La constructora brasileña, que admitió el pago de sobornos, está suspendida en el registro de constructores. Alegó “discriminación” frente a otras firmas investigadas por la Justicia.

La constructora brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino. En su acusación sostiene que el Gobierno nacional impone un “doble estándar” en la aplicación de sanciones contra ella o contra las empresas locales involucradas en la investigación fundada en los cuadernos de la corrupción, según surge de los expedientes judiciales y administrativos.

Odebrecht planteó que el Estado le impuso una suspensión preventiva en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) a mediados de 2017 y, por lo tanto, le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones. Además reclama que ante empresas locales que admitieron pagos ilegales, actuaron distinto.

Según reconstruyó diario La Nación sobre la base de fuentes oficiales, el Registro suspendió a 20 empresas, por lo menos, desde diciembre de 2015. Entre ellas, Odebrecht, la constructora CPC, de Cristóbal López , y también Isolux (responsable de la construcción de la central térmica de Río Turbio), pero a ninguna firma mencionada en los cuadernos de la corrupción.

La defensa de la constructora brasileña pidió una medida cautelar que cayó por sorteo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, movida que un mes después complementó con la radicación de una demanda.

La primera respuesta de la Justicia, según informa el mismo diario fue contraria a los intereses de Odebrecht. La jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de los cuadernos de la corrupción excedían “el marco del presente proceso”. Pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión -y eventual rehabilitación- en el Registro de Constructores sigue su curso.

Se cree que el financista de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias. 

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el financista Ernesto Clarens, Sergio, Fausto y Fabiana Gotti, entre otros imputados, sean llamados a indagatoria bajo el convencimiento de que utilizaron una estructura societaria y financiera para el lavado de activos por más de U$S 160 millones.

El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini en una causa conexa a la corrupción en la obra pública donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita y fraude al Estado.

Según informa Clarín, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Ernesto Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

El fiscal Pollicita le planteó al juez federal Julián Erolini en su dictamen que “a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa—, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

En ese contexto, Pollicita sostuvo: “se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”.

Según el fiscal ese perjuicio ascendería a “502 millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del hijo mayor del detenido Lázaro Báez, Martín, en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la cual ya fueron enviados a juicio oral su padre y la ex presidenta Cristina Kirchner.

Además, la sala I del Tribunal de Apelaciones revocó la falta de mérito que se había dictado a ex funcionarios de Vialidad Nacional y los procesó por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, entre ellos al ex gerente de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola, según una resolución a la que accedió Télam.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun encomendaron al juez del caso, Julián Ercolini, imprimir “la mayor celeridad a esta causa y, en caso de corresponder”, disponer “la elevación a juicio” de los procesados.

Además, ratificaron los embargos por 2.500 millones de pesos dispuestos por el juez.

Se trata de una parte de la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas del grupo Báez en Santa Cruz durante el kirchnerismo, que quedó en el juzgado de Ercolini luego del envío a juicio oral de la ex presidenta, el detenido Lázaro Báez y otros procesados.

“La vertiginosa irrupción” de Lázaro Báez “como contratista de la obra pública fue contemporánea a la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación. A partir de entonces, el armado de empresas para cumplir los propósitos ilícitos incluyó la constitución de algunas (como Austral Construcciones SA) y la adquisición del control de otras (Kank y Costilla SA, Gotti SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Sucesión de Adelmo Biancalani SA)”, afirmó la Cámara.

Las empresas, indicó la resolución, “eran presentadas en las licitaciones como ‘competidoras’, sorteando reglamentaciones que lo impedían”.

De esta forma, agregó la resolución, “entre muchas otras cosas, se lograban los objetivos defraudatorios preestablecidos”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de Martín Báez, del ex titular de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y de Fernando Butti, ex contador de Lázaro Báez y con roles en distintas empresas del grupo.

