El tribunal federal resolvió reabrir la causa que había archivado el juez Gustavo Lleral y descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona.

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la investigación por la muerte de Santiago Maldonado para determinar si los efectivos de Gendarmería cometieron el delito de abandono de persona.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva (aquí definitivamente descartada) sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, detalló en fallo de 15 páginas al que accedió Infobae.

Al revocar la resolución del juez federal de Rawson Gustavo Lleral, se ordenó avanzar con una serie de medidas de prueba tendientes a determinar con precisión las circunstancias en que se produjo la muerte de Maldonado. En el mismo fallo, la Cámara descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes, como así también algún miembro de la comunidad mapuche, hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso mismo, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un procedimiento realizado por personal de Gendarmería para desalojar la ruta 40.

Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman sostuvieron que la investigación judicial de primera instancia se dividió en dos etapas: una fue durante la búsqueda de Maldonado y la segunda se inició a partir de la aparición de su cuerpo el 17 de octubre. Pero en noviembre de 2018, el juez Lleral cerró los dos expedientes por la desaparición de Maldonado y sobreseyó de forma total y definitiva al gendarme Emmanuel Echazú.

El juez no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería y ordenó archivar la causa en el juzgado de Esquel. Lo hizo tras conocer la última pericia sobre el DNI de Santiago Maldonado que arrojó que no se encontraron “evidencias objetivas que indicaran que ese documento no hubiera estado sumergido en el agua por un período de hasta 90 días”.

Los cuatro jóvenes murieron mientras dos patrulleros de la Policía Bonaerense los perseguían a balazos.

 

A raíz de la persecución policial en San Miguel del Monte en la que murieron cuatro adolescentes en mayo pasado, la intendenta Sandra Mayol, será investigada por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fiscal Lisandro Damonte, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Cañuelas, solicitó la apertura de una investigación penal, separada de la causa inicial, contra ella. Además, solicitó también que el funcionario Nelson Julio Barrios sea investigado por el mismo delito.

Según comunicó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, había solicitado que se avance con esa denuncia, y desde el primer momento sostuvo la necesidad de investigar la responsabilidad de Mayol y la participación en los hechos posteriores a la persecución policial que terminó con la vida de Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22).

“Este pedido también fue realizado por las familias de las víctimas que, a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca obtuvieron una respuesta acorde al dolor que sufrieron”, indicaron en un comunicado desde la CPM.

La causa por la muerte de los cuatro adolescentes tiene trece imputados: cuatro policías bonaerenses por el delito de homicidio y otros ocho por encubrimiento. El exsecretario municipal de San Miguel del Monte también está acusado por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público.

 

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra.

 

El juez Claudio Bonadio continúa con las investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra del Paseo del Bajo.

Bajo ese contexto, ahora le pidió a la empresa Autopistas Urbanas que le entregue documentación sobre licitación del proyecto. El magistrado emitió una orden de presentación que es el paso previo a un allanamiento para que voluntariamente la compañía cuyo principal accionista es la Ciudad de Buenos Aires aporte la información.

La causa del Paseo del Bajo, se comenzó a investiga a raíz de una denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Rattagan ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza Sergio Rodríguez. Con esa denuncia Rodríguez se presentó en la justicia federal para que se investigue la licitación y denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por el supuesto direccionamiento del principal tramo de la licitación que fue adjudicada a la empresa IECSA, en ese entonces en manos de Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente.

Según lo denunciado, IECSA fue beneficiada con el tramo más caro de la obra, la trinchera por donde circulan los camiones por lo que se habían presupuestado $4.480 millones, pero la empresa lo cotizo en $3.180 millones y se quedó con la obra. IECSA luego fue vendida a Marcelo Mindlin, otro empresario cercano a Macri con negocios en el sector energético.

Además de Macri y Larreta, en la investigación están denunciados el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Mocchia; el presidente y la Jefe de Compras de Autopistas Urbanas Carlos Frugoni y Natalia Bustos, entre otros.

El Paseo del Bajo es una obra emblema del macrismo. Se inauguró en plena campaña y modificó una parte sustancial de la Ciudad. Entre los beneficios, logró agilizar el tránsito en el centro porteño.

 

Ahora investigarán si esa intoxicación fue determinante en la caída del avión.

