El proyecto establece que el bastón y la banda presidencial deben ser entregados en el Congreso o en la Casa Rosada, solo si ambas partes llegan a un acuerdo.

 

En una sesión especial, el Senado debatirá el proyecto de ley que regula la transición del Gobierno y el traspaso de los atributos presidenciales, además de la iniciativa sobre Economía del Conocimiento, ya sancionada por Diputados.

El tratado del proyecto que pretende regular el traspaso presidencial entre el mandatario saliente y el entrante tiene hora de convocatoria a las 14. Además, en el temario de la sesión especial también fue incluido el proyecto de Ley que crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que podría convertirse en ley.

El Senado también legislará sobre el proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social por un año a la cadena de producción de cítricos en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, en revisión en Diputados.

Entre otros temas que fueron incluidos en la cita de hoy figuran un proyecto sobre Seguridad de Presas y Embalses, la creación del Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar, otro sobre Reconversión Productiva Agropecuaria y uno, en revisión, sobre derechos de faros y balizas.

También se incluyó una iniciativa ya aprobada en Diputados para permitir a los conductores circular con el comprobante del seguro en el celular y otro sobre presupuestos mínimos para mitigación del cambio climático global.

La iniciativa prohíbe conductas o expresiones «verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia» de las mujeres.

 

El Senado convirtió en ley el proyecto que determina que el acoso callejero es una forma de violencia contra la mujer. Además, dio media sanción a otro que establece la ilicitud de la violencia política.

Respecto acoso callejero, de manera unánime los legisladores aprobaron la modificación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para así incluir la tipificación de esta conducta.

El proyecto establece penas contra las ofensas a las mujeres que tengan lugar “en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales” y la define como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

El acoso callejero comenzará a formar parte de artículo 6 de la ley, el cual define las distintas formas a través de las cuales se manifiestan los distintos tipos de violencia contra la mujer. La violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstetricia y mediática son las que ya se encuentran contenidas en el mismo.

También se establece la implementación de una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.

 

Fue sancionada con 48 votos a favor y 2 en contra. El proyecto permite a las empresas hacer aportes.

 

En una sesión muy poco habitual de Semana Santa, el Senado logró la media sanción al proyecto que modifica el financiamiento de los partidos políticos.

Con las votaciones de Cambiemos y un sector del PJ la aprobación se concretó con 48 votos a favor y dos en contra. Cristina Kirchner y su bloque no votaron

La iniciativa aprobada por el Senado que modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos no sólo levantó la prohibición que actualmente tienen las empresas para realizar aportes de campaña sino que, además, establece un marco regulatorio para la propaganda en sitios web y redes sociales.

Entre sus puntos principales, el proyecto autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña por hasta el 2% del total de gastos autorizados y señala que los aportes en dinero sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario.

Quien concrete el aporte deberá acreditar su identidad y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido que recibe el aporte quién fue la persona que lo efectuó.

Además, la iniciativa también modifica la lista de prohibiciones al agregar que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas “imputadas en un proceso penal”, quienes no están incluidos en el listado de la ley actual.

En la Ley de Financiamiento también se incorpora el “registro de cuentas oficiales” de redes sociales de partidos y candidatos, que será elaborado por la Cámara Nacional, y regula la publicidad en medios digitales con recursos públicos.

E indica que “del total de los recursos públicos” destinados a publicidad digital “al menos un 35%” deberá destinarse a sitios periodísticos de producción nacional y “al menos otro 25%» a los de producción provincial. Por otra parte, el proyecto reduce a la mitad el espacio gratuito cedido por los medios audiovisuales para propagando electoral: actualmente es el 5% del tiempo total de programación pero a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado «pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Otra de las novedades que introduce el proyecto son los aportes en especie: son los que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

 

El bloque peronista se comprometió a que 15 de sus miembros bajen al recinto. El proyecto de ya sufrió varias postergaciones, y ahora llega al recinto con modificaciones.

 

Tras varias modificaciones, se estima que este martes el Senado debata el proyecto de financiamiento de las campañas políticas, que habilita los aportes de personas jurídicas (empresas) y prescribe la bancarización de las donaciones, para darle mayor transparencia al sistema.

Si bien las dudas pasaban por completar el quorum, la reunión entre la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto, el PJ se comprometió a completar el quorum con 15 senadores, aunque el bloque estaría dividido.

