Investigaciones de Delitos contra la Integridad Sexual.

El chico, precisamente, es la víctima, según aseguraron fuentes del expediente a Infobae: las diez fotos en el teléfono de A.C así lo indicaban. En algunas el chico estaba desnudo. Eran fotos tomadas casualmente mientras se cambiaba. Otras eran selfies tomadas por la mujer. Al nene se lo veía desnudo en esas imágenes. A su madre también, mientras lo toca.

La imputación es aberrante: producción de pornografía infantil y abuso sexual agravado, ambos delitos en concurso real. Se secuestró ropa interior, una computadora y un disco rígido, ocho celulares, una computadora y una tablet queserán peritados.

 

El abogado querellante Juan Pablo Gallego considera que hay “entorpecimiento del proceso y peligro de fuga”.

 

El abogado de la querella, Juan Pablo Gallego, pedirá en La Plata el pedido de inmediata detención del cura Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual por tres víctimas, al considerar que existe “peligro de fuga y entorpecimiento del proceso”.

La causa que fue cerrada durante la feria judicial en el 2008 se reabrió recientemente. El letrado consideró que “los afectados fueron abusados cuando eran menores de edad, por lo cual rige la Convención Internacional de Derechos del Niño y no corresponde la prescripción”.

Los denunciantes no se conocían entre sí y aseguran haber sido objeto de abuso sexual por parte del excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense en distintas épocas e iglesias como en Nuestra Señora de Lourdes, San Benito de Olmos e Inmaculada Madre de Dios.

Por otro lado, tres testigos ofrecidos por la defensa del sacerdote declararán en los próximos días en la ciudad de La Plata. Alfredo Gascón, abogado del excapellán señaló que “testigos mencionados por las presuntas víctimas refutan y contradicen las denuncias”.

Según Gascón, “los que fueron inclusive mencionados como víctimas, no solo negaron esa situación sino que hasta descalificaron los dichos de quienes afirman que había situaciones delictivas”.

Por su parte, Gallego anunció que el miércoles (después de reunirse con el procurador, y con la presencia de los denunciantes) dará una conferencia de prensa en la escalinata de los tribunales en la que anunciará el pedido de detención de Lorenzo, fundada en su obstaculización de la investigación mediante presiones y amenazas de juicio a testigos y afectados.

“Cada testigo o víctima citada a declarar recibe la visita o llamada intimidatoria del cura o sus allegados”, aseguró Gallego. Lorenzo aceptó haber contactado telefónicamente por lo menos al padre de la víctima Julián Bártoli. Además, su abogado Gascón aseguró durante el reportaje que serán “muy celosos en lo que va a ser la custodia del honor del padre Eduardo. Vamos a iniciar acciones legales contra las personas que se hayan manifestado afectando su honor”.

«La libertad de Lorenzo se contrapone con el esclarecimiento y la verdad de los hechos, por lo tanto resulta imprescindible su inmediata detención. Concurren todas las causales previstas por el ordenamiento procesal. Además de amenazas y amedrentamiento a testigos, lo que actúa como disuasión para futuros posibles denunciantes, Lorenzo tiene recursos, es multifuncionario de distintas reparticiones del Estado, por lo cual puede fugarse», alega Gallego.

 

El nuevo caso de mala praxis fue en la misma clínica y días antes donde a una mujer le amputaron la pierna equivocada.

 

Luego de que haya hecho público el caso en el que en el sanatorio de Berazategui a una mujer le amputaron la pierna equivocada por complicaciones derivadas de la diabetes, se sumó una nueva denuncia de mala praxis.

Esta vez, se trata del caso de una mujer de 80 años que murió después de que le extirparan la vesícula por error, en lugar de desobstruirle el píloro. Los familiares de la víctima hicieron una presentación por homicidio culposo contra el médico que operó a la mujer y todo su equipo quirúrgico.

Paola Stekloff, la abogada de la familia de la mujer que murió explicó en declaraciones televisivas que la denuncia es por “homicidio culposo” hacia el médico cirujano que operó a la víctima Fernando Javier Palladino y que en la presentación pidieron que las acusaciones se hagan extensivas a todo el equipo que participó de la intervención. “Consideramos que los protocolos de seguridad que deberían haber existido abarcaban a todo el equipo”, dijo.

La letrada explicó que Teresa Angilletta, de 89 años, había sido diagnosticada con una obstrucción de píloro a mediados de enero y que la intervención que derivó en su muerte fue recién el 30 de abril, a pesar de que los médicos le dijeron que debía operarse de inmediato.

Los familiares de Angilletta denuncian que la mujer murió después de que le retiraran por error un órgano sano cuando en realidad debían desobstruirle el píloro, el conducto que comunica el estómago con el duodeno.

Stekloff explicó que las hijas de Angilletta sabían que la operación duraría unas tres horas, pero que a la hora apareció el cirujano preguntando por la familia de la paciente que había sido “operada de vesícula”.

Como no había nadie más esperando, los familiares de Angilletta se acercaron, y el médico se sorprendió cuando le dijeron que la mujer debía ser intervenida del píloro. “Esperen que ya vuelvo”, les respondió el médico, que tres horas más tarde les dijo a los familiares de la paciente que ya había solucionado el problema de la obstrucción.

Según el relato de los familiares, el profesional les explicó que cuando empezó la intervención se encontró con que la vesícula no estaba bien, para justificar su accionar. Sin embargo, familiares aseguran que el órgano estaba en buen estado.

La abogada advirtió que es “sumamente riesgoso” que hayan anestesiado dos veces consecutivas a la mujer (la segunda, para realizar la desobstrucción), y que los médicos lo hicieron “para tapar el error” del cirujano. En relación a la muerte de Angilletta explicó que se debió a la primera intervención. Dijo que se produjo “a partir del derrame de bilis del conducto biliar de la vesícula hacia la cavidad abdominal”, situación que se generó por problemas en la sutura.

Cambiaron la calificación del hecho. Detuvieron a Silvio Rodríguez y Gonzalo Issac Farfán, amigos del hijo del cantante de Los Nocheros. Están investigados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas”.

 

En el marco de la segunda denuncia de abuso sexual contra Lautaro Teruel, hijo de Mario cantante de Los Nochero, los jóvenes Silvio Rodríguez y Gonzalo Issac Farfán fueron detenidos por ser señalados por la víctima también como responsables.

El fiscal penal 1, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Sergio Federico Obeid citó a audiencia de imputación a Silvio Ezequiel Rodríguez, Marcos Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac Farfán y les hizo conocer el cambio de calificación de la acusación, que ahora es “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas”.

El pasado 22 de julio fueron detenidos Farfán, quien había sido imputado por supuestas exhibiciones obscenas, y Rodríguez, quien quedó alojado en una dependencia de la ciudad de Córdoba Capital.

La imputación se originó en la denuncia de una mujer que relató que durante el verano de 2014, cuando tenía 19 años, habría sido abusada sexualmente por Teruel, en su domicilio. En tanto, Rodríguez y Farfán habrían participado, de acuerdo a la nueva imputación.

El hijo de Mario Teruel fue imputado previamente y en otro caso, por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, a partir de la denuncia de la madre de una menor, quien relató que el acusado habría aprovechado que la niña frecuentaba su casa para vulnerar su integridad. Permanece detenido con prisión preventiva.

 

La presentación la hizo la Administración Nacional de Aviación Civil. Desde las 9, el gremio que responde a Juan Pablo Brey repartirá volantes contra las políticas aerocomerciales. Los vuelos no se verán afectados.

 

A raíz de las lecturas de mensajes de los pilotos contra el Gobierno en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunció penalmente a los aeronavegantes por considerar que se podría haber “puesto en riesgo la seguridad de las aeronaves”.

La presentación en la Justicia la realizó el titular de la ANAC Tomás Insausti, quien precisó que violan “lo establecido en el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil”.

En el escrito, el titular de la ANAC da cuenta también de otras denuncias “por conductas similares”. Se refiere a las presentadas el año pasado “porque leyeron un comunicado en pleno vuelo”. Fuentes judiciales advirtieron que sobre los pilotos podrían recaer “sanciones laborales y hasta penales”.