 

De acuerdo a investigadores británicos, se confirmó que el futbolista Emiliano Sala y el piloto estuvieron expuestos a niveles tóxicos de monóxido de carbono en pleno vuelo antes que la avioneta en la que viajaban se estrellara en el Canal de la Mancha.

“El pasajero tenía un alto nivel de saturación de monóxido de carbono”, indicaron desde la División de Investigación de Accidentes Aéreos británica (AAIB, siglas en inglés). Ahora, investigan si esa intoxicación fue determinante en la caída del avión.

“Los resultados de la prueba de toxicología en la sangre del pasajero mostraron una carboxihemoglobina (COHb), con un nivel de saturación del 58 por ciento. COHb es el producto combinado de monóxido de carbono (CO) con hemoglobina, la molécula de proteína transportadora de oxígeno contenida en los glóbulos rojos”, se informó en el comunicado de AAIB.

La Piper Malibu, aeronave de un motor, que trasladaba a Sala y David Ibbotson se estrelló cerca de la isla de Guernsey el 21 de enero. Salas, jugaba para el club francés Nantes y viajaba para incorporarse a su nuevo club, el Cardiff City en Gales. El cadáver del delantero de 28 años fue encontrado entre los escombros dos semanas después. El cuerpo de Ibbotson no ha sido encontrado.

El informe de los peritos agrega: “En este tipo de aeronave, la cabina del piloto no está separada del resto del avión y se considera probable que el piloto también hubiera sido afectado por la exposición al CO”. Tras esta revelación, el abogado de la familia del futbolista, Daniel Machover, pidió que los restos del avión, que están en el fondo del mar, sean recuperados para hacer un análisis detallado y saber cómo es que los gases entraron en la cabina, detalló la web de L’Equipe.

Por su parte, la AAIB afirmó que está trabajando con los fabricantes y la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte (NTSB) en Estados Unidos para identificar posibles vías por las que podría ingresar este gas a la cabina en este tipo de aeronave. “También seguimos investigando factores operativos, técnicos, organizacionales y humanos relevantes que podrían haber contribuido al accidente”, concluyen.

 

Se terminó de analizar las pruebas y en los próximos días el Ministerio Público tomará una decisión.

 

La Fiscalía de Nicaragua se encuentra analizando las pruebas recopiladas tanto en Argentina como en dicho país sobre la denuncia que realizó en diciembre pasado la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés y definirá en las próximas semanas si acusa o no al actor por violación.

De acuerdo a lo que explicó una fuente vinculada al Ministerio Público nicaragüense a Infobae, la fiscal del caso Sandra Dinarte “tiene en su poder los actos de investigación realizados en Argentina, los cuales serán sometidos a análisis en conjunto con la prueba recabada en Nicaragua a fin de emitir una pronta resolución”.

El informante señala que Argentina “cumplió con lo requerido por Nicaragua” haciendo referencia a la investigación. Es decir que, por pedido del país caribeño, las autoridades argentinas “tomaron entrevistas a algunos chicos que formaron parte del elenco de la Telenovela Patito Feo y a algunas personas a las que Thelma les comentó la agresión sexual de la que fue víctima”. También se documentaron entrevistas que brindó Darthés a diferentes medios.

En las investigaciones realizadas en Nicaragua, se incluyen principalmente periciales, reportes del hotel Holiday Inn, donde estuvieron hospedados los actores argentinos, una inspección al lugar donde ocurrieron los hechos y el análisis de documentación migratoria.

Las fuentes consultadas no precisaron si como parte de las investigaciones realizadas en Nicaragua se encuentra el testimonio de ese empleado del hotel que llegó a tocar la puerta del dormitorio de Darthés, señala el portal Infobae.

Fardin denunció en diciembre que fue violada el 17 de mayo de 2009 cuando junto a Juan Darthés estaban de gira junto al elenco del programa televisivo Patito Feo. Ese día estuvieron en un centro comercial y luego llegaron al hotel, pero Fardin descubrió que la tarjeta magnética para ingresar a su habitación estaba dañada y Darthés la habría invitado a su dormitorio para llamar a la recepción.

