Hubo reconocimiento de responsabilidades sobre el tratamiento judicial dado al caso de Olga Díaz, que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género.
Tras varias reuniones iniciadas a raíz de una comunicación de la Defensoría General de la Nación al Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Nacional y Olga Díaz, víctima de violencia de género.
Se reconoce responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial del caso, que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género.
En diciembre de 2017, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de Olga Díaz, denunció que el Estado argentino no actuó de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer, en especial en la tentativa de femicidio sufrida por la víctima el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. Esta falta de protección tuvo lugar pese a que las autoridades estatales tenían conocimiento fehaciente de la situación de riesgo en la que la víctima se encontraba.
Por su parte la defensora general expresó que, con la firma de este convenio, “se ha reconocido el derecho de una víctima que ha salvado su vida milagrosamente. Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad».
Durante la firma del convenio también estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj (como representante del Estado argentino en el caso ante la CEDAW) y funcionarios y funcionarias de dicha Secretaría, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
A partir de este acuerdo entre el Estado y la víctima, el Estado se compromete a brindarle a Olga del Rosario Díaz una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Además, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pone a su disposición un equipo interdisciplinario para brindarle asistencia integral, incluida la asistencia técnica para el acceso a derechos sociales, subsidios o reconocimientos que puedan corresponder a favor suyo y de sus hijos.
Otras medidas en las que se comprometió el Estado para mejorar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia:
1- Elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y el resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.
2- Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias de estos hechos.
3- Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un Protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con este Protocolo se espera una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, a fin de evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las víctimas y minimizar la revictimización de las denunciantes; así como mejorar los canales de diálogo y articulación entre los distintos juzgados que atienden los reclamos.
4- Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste el trámite impartido a esas denuncias.
5- Comunicar el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
La historia de Olga Díaz quien durante 15 años denunció a su ex pero nadie la escuchó. Ahora el Estado debe indemnizarla:
