Está acusado de ser miembro de la asociación ilícita y de haber aportado información clave para las extorsiones y espionaje ilegal.

 

El juez Alejo Ramos Padilla procesó sin prisión preventiva al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone como integrante de la asociación ilícita de la que formaba parte el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El otro fiscal federal involucrado en la causa es Carlos Stornelli quien sigue en rebeldía tras ignorar cuatro llamados a indagatoria.

Además, el juez ordenó un embargo de $10 millones contra el fiscal suspendido. Bidone, también había sido procesado en Comodoro Py por la extorsión a otro empresario.

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Junto al fiscal también fueron procesados los ex agentes de inteligencia Claudio Oscar Alvarez y Hugo Rolando Barreiro.

 

El fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez en la causa por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante en 2016.

Se trata de la extorsión realizada y por la cual ya fue procesado el supuesto abogado Marcelo D’Alessio, detenido con prisión preventiva por orden del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Bidone fue quien proporcionó información sobre ingresos y salidas a nuestro país de la base de datos de Migraciones en torno a Traficante, y justificando dicha acción en el marco de la investigación por el triple crimen de General Rodríguez.

A partir de esa información proporcionada por el suspendido fiscal, es que D`Alessio extorsionó a Traficante solicitándole 90.000 dólares a cambio de aliviar su situación en la causa conocida como “la mafia de los contenedores”. El falso abogado ya fue procesado con preventiva por este intento de extorsión a Traficante semanas atrás.

Además del fiscal, también fueron procesados el agente de la AFI Claudio Álvarez, así como al exespía Rolando Barreiro.

“Que nunca dispusimos que Álvarez como Barreiro realicen `gestión´ alguna ante el referido Bidone ni ante ninguna autoridad judicial o de algún poder del Estado. Que conforme lo establece la Ley de Inteligencia Nacional que rige la actividad de este Organismo que representamos, somos los suscriptos, y/o los funcionarios que expresamente autorizamos -que en este caso no existió autorización alguna-, los que actuamos dentro de nuestras funciones ante los diversos poderes estatales”, dijo la AFI, tal cual citó el juez en su fallo.

 

El fiscal soslayó que la causa depende de los testimonios de las víctimas, ya que todos ahora son mayores de edad.


El fiscal José María Campagnoli, a cargo de la investigación por los abusos en River Plate, pidió que las víctimas se acerquen a declarar para la causa pueda avanzar.

«Como todos los casos de abusos somos muy cuidadosos y acá tenemos un especial tratamiento porque se trata de episodios que ocurrieron hace muchos años», sostuvo, en diálogo con TN.

La causa está basada en una denuncia presentada por AVIVI, ONG que patrocinó a una ex médica del club. La mujer habló sobre dos casos en el fútbol juvenil, ocurridos entre 2004 y 2011, y de una jugadora de voley. 

Pero en los últimos días, Campagnoli recibió una carta de un ex jugador de divisiones inferiores que contó como las vejaciones se viven en la pensión de River al menos desde la década del 70´.

«Este tipo de delitos son de instancia privada así que si la persona no quiere que se investigue nosotros no podemos profundizar en el caso», soslayó el fiscal.

«Estamos esperando a las personas que tengan algo que denunciar. En la fiscalía de Saavedra tenemos abiertas las puertas para denunciar cualquier tipo de delito, y en particular con esta causa», finalizó.

La letrada no descartó que las mismas personas operen en otros clubes o en el fútbol amateur.


La fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda que lleva adelante la denuncia por los abusos sexuales de menores en una pensión de Independiente, advirtió que “es una práctica que lleva por lo menos 10 años” y apuntó a que no sólo se les ofrecía dinero a las víctimas sino que también el cambio por la prostitución podía ser “un par de botines o boxers”

En este marco, la letrada dijo estar segura de que “esto no ocurre sólo” en el “Rojo” sino que “se tiene que haber replicado en otros clubes”“Es factible que estos mismos personajes estén operando en los demás pensionados o en el fútbol amateur”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

Respecto al principal acusado, el árbitro Martín Bustos, la fiscal confirmó que tanto él como su abogado “se negaron a declarar” y que su defensor fue imputado por “encubrimiento agravado por haber destruido el teléfono celular del árbitro para ocultar pruebas y un arma también rota”.