Lo mismo hizo en relación a ex funcionarios de Vialidad, como el ex gerente de Administración Sergio Passacantando y el ex subadministrador general Carlos Alonso.

Ercolini había dictado falta de mérito para procesar o sobreseer a otros ex funcionarios y a una integrante de las empresas del grupo Baéz, Myriam Costilla.

Los camaristas revocaron su decisión y procesaron a los ex gerentes de Vialidad Nacional Férgola, Jorge Gregorutti, Gustavo Gentilli y Fernado Abrate, y a la empresaria Costilla.

Para los jueces, hubo una “intervención esencial” en la “concreción del fraude” por parte de “Butti (Austral Construcciones y otras), Martín Báez (Kank y Costilla SA, Austral Construcciones, Loscalzo y del Curto SRL), Julio E. Mendoza (Austral Construcciones SA) y Myriam E. Costilla (Kank y Costilla SA)”.

En la resolución, remarcaron que sus actuaciones no fueron “ni aisladas, ni reducidas a meras operaciones financieras comerciales o societarias, sino enmarcadas en un contexto ya desarrollado que mal podían desconocer, dado su papel”.

Fuente: Télam

Los procedimientos se realizan en Esquel, Trelew y Puerto Madryn. Están involucrados ex funcionarios y empresarios.


Más de 20 allanamientos se realizan este martes por la mañana en las localidades de Trelew, Esquel y Puerto Madryn, todas pertenecientes a la provincia de Chubut. Los procedimientos se llevan a cabo en el marco de una causa por presunta corrupción en la obra pública.

Además, once personas cuentan con órdenes de detención en su contra: ocho empresarios y tres ex funcionarios chubutenses.

Los operativos son un desprendimiento de la causa denominada “El embrujo” y que ya tiene detenidos a 7 personas algunas de ellas vinculadas al gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves.

Entre los detenidos se encuentran Gonzalo Carpintero, exsecretario privado de Das Neves; Pablo Oca, exministro de Economía y Víctor Cisterna, ex ministro coordinador.

Dos de los domicilios allanados pertenecieron a Das Neves y se especula con que la causa llegue a las más altas esferas de la política local.

Durante esta jornada, el Procurador General Jorge Miquelarena y los fiscales que actúan en la causa darán una conferencia de prensa en Trelew.

La medida incluyó el “bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre”, según la resolución.

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la inhibición general de bienes a los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta en una causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor del detenido Lázaro Báez.

La medida incluyó el “bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre”, indica la resolución, según consigna Télam.

La inhibición se dispuso también contra otros investigados en la causa, como la ex procuradora del Tesoro de la Nación en el kirchnerismo, Angelina Abbona. El magistrado debe aún definir la citación a indagatoria de todos los involucrados, pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, mientras tanto ordenó la inhibición “para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa”, según la resolución.

La fiscalía pidió la indagatoria general de los imputados porque se considera que, “desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron” -por acción u omisión- “al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.

El pedido se hizo en la causa donde ya fueron enviados a juicio oral por “asociación ilícita” y otros delitos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los detenidos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido; su ex segundo, José López; y Báez, entre otros procesados. En total, se pidió citar a 36 acusados.

El juez Ercolini tendrá que resolver si acepta citar a los ex gobernadores Acevedo, Sancho y Peralta; y a los ex ministros de Economía y Obras Públicas, Luis Villanueva, Juan Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Robles, Roberto Ivovich, José Blassiotto y Edgardo Valfré. También se pidió citar a ex funcionarios de la Administración General de Vialidad santacruceña, a integrantes -junto a Abbona- del Tribunal de Cuentas y a profesionales del grupo Báez.

Afirmó que “nunca” recibió “dádivas” por parte de ningún proveedor y que todas las contrataciones fueron hechas “en el marco de la normativa vigente”


El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli rechazó este jueves todas las acusaciones en su contra en el marco de la causa por irregularidades en los contratos de obra pública por 117 millones de pesos a la empresa encargada de construir nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

Tras ser citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, el ex funcionario presentó un escrito en el que detalló que “todas las contrataciones” durante su gestión, fueron realizadas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los Organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”.

