También procesó a Gerardo Ferreyra de Electroingeniería, preso en Marcos Paz, y a Roberto Baratta, detenido en Ezeiza.

 

El juez Claudio Bonadio amplió el procesamiento de Cristina Krichner en la causa de los cuadernos y le ratificaron su prisión preventiva, que se hará efectiva cuando “el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros”.

El juez consideró que esa explicación es “inverosímil, aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad”, según la resolución.

Además de la exmandataria fueron procesados los responsables de la firma Electroingeniería, encabezados por el detenido Gustavo Ferreyra detenido desde agosto pasado y acusado de ser miembro de la asociación ilícita; y el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, procesado como organizador de la banda, entre otros.

En el fallo, se analiza cinco entregas de dinero que habrían sido parte de los viajes relatados por el chofer Oscar Centeno y que no habían sido incluidos en un primer procesamiento. “La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas con contratos de obra pública o concesionarias de servicios públicos”, sostuvo Bonadio.

Por su parte, Cristina negó los hechos y subrayó que la cantidad de procesamientos que tiene en su contra son una persecución, pero el juez lo consideró “un mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no se condice con lo que surge de las constancias incorporadas a estas actuaciones”.

Resolución del juez Bonadio que amplía el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner:

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Así lo aseguró el abogado del excontador. En las últimas horas había dado detalles del modo en el que transportaban la plata de los sobornos.

 

Tras las polémicas declaraciones de Víctor Manzanares donde habló de los detalles del modo en que se trasladaban los bolsos con dinero desde El Calafate a Buenos Aires, horas más tarde, el abogado del excontador de la familia Kirchner ratificó los dichos de su defendido.

Pero no sólo afirmó esos dichos, sino que además el letrado Roberto Herrera aseguró que Manzanares “tiene más para contar”. “De hecho, el 5 de febrero, cuando hizo la segunda declaración ante el fiscal Carlos Stornelli, decidió ampliar la declaración cuatro veces”, recordó en una entrevista televisiva en TN.

VER: “‘Acá nadie roba nada, es la comisión que se cobra a la patria por hacer las cosas bien’”, confesó Manzanares

Las confirmaciones del letrado coinciden con las que ya había pronunciado Manzanares quien había asegurado tener “un as bajo la manga”. “Manzanares aportó información sobre los lugares donde podría encontrarse la plata. Él sabía dónde estaba el dinero y dio detalles muy precisos del modo en que se fueron transformando esos lugares”, sostuvo.

Por otro lado, Herrera insistió en que su defendido “actuaba como testaferro de Daniel Muñoz” y explicó que fue “el propio Manzanares el que pidió que no buscaran su excarcelación porque se sentía culpable por lo que hizo”. E insistió en que Muñoz fue quien involucro al contador en el traslado de los bolsos

 

En otro escrito, el chofer contó cómo le informaban en código a Néstor Kirchner la recaudación de las coimas.

 

 

En una declaración espontánea que fue presentada en un manuscrito de diez páginas, el exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno cuenta que su jefe mantenía informado a Néstor Kirchner sobre el avance de los negocios ilegales con mensajes claves.

En el marco de la causa de los cuadernos, Centeno cuenta en esa presentación que fue entregado al juez Claudio Bonadio que Baratta contabilizaba “de parte de Pescarmona, 173 litros EE.UU.; de transporte, 650 litros EE.UU y de Atucha, 165 litros Europa”.

En su declaración no hay interpretaciones ni detalles sobre ese código, pero no sería extravagante suponer que los litros podrían ser miles, que EE.UU sería el sinónimo de dólares, y Europa de euros. Esa posible lectura sólo se asocia al contenido de los bolsos que el Toyota de Centeno iba recogiendo y entregando por toda la ciudad día tras día.

“Me siento orgulloso de haber enfrentado el riesgo de seguir escribiendo hasta el final de la gestión kirchnerista, y que los cuadernos hayan sido de utilidad para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la presente causa de corrupción más grande de los últimos tiempos”, relata el chofer en el comienzo de su escrito, publicado por el diario La Nación.

El chofer también repasó cómo fue contratado por el ministerio de Planificación a través de una agencia, repitió que el trato recibido por su jefe era “distante y soberbio de su parte, se enojaba por simples cosas”, y que en alguna ocasión Baratta hasta habría manifestado su ira con golpes a su auto.

Más allá de la utilidad que estos nuevos detalles puedan o no tener para la investigación, ratifican la intención de Centeno de colaborar con el caso, y la libertad con que mantiene su decisión de hacerlo.

“Desde el lugar donde me encuentro privado de cierta libertad -como imputado colaborador es custodiado por personal asignado por el ministerio de Justicia- y por consecuencia de esta gente que organizaron un grupo para desvalijar las arcas del país, aprovechando y usando el cargo que ejercían como funcionarios de la Nación, para delinquir lo más que pudieron, ahora por todo lo que leí y veo a veces en las noticias, me doy cuenta de la magnitud de los hechos. Siempre a derecho”, concluye el chofer.

 

El ex chofer, que vive en un domicilio protegido al ser colaborador en la causa, se reunió en Comodoro Py con su abogado defensor.

