La defensa de las víctimas del día de la tragedia, había pedido la recusación del magistrado, Cristian Gasquet.

 

Después de que la defensa de dos de los acompañantes del cantante de cumbia pidiera su recusación, el juez Cristian Gasquet, a cargo de la causa que investiga el accidente por el que Rubén “El Pepo” Castiñeiras está detenido, se apartó del caso.

Ahora, la Cámara de Dolores será la que resuelva si hace lugar a ese pedido.

Marcelo Biondi, abogado de las familias de Abosaleh y Carabajal, las dos víctimas fatales del accidente explicó que el magistrado “dijo que fue imparcial y actuó de acuerdo a la ley, decidió excusarse porque las consideraciones (en la recusación) ponen en duda su imparcialidad para el proceso. Para mí, en realidad, tenía pensado darle la domiciliaria y por eso no daba una pericia médica oficial, que es lo que corresponde. Era una vergüenza que lo hiciera con una pericia de parte”.

“El juez no corresponde que siga, más cuando él mismo considera que está afectada su imparcialidad por todo lo que se expuso en la audiencia”, agregó Biondi en declaraciones a Clarín.

El letrado había pedido la recusación del juez por “no permitir que peritos psiquiatras oficiales de la asesoría pericial, con la participación de los médicos de las partes, se expidan sobre la hipotética enfermedad psíquica que aduce la defensa padece Castiñeiras”.

 

Para el fiscal Juan Pablo Curi, el juez está violando principios constitucionales.

 

En el marco de la causa D’Alessio por supuesto espionaje ilegal y extorsión, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi pidió la incompetencia del juez Alejo Ramos Padilla.

A su criterio, el fiscal considera que el juez está violando principios fundamentales como el del juez natural, el derecho a la defensa y el debido proceso.

Entre sus argumentos, explicó que Ramos Padilla dividió la causa en 28 casos de los cuales “22 ocurrieron en Buenos Aires y otros 6 tienen puntos de contacto con la CABA”, mientras pretende sumar más casos para crear un megaexpediente. Y los 17 indagados, 9 procesados y 5 detenidos todos tienen domicilio residencial o laboral en la Capital.

También, destacó sobre la supuesta extorsión al “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest (quien hizo una maniobra de forum shopping para radicar su denuncia en Dolores) “no existe un solo indicio” que se haya organizado en la jurisdicción de Ramos Padilla, excepto el desayuno entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli en Pinamar. La denuncia de Etchebest abrió la puerta “jurídica” para que exfuncionarios K y empresarios vinculados a ellos se presentaran en Dolores.

Curi también argumentó que las pruebas y trámites que aún restan en el caso deberán ser canalizados “mediante reparticiones situadas en Capital Federal” y en la justicia porteña se tramitan seis causas contra D’Alessio y otras tantas vinculadas a prácticamente los mismos objetos procesales que Ramos Padilla.

Entonces, el fiscal consideró que la causa debe investigarse en los tribunales Retiro porque quedó “ampliamente demostrado” que la presunta asociación ilícita “operaba principalmente” en la ciudad de Buenos Aires y el exempleado de la AFI y empleado de D’Alessio, Rolando Barreiro atestiguó que “nunca operaron” en jurisdicción de Dolores.

El planteo será analizado por Ramos Padilla y, en caso de rechazo, irá en queja a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

 

El exmagistrado cobra casi $ 300 mil y es el mejor pago de la Provincia. Cobra tres veces el salario actual de bolsillo de la gobernadora Rosana Bertone.

 

Ya jubilado, un juez de la provincia de Tierra del Fuego demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar la suma de su jubilación.

E exjuez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, percibe un haber de $ 273.199 mensuales, y ahora solicita cobrar, por lo menos, $ 333.225, confirmaron fuentes judiciales y del organismo previsional fueguino.

El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial porque el abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el año 2000, a los 59 años, y había aportado a la Caja Previsional durante apenas cinco años y dos meses, añadieron los informantes.

