La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras y será sorteada por la Cámara Federal.
Dos funcionarios del Gobierno porteño y la presidenta del PRO fueron denunciados por “atentado a la salud pública y sedición”, luego de anunciar ayer el regreso a las clases presenciales en el distrito.
La denuncia fue presentada por la abogada, Valeria Carreras, y acusó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar porteña Carolina Stanley, y Patricia Bullrich, de haber impulsado “una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021”, por el cual el Gobierno Nacional estableció una serie de restricciones para frenar la segunda ola de contagios por coronavirus y decretó la suspensión de clases presenciales durante 15 días.
De acuerdo con la letrada, esto implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por espionaje durante la gestión de Cambiemos, presentó la denuncia contra Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich que será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero, según detalló Télam.
La letrada sostiene en la denuncia que el DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
La letrada asegura que Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen “realizar lo que el DNU prohíbe” como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días. La acusación se refiere, en el caso del jefe de Gobierno porteño, a su presentación ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar un amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
En cuanto a la presidenta del PRO, Carreras manifestó haber incluido a Patricia Bullrich en la denuncia porque había dicho “que presentaría un amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)” con el objetivo de dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también “las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos”.
Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta de atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años, prevista en el artículo 205 del Código Penal y del artículo 230 inciso 2 sobre sedición, a la que le correspondería una pena de 1 año a 4 años. Esto último, argumenta Carreras es por “ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción”.