La actriz aseguró que dentro de la habitación Darthés la tiró contra la cama, le bajó el short por la fuerza, le practicó sexo oral y luego la penetró. En el momento en que se producía el abuso, un empleado del hotel llegó con una nueva llave y golpeó la puerta de la habitación, circunstancia que aprovechó para escapar.

 

El fiscal Jorge Di Lello dijo que analiza citar al exministro de Economía. Según trascendió al político le habrían ofrecido 8 millones de dólares.

 

Luego de que se publicara en el diario Perfil una versión que indicaba que Roberto Lavagna había recibido una oferta de 8 millones de dólares para “bajarse” de la carrera por la presidencia, el fiscal electoral Jorge Di Lello manifestó su intención de investigar si esos hechos de verdad ocurrieron.

“La transparencia del sistema es lo que lo hace creíble, por lo que estamos mirando la posibilidad de hacer una investigación preliminar, a los efectos de tomar contacto con cuál puede haber sido la situación real”, afirmó Di Lello, en diálogo con FM Milenium.

Además, el fiscal remarcó que lo que está en juego no es “tanto la veracidad”, sino que “algún imprudente haya dicho eso”. “La cuestión se va a investigar. Si ha sido un comentario alocado, transparentarlo y convertirlo en un indubitable de que el sistema no funciona así”, remarcó. “Hay que corroborar que el hecho existió. Si es así, es cuanto menos políticamente inmoral. Después veremos si vale una sanción electoral o una cuestión del código penal”, insistió Di Lello.

Por su parte, Lavagna insiste en competir en solitario por Consenso 19. “Despolarizar es un proceso muy duro pero vale la pena”, había afirmado este lunes el economista.

 

Ángel Moreira es hasta ahora el único detenido hasta el momento por el crimen de la adolescente de 15 años.

 

La familia de Lola Chomnalez tuvo mucho que ver para que la causa de la adolescente que murió en diciembre de 2014 en Uruguay volviera a activarse.

Es que los padres, entregaron a la justicia del país vecino un informe realizado por la argentina que reactivó la investigación y logró que la jueza Rocha Rossana Ortega accione el procesamiento y la posterior detención de Ángel “El Cachila” Moreira, el que por ahora, es el único acusado.

En un escrito, la Justicia de Uruguay maneja dos hipótesis de cómo mataron a la joven que había viajado al país vecino junto a la familia de su madrina.

  1. “La secuencia de la agresión pudo haber sido: se le aproxima la persona agresora por detrás, L. trata de escapar hacia los arbustos, le da alcance, le toma por detrás y le hace cortes para nada profundos, la enfrenta y recibe el golpe de puño ligero en región fronto-temporal izquierda, cae en la arena, y aunque se aferra de las ramas y se arrolla sin defenderse adoptando la posición de flexión, lateralizada a derecha tal cual es hallada, es apretada contra la arena. Muere, se la tapa con arena, aunque no se la entierra y al hallazgo del cuerpo se visualiza región glútea con su short de jean bien puesto”.
  2. “Otra secuencia podría ser que L. caminando de regreso a Valizas, se enfrenta al agresor que le propina primero un golpe en región fronto-temporal, L. corre hacia las dunas, es alcanzada desde atrás, herida y posteriormente apretada en la arena”.

Además, la jueza agrega que no es creíble la versión de Moreira acerca de que Lola solo tuvo un desmayo y después murió. Las pericias realizadas al cuerpo de la chica indican que fue golpeada en el rostro, que sufrió un corte en la zona del cuello y que fue apretada contra la arena, boca abajo, lo que terminó provocando su muerte al inhalar arena.

“Es claro pues, que la causa de la muerte fue provocada porque la víctima fue sujetada contra el suelo aspirando y tragando arena, la que fue encontrada en sus vías aéreas, bronquios, tráquea y cavidad bucal, evidenciando que se intentó asfixiarla contra el suelo. Así, la explicación increíble que intenta brindar el indagado sobre un simple desmayo de Lola no se compadece ni con la lógica ni con el informativo probatorio reunido”, destaca en el auto de procesamiento.

Por último, la jueza destaca que “el indagado junto a otras personas (cuyas identidad o identidades se continuará investigando), mantuvieron retenida a la jovencita en el lugar antedicho, donde le fueron provocadas heridas varias en el cuerpo, y finalmente la muerte, sujetándole la cabeza contra el suelo para tratar de asfixiarla. La joven intentó defenderse existiendo signos de ello, habiéndose recabado muestras de sangre, que bien pueden corresponder a otro copartícipe del crimen, y que, si bien a la fecha no ha sido identificado, no enerva la responsabilidad de Moreira como coautor del hecho”.

