El debate será a cinco días para las PASO.

A partir de las 15, en comisiones de Diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, liderada por Pablo Tonelli (PRO) y de Justicia, a cargo de Diego Mestre (UCR), se tratará el proyecto conocido como “ficha limpia”, que impulsa que los condenados por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.

La iniciativa propone que se incorpore al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos (23.298) un inciso que incluya la prohibición para postularse a los condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El oficialismo intentará emitir dictamen de un texto que fue unificado entre las diversas propuestas presentadas por los diputados Silvia Lospennato (PRO), Claudio Doñate (FPV-Río Negro), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Lorena Matzen (UCR- Río Negro), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Elisa Carrió (Coalición Civica), al que se sumó otra iniciativa de Luis Petri (UCR-Mendoza), entre otros.

El proyecto impulsa además la prohibición de candidaturas para quienes hayan sido responsables de exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Nación.

El borrador determina que la restricción “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

De sancionarse, el objetivo sería que la iniciativa tenga efecto recién para las elecciones del 2021 y no para las de este año, para no cambiar las reglas en medio del proceso electoral.

 

El ex mandatario acató la orden de un tribunal regional que dispuso su prisión preventiva. Está sospechado de liderar una “organización criminal” que recibía sobornos.

 

Horas después de que la Justicia brasileña ordenara la detención de Michel Temer para cumplir prisión preventiva en el marco del escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”, el expresidente de Brasil se entregó a la Policía Federal de Sao Paulo.

Así, Temer acató la orden emitida horas antes por el Tribunal Federal de la Segunda Región (TRF-2), por dos votos a favor y uno en contra, para que vuelva a la cárcel de forma preventiva.

Según confirma la agencia Brasil, el ex mandatario abandonó su residencia familiar de Sao Paulo a las 14.40 (hora local) en compañía de su abogado, Eduardo Carnelos, para dirigirse a la Superintendencia de la Policía Federal.

El ex presidente está sospechado de recibir sobornos en 2014, cuando era vicepresidente en el gobierno de Dilma Rousseff, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, esa organización habría obtenido la promesa de recibir al menos 1.800 millones de reales (unos 470 millones de dólares) a través de un complejo sistema de empresas.

El caso ‘Lava Jato’ es el mismo por el que el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2018 a más de doce años de cárcel. En su caso, se le declaró culpable de aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.

Temer, que ya tiene abiertas varias causas judiciales, llegó al Palacio de Planalto en 2011 como vicepresidente de Dilma Rousseff, pero en 2016, tras el juicio político (‘impeachment’) a la presidenta celebrado en el Congreso, se convirtió en el nuevo jefe de Estado, cargo que ocupó hasta el último 1° de enero, cuando cedió el poder a Jair Bolsonaro.

 

El “Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Decomisados” tiene como objetivo agilizar la recuperación de activos que se encuentren en territorio del vecino país.

Los Gobierno de Argentina y Uruguay firmaron un “Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Decomisados”, con el objetivo de agilizar la recuperación de activos que se encuentren en territorio del vecino país.

“Se trata del primer acuerdo bilateral que suscribe la República Argentina con el objeto de establecer los mecanismos de cooperación y negociación para la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país”, destacó la cartera diplomática.

El documento fue rubricado el pasado martes entre el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, y su par oriental, Rodolfo Nin Novoa, y “constituye un significativo avance en la cooperación jurídica internacional”, remarcó el Palacio San Martín.

A través de un comunicado, la Cancillería subrayó que “el acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional”.

Lo hizo durante una conferencia sobre “Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera”.

 

Durante una conferencia de prensa sobre “Lavados de activos y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera” el juez federal Claudio Bonadio reconoció que “en la Argentina estamos cada vez más preparados para desentrañar los manejos financieros de lavado de dinero”.

En uno de los salones del Regimiento de Patricios colmado, el juez Bonadio señaló que el juzgado Criminal y Correccional N° 11 a su cargo está a punto de decomisar “muchas propiedades”, sobre la causa de los Cuadernos de las coimas del kirchnerismo.

Por otra parte, el juez federal se sinceró al decir que “a la ley del arrepentido le tenía poca fe, pero admito que me equivoqué, porque sirvió mucho” y “con las normas vigentes se puede ordenar el decomiso de bienes que en la práctica es la extinción de dominio”.

Admitió, que la ley del arrepentido en la Argentina presenta algunas fallas porque, a su entender y a diferencia de lo que sucedió con la investigación del Lava jato en Brasil, el fiscal tiene menos “herramientas de negociación” con el arrepentido y “se debilita” ya que no puede definir la libertad o las penas del acusado.

En cambio, en Brasil el caso no va directo a juicio oral por lo que la figura del arrepentido cobra más peso.

 

Fue girado al Senado este lunes con sanciones más duras.