La causa apunta a que con tales maniobras en las que se involucró también al ex ministro de Salud provincial Alejandro Collia, Scioli quiso beneficiar al empresario Ricardo Miller, que le alquilaba y luego compró una posada a metros de La Ñata, la residencia ubicada en el Tigre. Esta entre otras irregularidades “demuestran un claro interés para beneficiar a la empresa de Miller”, describe Garganta en su resolución.

En este sentido, Scioli negó toda alteración en “el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado” al tiempo que explicó que “dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso”

“Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi periodo como Gobernador, como se me imputa haberlo hecho“, aclaró.

El ex mandatario provincial argumentó con respecto a La Ñata: “Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial”.

Y continuó: “Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación”.

El ex gobernador insistió en esclarecer que todos los contratos fueron expedidos legalmente ya que los mismos “estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”. En tanto, aseguró que nunca influyó sobre “ningún funcionario para favorecer proveedor alguno“.

Por último, finalizó: “Es mi deber como hombre de la democracia responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existiesen“.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), sorteado esta semana para organizar el proceso oral por el direccionamiento a Lázaro Báez de los contratos en Santa Cruz, le cedió el caso al TOF 9. Además de la ex presidente hay varios ex funcionarios implicados. Todo parece indicar que se juzgará como una megacausa por corrupción.

Según publicó Clarín, el Tribunal Oral Federal 2, que recibió la semana pasada la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez donde Cristina Kirchner está acusada por asociación ilícita, determinó que el expediente quede en el TOF 9: el mismo que tiene a su cargo el juicio por lavado de activos (conocido como “la ruta del dinero K”).

“Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos, pues la imputación que pesa sobre Lázaro Báez” en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K donde se comprobaron maniobras de blanqueo por 60 millones de dólares, “porque resulta más grave que la efectuada en estas actuaciones”, expresó el TOF 2 en su resolución.

El TOF 9, integrado por los magistrados Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, también aguarda que se eleven a juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces. Si el tribunal utiliza el mismo criterio empleado y las causas confluyen en un mismo lugar, todo indica que se formará un mega juicio por maniobras de corrupción con más de 20 imputados.

El TOF 2, además, planteó que no sólo por ser “más compleja” la causa por lavado debía el tribunal 9 recepcionar la causa por el direccionamiento de la obra pública, sino también porque la Cámara Federal porteña estableció la conexión entre dichos expedientes.

Los integrantes de la Sala II plantearon que la defraudación en la obra pública “constituiría el ilícito precedente y el origen de los fondos cuya introducción al mercado legal se le atribuye bajo la figura del delito de lavado de activos” que ya tiene el TOF 9.

El jefe de Gabinete aseguró que “todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley”, al ser consultado sobre la decisión del juez federal Julián Ercolini de elevar a juicio oral y público la causa de la Senadora por fraude con la obra pública.

La elevación a juicio oral y público del juez Ercolini para Cristina Fernández de Kirchner hizo rápidamente que desde el Gobierno aseguraran que ese tipo de decisiones van por vía judicial y no política.

El funcionario además dijo que “no” tiene “una opinión” al respecto, al considerar que “es un tema judicial”, en referencia a al pedido que junto a la ex mandataria involucra al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.

De todos modos, sostuvo que “lo importante es que entremos en la normalidad de entender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”, en declaraciones formuladas durante una conferencia de prensa que ofreció en el Centro Cultural Kirchner, tras participar de la reunión del gabinete ampliado, que encabezó el presidente Mauricio Macri.

Asimismo, Peña aclaró que “cuando se trata de una ex presidente”, como este caso, considera que se debe dar “el debido proceso con la mayor transparencia posible para garantizar su derecho” a la defensa.