La medida forma parte de una investigación local en el marco de la causa por la denominada “ruta del dinero K”.

 

Según informó el medio uruguayo Búsqueda, la justicia de Uruguay dispuso el embargo de cinco inmuebles en la ciudad de Carmelo vinculados a Ernesto Clarens, señalado como el financista preferido de Néstor Kirchner y quien fuera uno de los empresarios arrepentidos en la causa por los cuadernos de las coimas K.

Los cinco inmuebles en cuestión son propiedad de una sociedad anónima vinculada al financista argentino.

El embargo, que forma parte de la intervención de la justicia uruguaya en la causa denominada “ruta del dinero K” y que tomó una mayor preponderancia a raíz de la salida a la luz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue dispuesto hace unos días por la jueza Dolores Sánchez, a raíz de un pedido del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco.

Además, el fiscal Pacheco solicitó que Clarens viaje a Uruguay para ser indagado, algo que no ocurrirá hasta tanto termine el proceso judicial en la Argentina.

 

Es por la causa que mantiene presos a los dos empresarios y procesado al ex titular de AFIP.


El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el embargo de los bienes de Cristóbal López de su socio Fabián De Sousa y del ex funcionario K, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa en la que todos están procesados por defraudación al Estado tras la deuda que Oil Combustibles SA, firma del Grupo Indalo.

Si bien los tres ya habían sido embargados por $17 millones, ahora, el listado de bienes se detalla con 70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves de propiedad de Echegaray, López y de Sousa. Además, se destacan más de 78 casas y otros 783 casas y vehículos de la empresa de López y De Souza. Respecto al ex titular de la AFIP se pidió afectar dos propiedades y dos vehículos registrados.

Según consigna Clarín, la medida busca evitar “un deterioro en el valor patrimonial” con el que se debe hacer frente a la medida cautelar dictada en la causa por defraudación al Estado.

Por otro lado, el fiscal también solicitó el embargo preventivo y que se afecten los bienes de las firmas Oil Combustibles, Inversora M &S, Telepiu, Oil Inversora, CPC SA, Ganadera Santa Elena, South Media, entre otras.