 

El Gobierno presentó este lunes el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.

En 2017, por medio de un decreto firmado por Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.

Pese a que en la Casa Rosada prevalece la resignación acerca de que el proyecto no será sancionado este año, se mantiene la ilusión de que al menos pueda tener media sanción en la Cámara de Diputados.

“Se incorpora al Código Penal lo establecido en más de 900 leyes, se homogeneizan los tipos penales, se agregan nuevos delitos y se incorporan los fallos que sentaron jurisprudencia de la Corte Suprema y los tratados internacionales”, explicó Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión que elaboró el proyecto.

Los puntos más salientes

* Se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos dolosos con violencia

* Se amplía la figura del arrepentido

* Se elevan las penas para el tráfico de armas

* Se propone el decomiso anticipado de bienes de la corrupción: pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

* Aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho

* Se aumentan las escalas penales hasta 20 años para el narcotráfico

* Despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad

*Aborto: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso.

“Cada uno responde de sus actos”, señaló luego de llegar a Chile donde participará de una cumbre con otros mandatarios de la región.

 

Tras conocerse la detención del expresidente Michel Temer en la causa por corrupción por Lava Jato, el actual mandatario Jair Bolsonaro se pronunció sobre el caso.

Apenas llegado a Chile, donde participará de una cumbre de mandatarios, el Encuentro de Presidentes de Sudamérica, Bolsonaro señaló que “cada uno responde por sus actos” y que “la Justicia nació para todos”.

Temer fue arrestado este jueves en el marco de la operación Lava Jato, la mayor llevada a cabo contra la corrupción en la historia del país.

El ex presidente brasileño es acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos a cambio de favorecer empresas ya condenadas por Lava Jato en contratos ilícitos con la estatal Eletronuclear.

Así, Temer se convirtió en el segundo jefe de Estado en ser detenido en Brasil por casos vinculados al Lava Jato ya que Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) cumple desde abril del año pasado dos condenadas de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

 

El exvicepresidente volverá a la cárcel condenado por la causa Ciccone.

 

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la detención del exvicepesidente Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone Calcográfica.

Sin embargo, el exministro de Economía afronta otras investigaciones por corrupción:

*Ciccone que incluye la renegociación de la deuda de Formosa: el juez Ariel Lijo investiga si Boudou terció en favor de la empresa The Old Found para que gestione la renegociación de la deuda de la provincia gobernada por Gildo Isfrán.

* Posible falsificación de facturas en viáticos: el mismo magistrado investiga una posible falsificación de facturas en la rendición de viáticos por unos 20.000 euros que se habrían gastado en 2011 durante viajes oficiales a París, Francia, que Boudou realizó como ministro.

*Compra de autos de alta gama: el juez federal Sergio Torres procesó a Boudou por la compra directa de 19 autos de alta gama que fueron destinados a una flota oficial del Ministerio de Economía, que se habrían adquirido sin licitación. En su calidad de ex titular del Anses, Boudou resultó denunciado por la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que ocasionaron pérdidas por 4.200 millones de pesos, en una presentación efectuada por el economista Claudio Lozano.

Integrará la Sala I del Tribunal, espacio vital para la definición de las causas contra la corrupción.


El presidente Mauricio Macri oficializó en un decreto publicado este lunes la designación de Leopoldo Bruglia como uno de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal junto a Jorge Ballestero y Mariano Llorens.

Bruglia ocupaba un lugar en la Sala I como juez suplente desde 2016, cuando fuera designado por el Consejo de la Magistratura en una ajustada votación en la que contó con el apoyo del oficialismo. El ex integrante del TOF N°4 ocupó el lugar que dejó Gabriel Cavallo en 2007 y que subrogó Eduardo Farah hasta entonces.

De esta manera, el Gobierno consigue confirmar a un juez afín en un espacio clave para las causas contra la corrupción. Bruglia ha votado siempre en favor de continuar con las prisiones preventivas de los ex funcionarios y acompañó el criterio de Martín Irurzun, integrante de la Sala II, quien sostuvo la teoría de los «contactos residuales» de personas que pasaron por la administración pública.

El decreto de Macri llega en momento en los que la Sala II debe definir los procesamientos y la continuidad o no de la prisión preventiva del ex ministro Julio De Vido en la causa Río Turbio. Como Farah (en contra de las detenciones) e Irurzun (a favor) no se pusieron de acuerdo, fue convocado Bruglia para desempatar.

La defensa de Roberto Baratta, ex funcionario que podría volver a la cárcel, recusó a Bruglia porque su decisión estaría condicionada por la confirmación en su cargo pendiente del Poder Ejecutivo. Con la firma de Macri, la recusación quedaría sin efecto; de todas maneras, quien definirá la validez del recurso será Farah.