La letrada señaló en conversación con Radio Mitre que los procedimientos se hicieron en operativos cerrojos que “tuvieron lugar en la zona Norte del Gran Buenos Aires” al tiempo que en los mismos “una testigo confirmó que el abogado de Bustos le pidió un martillo para proceder a la destrucción del TE celular y un arma

Garibaldi ya tomó testimonio de cinco de los 60 chicos que viven en la pensión. Uno de ellos, declaró que las personas que los sometían les ofrecía prostituirse “por botines y hasta por calzoncillos boxer” porque “obviamente estos adultos sabían de la necesidad de estos chicos que mayormente vienen del interior, sin contención y con necesidades económicas importantes y por esas cosas eran sometidos”.

De los cinco entrevistados, tres aportaron información  de que esto sucedía aunque no fueran abusados. “Uno me contó que lo contactaron por el messenger de Facebook para sugerirle este tipo de actividades, pero él, como estaba al tanto de que esto sucedía, supo escapar”.

Por el momento, la funcionaria advirtió que prefiere todavía no hablar de una red de trata ya que todavía la causa está en investigación y no se sabe “donde termina”, aunque no descartó una organización criminal de este tipo.

Además, contó que desde que los gravísimos hechos trascendieron y desde que se conocieron los nombres de las seis personas sospechosas “ninguna de las personas implicadas está o estaban en sus domicilios” y consideró que tal actitud es “un indicio bastante importante de la autoría

Causas inventadas, mal armado de juicios, falsos allanamientos y falsificación de documentos, fueron algunas de las acusaciones que acumuló la representante del Ministerio Público en San Pedro.


Un jury desplazó de la función pública a la fiscal Gabriela Ates (48), responsable de los casos ocurridos en la localidad bonaerense de San Pedro, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación ideológica y falsificación de un documento público”.

La acusación había llegado once años atrás, cuando la fiscal alteró un documento en una causa por robo contra un habitante de San Pedro. El imputado era acusado de intentar robar unas cañas de un campo y de hurtar un caballo, pero sin dar aviso a nadie, Ates agregó un cargo por «robo agravado por uso de arma de fuego» en una verdulería local.

«Ates, en tiempos inusuales, pidió la prisión preventiva a los pocos días. Luego de hacer la defensa de los dos hechos, el juez le señala el tercero, más grave, que era el robo calificado por el uso de arma de fuego. Cuando muestra el acta, la contrastamos con la copia original, firmada por las partes en la declaración y había sido modificada”, relató Pablo Pratti, un defensor oficial de San Nicolás, al diario Clarín.

La Justicia consideró que el acusado, llamado Claudio Fuht, “no tuvo derecho de defensa y no tuvo las garantías procesales que debe tener cualquier ciudadano”, y por ese motivo fue absuelto. Desde allí se inició una causa judicial que terminó con el apartamiento en 2015 y el desplazamiento de la función pública en los últimos días.

“Esa mujer tiene que pagar todo esto, tiene que pagar por todo el daño que causó. Yo le quedé debiendo justicia a mi hija, se la voy a deber por el resto de la vida por culpa de Ates”, acusó Moira Villarroel, madre de Guadalupe, joven violada en 2013 cuando tenía 16 años.

El violador estaba identificado por varios testigos, pero Ates nunca pidió la prisión preventiva y las situaciones de acoso continuaron. «Confié en la Justicia y me topé con esta mujer”, sostuvo la madre de la joven al mismo medio

“Cuando vi que la destituyeron, lloré mucho, mezcla de alegría y bronca. Es una especie de alivio, por lo menos va a pagar no haber cuidado a mi hija, así como no cuidó a otra gente, no cuidó de mi hija”, sostuvo Moria. Guadalupe, que ahora tiene 21 años, pasó por tres intentos de suicidio y está internada fuera de la localidad.

El tribunal que condenó a Ates estuvo compuesto por Hilda Kogan (titular de la Suprema Corte) y los conjueces Osvaldo Pisani, Eduardo Zimmermann, Luis Laino, Gonzalo Pérez Colman y Héctor Blanco Kuhne.

 

El caso llegó hasta el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El fiscal esgrimió un pedido de disculpas, pero horas más tarde dejó su cargo.


“Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”, fue el mensaje que el fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, publicó en su cuenta de Facebook apenas iniciado el Día Internacional de la Mujer. Presionado por todo el arco político local, el representante del Ministerio Público renunció a su cargo.