Pero el juez se acogió a una ley de “jubilación anticipada” que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de aquella época por magistrados afines al ex gobernador peronista Carlos Manfredotti.

Desde la Caja de Jubilaciones señalaron que Hutchinson aportó “durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos diez veces sus aportes a la Caja”, sin embargo, el exmagistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en «emergencia» a partir de la asunción de la gobernadora justicialista Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagaban en cuotas.

Como consecuencia de ello, la Legislatura provincial sancionó una serie de leyes que establecieron aportes adicionales para los trabajadores en actividad (en primer término y hasta fines de 2017) y solo para los funcionarios provinciales a partir de 2018.

Las normas vigentes en los últimos dos años (la emergencia caduca a fines de 2019) fijaron un aporte adicional del 12% para los jubilados que hubieran aportado menos de diez años al sistema, y que percibieran haberes que «superen en un 50% el sueldo del gobernador de la provincia».

Además, se estableció otro aporte permanente que se calcula como el 15% del monto que perciban por encima de la remuneración del gobernador.

El ex magistrado planteó una demanda ante el Superior Tribunal que antes integraba y solicitó el cese de las retenciones “a través de una medida cautelar pero también el cobro de las diferencias no percibidas desde enero de 2016 hasta el dictado de una sentencia”, indica el escrito judicial al que publicó Télam.

 

El magistrado Luis Carzoglio indicó que dos supuestos espías lo apretaron en su despacho de Lomas de Zamora.

 

El juez de Lomas de Zamora Luis Carzoglio denunció que recibió “intimidaciones y aprietes” de parte de la AFI por no aceptar el pedido del fiscal Sebastián Scalera para detener a Pablo Moyano, acusado de corrupción en Independiente.

“Fui visitado oportunamente por dos personas que se dijeron miembros de la AFI, el Doctor Juan Sebastián De Stefano y el contador Fernando Di Pasquale, que vinieron demostrando el interés del presidente de la Nación de detener a Pablo Moyano”, señaló Carzoglio en A dos voces.

El magistrado reconoció que ese contacto “no fue repentino” sino que en agosto del año pasado “se comunica un fiscal de Lanús con uno de mis auxiliares, Mariano Albanese, y le dice que tiene que hablar con él. Mariano me plantea la situación y le digo que debe ser para ofrecerle un trabajo. A la hora y media volvió tambaleando, y me contó que el fiscal se le metió en el auto y le dijo que no le cuente a nadie de esa charla, porque el Presidente quería hablar conmigo”.

“A los dos o tres días se contacta el doctor De Stefano por Whatsapp y quedamos en reunirnos en mi juzgado, lo que se concretó unos días después, que vino con el contador Di Pasquale. Ambos se identificaron como miembros de la AFI, algo que nunca corroboré”, detalló y confesó que los supuestos agentes de inteligencia le dijeron que “el Presidente está interesado en detener a Moyano. ¿Usted qué quiere?”.

Por otra parte, Carzoglio se defendió de quienes lo acusan de tener relación política con Pablo y Hugo Moyano. “No tuve contacto. Incluso presenté un habeas corpus por una supuesta comunicación o reunión con ellos. Pero se nos informó que no había ninguna causa sobre este tema”, cerró.

El magistrado de Corrientes acusado de beneficiar a narcotraficantes.

 

A través del decreto 141/2019, el presidente Mauricio Macri le aceptó la renuncia al juez de Corrientes Carlos Dávila, acusado de beneficiar a narcotraficantes.

De esta manera, el magistrado renuncia como Juez Federal de Primera Instancia y de esta forma el magistrado se quedó sin fueros, por lo que su detención es inminente.

Soto Dávila, está procesado como jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero a narcos a cambio de dictar resoluciones judiciales en favor de una banda que operaba en Itatí.

La organización narco que el juez protegía ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. La Justicia contabilizó, al menos, una decena de casos de sobornos.

El magistrado está acusado de recibir una coima de USD 10 millones para beneficiar al ex secretario de los Kirchner.