Si bien el proyecto ya sufrió varias postergaciones, y el dictamen de mayoría llega al recinto con modificaciones. En lo fundamental, se va hacia un sistema mixto (dinero público y privado) de financiamiento de las campañas. El caso de los cuadernos de las coimas y los aportantes truchos de Cambiemos pusieron bajo sospecha la cuestión. Pero se impondrá un tope al aporte de los privados, y sólo podrá financiar una empresa hasta el 2% de los gastos autorizados por la Justicia para esa campaña.

La iniciativa incluye la obligatoriedad de destinar el 60% de la publicidad digital de la campaña, a medios nacionales (35%) y provinciales (25%) generadores de contenidos. Este punto es un reclamo de asociaciones periodísticas como ADEPA, ante la crisis del sector en la era de la reconversión digital. Un alto porcentaje de la publicidad termina en plataformas como Google y Facebook y estos gastos se pagan en el exterior simplemente con una tarjeta de crédito, fuera de los controles de gastos, dicen los impulsores de esta obligatoriedad para beneficiar “a los medios nacionales”.

También se discutirá si se levanta la prohibición de que los sindicatos puedan aportar a las campañas, como propone el sindicalista petrolero y senador neuquino, Guillermo Pereyra. Sabiendo que los sindicatos volcarán sus aportes al PJ, Cambiemos lo rechaza, mientras que el PJ se muestra se acuerdo. Fue uno de los puntos cuya disidencia contribuyó a frenar hasta ahora el avance de la ley.

Un sector de la oposición, como la senadora rionegrina Magdalena Odarda, y el bloque cristinista, insistirán con la prohibición a los privados de poner plata en las campañas. Consideran que el gasto debe ser afrontado enteramente por el Estado.

Por ser una ley electoral se necesita una mayoría especial de 37 votos en el Senado, y si se aprueba, de 129 en Diputados, donde luego se trasladará la discusión. Allí también hay diferencias entre bancadas, y al interior de alianzas como la propia Cambiemos, donde Elisa Carrió rechaza el aporte electoral de los privados, en coincidencia con los K.

 

Tal como lo había anticipado la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, la ex diputada fue acusada de violar los artículos 239 y 241 del Código Penal, delitos tipificados como atentado y resistencia a la autoridad.

El Senado denunció ante la Justicia Federal a Joanna Picetti por haber interrumpido el discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias el último viernes ante la asamblea legislativa. La mujer habría vulnerado todos los controles de seguridad para ingresar al recinto de la Cámara de Diputados.

Con la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, la denuncia contra Picetti quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadio y se la considera penalmente responsable de violar los artículos 239 y 241 del Código Penal, delitos tipificados como atentado y resistencia a la autoridad.

Según el escrito, la mujer “se introdujo dolosamente en el recinto legislativo con la intención de interrumpir el discurso presidencial y perturbar el normal desarrollo de la sesión inaugural” del 137 período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

El artículo 239 contempla penas de prisión de 15 días a un año “al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”. Mientras que el 241, en tanto, castiga con penas de 15 días a seis meses a quien perturbe el normal funcionamiento de las sesiones legislativas.

Se trata de una exfuncionaria de AySA que reportaba al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que fue candidata a diputada nacional en 2017 por Cambiemos. Sin embargo la propia coalición oficialista le impidió asumir la banca luego de que se conociera que había sido denunciada por maltrato infantil contra sus hijos.

Fue aprobado por unanimidad que las suplencias de los jueces se definan por sorteo y será responsabilidad de la Cámara de Apelaciones.

El Senado convirtió en ley por unanimidad el nuevo sistema de subrogancias en el Poder Judicial, que establece que la designación de los jueces se hará por sorteo y que estará en manos de la Cámara de Apelaciones.

La iniciativa fue aprobada por 61 votos a favor y 0 en contra, surgió después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la ley sancionada durante el gobierno anterior, que le daba facultades al Consejo de la Magistratura para nombrar a los jueces subrogantes.

Con esta nueva ley, los jueces deberán cumplir con el requisito de haber sido nombrados magistrados por el mismo grado y por la misma competencia.

El Consejo de la Magistratura será el organismo encargado de elaborar una lista compuesta por secretarios y abogados para que el Senado otorgue luego su aval.

En un momento la ex presidenta y senadora del Frente Para la Victoria, Cristina Kirchner, interrumpió a su par radical Ángel Rozas, para asegurar que “el Consejo se transformó en un organismo corporativo y absolutamente politizado, puede pasar cualquier cosa menos que participe la ciudadanía”.


Las críticas de Cristina fueron en respuesta a los elogios del legislador de la UCR al organismo, al que definió como un lugar “abierto” y con audiencias públicas que pueden ser presenciadas.