La respuesta de los pilotos

Los pilotos de APLA que leyeron comunicados durante los vuelos contra la política aerocomercial del Gobierno recibirán el apoyo de los comandantes encolumnados en el otro gremio, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). El sindicato que responde a Juan Pablo Brey se manifestará en Aeroparque desde las 9, en el sector C.

La AAA entregará volantes a los pasajeros en el hall central del aeropuerto. Según explicaron, la idea es “visibilizar la crisis que enfrenta el sector aerocomercial”, aunque prometieron que los vuelos no se verán afectados. “Estamos denunciando la precarización de nuestros cielos y la intransigencia por parte del gobierno con los trabajadores aeronáuticos”, afirmó Brey, horas antes de la medida.

En la denuncia se aseguraba que el supuesto abogado había sido forzado a abrir uno de los teléfonos secuestrados en su casa y en el que se obtuvieron pruebas claves para la causa Dolores.

 

Al juez federal Alejo Ramos Padilla le cerraron una causa que había en su contra por parte del falso abogado Marcelo D’Alessio, pieza clave de la red de espionaje político judicial que se investiga en Dolores.

De acuerdo al fallo al que accedió Infobae, el juez Marcelo Martínez De Giorgi cerró por inexistencia de delito una denuncia que había radicado la defensa de D’Alessio diciendo que había sido forzado a poner la huella en un teléfono iPhone, secuestrado en su causa, unos días después de su detención.

En su indagatoria, D’Alessio había pedido que le ponga “a alguien de Prefectura en quien confiar, con Valeka (su esposa) y los dos chicos, hago lo que usted quiera. Ya está. Ya se publicó para quién trabajo. ¿Me dieron el cargo? No me dieron el cargo. Soy un boludo. Me cagaron. Quiero colaborar y estar con los chicos. Se lo abro ahora si quiere el iPhone. Entre a mi Samsung 8 que en el Telegram está todo”. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que abrir el Iphone sin señal, sin el chip, no prendan el Iphone con señal de celular o celular de Wi Fi porque se va a romper lo que hay adentro”.

El teléfono no se rompió y de hecho ahí se pudieron encontrar pruebas: para abrirlo el falso abogado fue trasladado a la sede de la División Cibercrimen Naval Argentina.

Durante el procedimiento participó su perito de parte Rubén Martin junto a expertos oficiales y de querellas, funcionarios judiciales y de seguridad. Lo que pasó allí derivó en un habeas corpus en favor de D’Alessio y una denuncia penal contra Ramos Padilla que quedó radicada en Comodoro Py 2002.

Ahí se sostuvo que D’Alessio “había sido amenazado” durante el peritaje de los aparatos telefónicos que se le secuestraron en el expediente que nació en Dolores. Según la defensa, el secretario judicial de Dolores le advirtió a D’Alessio que si no colaboraba con el desbloqueo de los celulares incautados se procedería en su contra “por la fuerza”. Por su parte, el perito de parte afirmó que el juez Ramos Padilla no le habría permitido retirarse del procedimiento.

El juez Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso. Tras las declaraciones de la esposa de D’Alessio el juez sostuvo que no se puede corroborar “la veracidad” de lo denunciado. “Los testigos ajenos a la repartición de las fuerzas de seguridad y los veedores que participaron en la diligencia coincidieron en que Marcelo D’Alessio suministró voluntariamente, colaborativamente y sin ningún tipo de coacción por parte de los funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Dolores, las contraseñas de sus aparatos telefónicos”, sostuvo.

A criterio de Martínez De Giorgi, “las pruebas obtenidas en autos controvierten las alegaciones efectuadas en la denuncia” e indicó que el propio Ramos Padilla detalló en una resolución cómo se haría el procedimiento y cómo se invitaría a D’Alessio a aportar su huella digital o rostro para acceder a los equipos “como también que –ante su negativa- se facultará a los agentes de seguridad del lugar a la utilización de la mínima fuerza indispensable y estrictamente necesaria para la realización del acto”.

Y resaltó: “Los hechos denunciados no constituyen la comisión de un delito penal que amerite la intervención de este tribunal”.