 

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ordenó las primeras medidas de prueba para analizar si el juez federal Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño y debe ser removido de su cargo.

En el debate se acordó no convocar a declarar por el momento a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, que aseguró que Rodríguez recibió una coima de USD 10 millones para beneficiar a su difunto esposo y ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz.

El encuentro fue presidido por el senador peronista Miguel Pichetto y Diego Molea fue el miembro informante en representación de las cinco denuncias presentadas contra el juez: dos de la Coalición Cívica, dos del abogado Ricardo Monner Sans, y una del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Se votó solicitarle al Banco Central un informe sobre los movimientos que se registraron en las cuentas y en las tarjetas de crédito del magistrado e incorporar al expediente disciplinario una copia certificada de la declaración de Pochetti.

También se le girará un oficio a la Cámara Federal para conocer los motivos por los cuales Rodríguez fue apartado de la causa sobre la sucesión de Muñoz.

También se solicitará autorización para acceder a la declaración jurada de Rodríguez, se requerirán a la Dirección de Migraciones datos sobre los viajes realizados por el magistrado y su familia, y se incorporarán informes de dominio de inmuebles y automotores del grupo familiar del juez.

“Se decidió unificar todas las denuncias. Por parte de este organismo, los tiempos van a ser los más rápidos posibles. Ya hemos dado hoy una clara demostración de ello. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que el Consejo no tiene potestades jurisdiccionales como para llevar una causa penal, pero sí puede recibir declaraciones juradas”, precisó Molea luego de la reunión.

También se abrió una causa penal para investigar si Rodríguez recibió la coima denunciada por Pochetti.

 

El magistrado está acusado de recibir 10 millones de dólares para proteger al ex secretario privado de Néstor Kirchner. La manifestación será el 28 de febrero en el Consejo de la Magistratura.

 

A través de las redes sociales y bajo la consigna “Sin Justicia no hay República”, se realizará una convocatoria para el próximo 28 de febrero en pedido de la destitución del juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima de 10 millones de dólares para proteger a Daniel Muñoz.

La marcha que se llevará a cabo en Viamonte y Libertad apunta a “concientizar a la sociedad acerca de la importancia de contar con una justicia creíble y eficaz”, manifestó el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera.

En diálogo con Infobae, Lipera señaló que el trabajo de las auditorias a los Juzgados Federales iniciadas por la gestión anterior, “son claves para diferenciar a los jueces que trabajaron bien de los que incurrieron en mal desempeño. No todos son lo mismo”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, presentará en los próximos días el pedido de juicio político al juez Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura. “Creemos que la marcha puede ayudar a instalar el tema como una prioridad en la agenda del fortalecimiento institucional”, remarcó.

En total ya son 5 los pedidos de juicio político contra el juez: la Coalición Cívica había presentado una denuncia por mal desempeño el 2 de noviembre después de que el magistrado no avanzara en la investigación por supuesto lavado de dinero sobre los bienes del ex secretario privado de Kirchner. Además de las denuncias comandadas por Elisa Carrió, el abogado penalista Ricardo Monner Sanz también denunció al juez.

Todisco, empresario marplatense, cayó el mismo día que su ex esposa. Sus declaraciones van en la misma sintonía que las de Municoy y Pochetti.»Llego al Dr. Osler por recomendación de mi abogado laboralista, de apellido Cuesta. El llamado de Plo es muy cercano a la presentación mía en la causa que tuvo el Juez Rodríguez. Fue todo muy loco, se dio todo muy rápido. Yo estaba en la clínica con mi viejo, salió lo de los Panamá Papers, y es ahí cuando recibo ese llamado. No me pareció muy inteligente tener el mismo abogado que Pochetti. Fueron tiempos difíciles, porque pasé de tener perfil muy bajo a salir en todos los diarios».

Con la consigna “Sin Justicia no hay República” también se suman al pedido de destitución de Rodríguez y a la marcha del #28F abogados constitucionalistas como Daniel Sabsay, Eduardo Gerome, Daniel Roggero por Usina de Justicia, entre otros.