 

Este lunes por la mañana, el exchofer del exfuncionario Roberto Barata Oscar Centeno fue trasladado a los Tribunales de Comodoro Py donde presentó un manuscrito con nueva información sobre la causa de los cuadernos de las coimas.

Según informaron fuentes judiciales, el remisero aportó una nota manuscrita que quiere entregarles al juez del caso, Claudio Bonadio, y al fiscal Carlos Stornelli donde “sigue anotando, envió nuevas anotaciones a su defensor y le dijo que tenía intención de hacer saber esa información al juzgado”.

Ante esta situación, la defensa evaluará la información aportada y resolverá si pide una ampliación de la declaración indagatoria para que aporte el escrito al juez y responda preguntas.

Por la causa, Centeno está en libertad pero es imputado colaborador en el caso, por lo cual permanece alojado en un domicilio reservado. Ante este trámite judicial, fue trasladado al encuentro con su defensor por sus custodios.

El fiscal Stornelli trabaja en un dictamen para pedir la elevación a juicio oral de la parte del caso en la que están procesados Centeno y también la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, además de otros ex funcionarios y empresarios.

Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri.

 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le solicitó al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original de la causa de los “cuadernos” y que sean llamados a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el caso, pidió que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno.

Entre otros, se mencionan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

“En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”, señaló la UIF en la presentación publicada por Infobae.

Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

Además, en esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos (como  Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.

Se trata de Aldo Roggio y Carlos Wagner, ambos son del sector de la construcción. Ángelo Calcaterra declarará hoy.

 

El juez federal Claudio Bonadio imputó por segunda vez a los empresarios del sector de la construcción Aldo Roggio y Carlos Wagner acusados de haber formado parte de una asociación ilícita para obtener contratos de obras públicas viales.

Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la firma Esuco, está procesado como miembro de dicha asociación ilícita; mientras que Roggio está procesado por cohecho activo.

Ambos se presentaron en tribunales de Comodoro Py este miércoles para declarar junto a los empresarios Ricardo Scuncia, de Grupo Roggio, y Edgardo Coppola y Mauro Guatti, ambos de Esuco.

En su presentación, Roggio negó los nuevos hechos que se le imputaron y se abstuvo de declarar. Según detalla La Nación, dijo frente al juez y al fiscal de la causa que ya hizo su colaboración con la investigación y no evalúa volver a declarar como arrepentido.

Para hoy están citados a declarar Ángelo Calcaterra (Iecsa), primo del presidente Mauricio Macri; Héctor Sánchez Caballero y Santiago Altieri, también de Iecsa; Juan Carlos de Goycoecha y Mario Maxit, de Isolux, y Juan Carlos Perona, de Helport. El lunes será el turno de la expresidenta Cristina Kirchner.

El centenar de empresas citadas se limitan a 14 provincias, por ahora.

 

Con más información para avanzar en la causa de los cuadernos, ahora el juez Claudio Bonadio va recibiendo de a poco por parte de los ministerios que alguna vez formaron parte de Planificación Federal un listado con las obras que ejecutó desde 2003 hasta 2015.

Tras el listado que entregó el financista Ernesto Clarens, con una nómina de 567 obras de Vialidad que contenía una precisa descripción de la licitación con fecha, provincia, detalle de la obra, monto licitado, empresa y porcentaje de retorno, centenares de empresas de todo el país que fueron adjudicatarias de obras serán llamadas a Comodoro Py para explicar sus negocios.

El centenar de empresas citadas se limita a 14 provincias donde aparecerán nombres muy cercanos a los políticos locales. Solo para ilustrar, un archivo que envió Vialidad Nacional contiene 2280 obras con un perfecto detalle de plazos y precios. Luego se suman decenas de organismos públicos con información parcializada.

La OA determinó que del total de las 567 obras existentes en la lista de Clarens, solo 286 coinciden exactamente con la información aportada por Vialidad. Luego hay 74 más que tienen alguna coincidencia parcial (por ejemplo, errores de tipeo) o alguna diferencia en el monto (cifras redondeadas en el listado de Clarens y un detalle preciso de la cifra en los registros oficiales). Sin embargo, hay 207 obras que sí refirió el financista que no están en los datos que envió Vialidad.

Víctor Manzanares volvió a tribunales y brindó testimonio ante los fiscales que duró ocho horas.

 

El excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares volvió a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar sus declaraciones en la causa de los cuadernos de la corrupción que duró 8 horas, en su intención de convertirse en el nuevo arrepentido del expediente.

El excontador detalló cómo ayudó a armar las sociedades que terminaron siendo parte de los hoteles de los Kirchner y dio una declaración novedosa sobre el dinero K.

Según informó TN Central, Manzanares reconoció que “hay 200 millones de dólares K en efectivo en algún lugar”, e incluso pudo haber dado información sobre la ubicación del dinero. Por su parte, fuentes judiciales aseguraron que fue impactante lo que dijo. Incluso, afirmaron que en el final de su alegato se largó a llorar.

Además, también habló del histórico socio de los Kirchner Osvaldo “Bochi” Sanfelice, a quien lo describió como “el López Rega de Néstor” y explicó la razón: “Le decía a todo que sí”.