“Ante las opiniones personales vertidas por el fiscal Daniel Zornitta en su página personal de Facebook, el procurador general Jorge Crespo quiere manifestar su enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo”, indicaron en un comunicado del organismo horas después de su publicación.

La presión fue tanta que las disculpas del funcionario no tardaron en llegar: “En mi perfil de la red social Facebook escribí con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las actividades previstas tales como el paro, escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación. Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello”, comunicó.

“Para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar la renuncia al cargo de agente fiscal”, posteó Zornitta tiempo después.

“Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo”, fue el rechazo inmediato del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El representante del Ministerio Público anticipó que se jubilará el 1° de mayo próximo, aún cuando no llegó a debutar en el fuero federal.


Carlos Giménez Bauer renunció a su cargo como fiscal federal cuando ya había sido sorteado como representante del Ministerio Público en los juicios contra la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Bauer había sido ascendido al fuero federal hace poco, pero en las últimas horas comunicó que dejará su cargo para jubilarse el próximo 1° de mayo. La renuncia ya fue aceptada por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

La renuncia de Bauer se conoce luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital unificó dos de las causas que apuntan contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas: las irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en donde están acusados por asociación ilícita, y la investigación conocida como «la ruta del dinero K». Ambas quedarán en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°9.

El TOF N°2 basó su decisión en el consejo de la Cámara Federal, cuyos jueces entendieron que hay una clara conexidad entre los hechos que se investigan en una y otra causa.

El representante del Ministerio Público considera que el ex vicepresidente debe llevar consigo algún elemento de control.


El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, no apeló la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou pero solicitó que se le coloque una tobillera electrónica.

Hace veinte días la Sala de Feria de la Cámara Federal le concedió la libertad a Boudou y a su socio José María Nuñez Carmona, luego de que ambos pasaran 70 días en prisión por orden del juez federal Ariel Lijo.

Moldes recurrió a la Cámara de Casación para «fijar un medio distinto de caución o imponer el uso de un dispositivo electrónico de control», lo que «constituirá una medida eficaz para asegurar el cumplimiento de las obligaciones» con la Justicia.

Boudou fue detenido por una causa de enriquecimiento ilícito, pero Lijo no llegó a procesarlo y ese fue el principal argumento para que lograse su salida de la cárcel.

El fiscal sostuvo que debe tenerse en cuenta «la multiplicidad de causas judiciales en su contra y la posible pena en expectativa a la que se enfrenta el imputado», por lo que la tobillera electrónica sería el medio «más conveniente para asegurar el resultado perseguido: lograr la efectiva realización del juicio».

 

El homenaje fue convocado por familiares, amigos y la DAIA. Se hará en el cementerio de La Tablada, donde está enterrado el fiscal.


Al cumplirse el tercer aniversario de su muerte, familiares y allegados del fiscal Alberto Nisman lo homenajearán este jueves en el cementerio israelita de La Tablada donde se encuentra enterrado. Será a partir de las 9.30 cuando el rabino Marcelo Polakoff leerá unas plenarias de recordación, se hará un minuto de silencio y se colocará una ofrenda floral.

La DAIA fue quien convocó a la ceremonia mediante un comunicado en el que resaltó que la entidad “reivindica su compromiso con la búsqueda de la verdad y su integridad, que insidiosamente fue puesta en duda después de que denunciara a altos funcionarios del gobierno anterior, a quienes imputó por haber intentado encubrir a ciudadanos iraníes acusados por la Justicia argentina de haber sido los responsables del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA”.

En tanto, el organismo señaló que “siempre” confió “en la Justicia argentina y en el trabajo del fiscal Nisman” al tiempo que consideró que en su memoria se compromete ” a seguir haciendo todos los esfuerzos para que no quede impune el atentado terrorista más grave de la historia argentina”.

Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento del complejo Le Parc en Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de presentar una denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país.

En septiembre de 2017, un informe de Gendarmería Nacional confirmó que el fiscal había sido asesinado por al menos dos personas, descartando definitivamente la hipótesis del suicidio.

Así, el 26 de diciembre último, el juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento del empleado informático Diego Lagomarsino como “partícipe necesario” del asesinato del fiscal, al considerar “inverosímil” que el fiscal de la causa AMIA le haya pedido su arma y éste se la prestara.