Por otra parte, Ortega sostuvo que en el marco de la causa surgieron “recientemente” nuevas líneas de investigación que hay que seguir y, si bien se negó a dar detalles para no entorpecer la investigación, mencionó “una pericia” y “un testigo” de relevancia.

 

El juez avanza sobre los vínculos de la banda que espiaba a políticos, jueces y empresarios.

 

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dejó en claro en un oficio que la diputada Elisa Carrió está siendo investigada por la asociación ilícita que llevó adelante tareas de espionaje en el mundo político judicial y periodístico con fines extorsivos, en el caso del supuesto abogado Marcelo D’Alessio.

Además, la pesquisa también apunta a Paula Oliveto y a Mariana Zuvic, dos diputadas aliadas de Carrió. “Se impone dejar constancia –ya que se encuentran mencionados en estas actuaciones- que en la causa nro 88/2019 del registro del Juzgado federal de Dolores se encuentran imputados, querellados y/o detenidos entre otros, Marcelo D ́Alessio, Ricardo Bogoliuk, Anibal Degastaldi, Carlos Stornelli, Claudio Bonadio, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, sin que ello implique ningún análisis de mérito sobre su responsabilidad, el que corresponde realizar en el marco del expediente citado”, sostiene el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Ramos Padilla rechazó este jueves hacerse cargo de una causa que le había llegado desde los tribunales de Comodoro Py. Esa denuncia, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, nació a raíz de un sobre que pasaron bajo la puerta de la fiscalía del fiscal Carlos Stornelli el 8 de febrero pasado, dos días después del allanamiento a la casa de D’Alessio y cuando todavía no se conocían detalles sobre la causa que se abrió en Dolores. Allí se hablaba de “conversaciones y escuchas vinculadas a una supuesta conspiración”.

Las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic presentaron una denuncia similar que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y a la que luego se sumó la propia Carrió. La denuncia apuntó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exembajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés, el falso abogado D ‘Alelessio, los expolicías Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi y el propio Ramos Padilla.

Lo acusaban de haber actuado “en evidente incompetencia, a efectos de obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas como las conocidas como causa de los cuadernos o la causa de los contenedores, desacreditando a aquellos que se acogieron a la ley del arrepentido”, precisa Ramos Padilla en su escrito.

 

El magistrado está acusado de recibir una coima de USD 10 millones para beneficiar al ex secretario de los Kirchner.

 

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ordenó las primeras medidas de prueba para analizar si el juez federal Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño y debe ser removido de su cargo.

En el debate se acordó no convocar a declarar por el momento a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, que aseguró que Rodríguez recibió una coima de USD 10 millones para beneficiar a su difunto esposo y ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz.

El encuentro fue presidido por el senador peronista Miguel Pichetto y Diego Molea fue el miembro informante en representación de las cinco denuncias presentadas contra el juez: dos de la Coalición Cívica, dos del abogado Ricardo Monner Sans, y una del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Se votó solicitarle al Banco Central un informe sobre los movimientos que se registraron en las cuentas y en las tarjetas de crédito del magistrado e incorporar al expediente disciplinario una copia certificada de la declaración de Pochetti.

También se le girará un oficio a la Cámara Federal para conocer los motivos por los cuales Rodríguez fue apartado de la causa sobre la sucesión de Muñoz.

También se solicitará autorización para acceder a la declaración jurada de Rodríguez, se requerirán a la Dirección de Migraciones datos sobre los viajes realizados por el magistrado y su familia, y se incorporarán informes de dominio de inmuebles y automotores del grupo familiar del juez.

“Se decidió unificar todas las denuncias. Por parte de este organismo, los tiempos van a ser los más rápidos posibles. Ya hemos dado hoy una clara demostración de ello. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que el Consejo no tiene potestades jurisdiccionales como para llevar una causa penal, pero sí puede recibir declaraciones juradas”, precisó Molea luego de la reunión.

También se abrió una causa penal para investigar si Rodríguez recibió la coima denunciada por Pochetti.