Además, la monja Inés Aparicio fue acusada del delito de encubrimiento y se pidió una condena de dos años. También se solicitó que se decomise el dinero para un fin público.

 

Tras afrontar los alegatos en contra del exsecretario de Obra Pública José López por la causa de los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento para esconderlos en localidad bonaerense de General Rodríguez, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió seis años de prisión para el exfuncionario y dos para la monja acusada de encubrimiento.

La monja Inés Aparicio, una de las religiosas del convento que ayudó a López a ingresar los bolsos con dinero, fue acusada del delito de encubrimiento. “Le dio auxilio a López para esconder los bolsos en el convento. Un convento de monjas es un lugar perfecto para ocultar los bienes de un ilícito”, dijeron los abogados. Se trata de la religiosa que se ve en las imágenes entrando los bolsos que el ex secretario llevó al convento.

También se solicitó que se decomise el dinero para un fin público. Los abogados de la OA concluyeron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 reclamando condena para otros cinco acusados del caso más la absolución de un sexto involucrado.

El organismo dio por probado que los nueve millones de dólares con los que fue detenido, su casa de Dique Luján -en el partido de Tigre- y un departamento en la calle Las Heras al 2000 fueron producto de un enriquecimiento ilícito. Por eso pidieron la pena máxima, que sea condenado a perpetua para ejercer cargos públicos junto al pago de una multa del valor total del dinero y de las propiedades.

Por otra parte, la OA también solicitó una condena para otros cinco acusados: María Amalia Díaz, ex esposa de López (cuatro años de prisión); para los empresarios Andrés Galera (tres años), Eduardo Gutiérrez (dos años y ocho meses) y Carlos Gianni (tres años).

Están acusados de ser los testaferros de López y su esposa en las propiedades. Mientras que para el abogado Artemio Marconi se requirió la absolución por falta de pruebas.

 

Había estado preso cinco días en marzo y beneficiado por un hábeas corpus.

 

La Justicia de Brasil solicitó este miércoles que el expresidente Michel Temer regrese a prisión en la causa por corrupción, quien en marzo había sido beneficiado con un hábeas corpus.

Temer, de 78 años, quien le entregó la banda presidencial a Jair Bolsonaro el 1° de enero, había sido arrestado en San Pablo el 21 de marzo pasado y trasladado a Río de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la mega operación Lava Jato contra la corrupción.

El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014, cuando era vicepresidente en el gobierno de Dilma Rousseff, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río.

Si bien el 24 de marzo Temer fue liberado luego de que un juez de segunda instancia considerara que no existían motivos legales para mantenerlo preso hasta el proceso, ahora otra corte decidió, por dos votos contra uno, que el ex mandatario debe volver a prisión.

El presidente de ese tribunal, Abel Gomes, negó el hábeas corpus para Temer y para el coronel Joan Baptista Lima Filho -amigo personal de Temer y apuntado como testaferro de la trama corrupta- por considerar que las prisiones preventivas para ambos estaban bien fundamentadas, según informó el diario Folha de Sao Paulo en su sitio web.

 

El abogado está acusado de “corrupción y promoción de la prostitución” de 10 jóvenes de 15 y 16 años entre 1970 y 2010.

 

Los fiscales Lisandro Beherán y Martina Cedrés pidieron 25 años de prisión para el abogado Gustavo Rivas, acusado de “corrupción y promoción de la prostitución” de 10 adolescentes de 15 y 16 años entre 1970 y 2010 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Los letrados hicieron el pedido en los alegatos de clausura ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, en el proceso oral pero no público que comenzó el 1 de abril, tuvo más de 100 testigos y tendrá el 22 de mayo el adelanto de la sentencia.

Por su parte, una de las representantes de los denunciantes, la abogada Estela Esnaola pidió siete años de prisión, mientras que durante la segunda jornada de alegatos, que también contará con la presentación del abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado, el letrado querellante Alfredo Vitale pedirá una pena de siete años y medio.

Durante 12 audiencias, que se desarrollaron sin público, declararon más de un centenar de testigos ante los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Deruri.

Fue sentenciado por la Justicia de Rosario, tras quedarse con más $80 mil de una mujer con quien había iniciado una relación amorosa. 

 

La Justicia de Rosario condenó a Javier Bazterrica, quien es conocido como «El Gigoló», a un año de prisión de suspenso por estafar a una mujer oriunda de esa ciudad a la que en medio de una relación amorosa despojó de $82 mil.

Según publicó el diario El Ciudadano, el juez Juan José Alarcón condenó a Bazterrica por simular ser rico y de esta manera conquistar a una mujer, engañarla y quedarse con 82 mil pesos. María Fernanda Vergara lo denunció en 2013 y el Gigoló fue procesado por la jueza Delia Paleari en 2016.

Por su lado el fiscal Guillermo Corbella había pedido 3 años de cárcel, mientras que la querella, representada por los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, habían reclamado el máximo de pena, que es de 6 años, según lo trascendido.

En la sentencia, se indicó que Bazterrica “desplegó un ardid sustentado en la tenencia de riqueza familiar” con el que engañó a la denunciante, una mujer llamada María Fernanda, y a su familia.

Además, se señaló que el Gigoló “hizo que le confiaran la custodia del dinero, parte del cual fue a parar a las arcas del imputado”, según la información difundida en el diario La Capital.

Bazterrica, objeto de varias denuncias del mismo tono por parte de mujeres, había ganado su apodo en 2015 al irrumpir en los medios de comunicación luego de que se conoció que una de las supuestas damnificadas es una hermana del bailarín y coreógrafo Flavio Mendoza.

Si bien se trató de una fama efímera en los medios, donde llegó a popularizar llamativas frases como “all the night”, aún realizaba “presencias” en boliches porteños.

 

El máximo tribunal decide el futuro judicial y político del líder de las encuestas para las elecciones presidenciales de este año.


El Supremo Tribunal de Brasil decidirá este miércoles si el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva continúa en libertad o si se hace efectiva su condena a 12 años de prisión y un mes en el marco de la causa por corrupción política “Lava Jato”. Este fallo es clave ya que tendrá un enorme impacto en las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse en octubre, en las que Lula es el principal candidato.

Tras ser condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras, la defensa del ex mandatario presentó un recurso de “habeas corpus” para evitar su encarcelamiento hasta que el caso sea cerrado en todas las instancias judiciales.

Si este recurso es aceptado, Lula podrá continuar con la precampaña y alargar el proceso a dos instancias más tras esta segunda instancia: ante el Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte del país para asuntos no constitucionales, y finalmente ante el propio Tribunal Supremo. Si es rechazado, lo arrestarían en breve.

Las encuestas brasileñas apuntan a que el ex presidente acumula un 36% de intención de voto y que es el favorito para ganar un tercer mandato en las elecciones del 7 de octubre. Su situación judicial podría general un estallido político en Brasil, de hecho, este martes miles de personas se manifestaron en las calles tanto en contra como a favor del líder popular, en un contexto de apoyo de las clases más pobres y de furia social por los diferentes episodios de corrupción que agitan al país desde hace años.

Lula se declara inocente en este proceso y en los otros 6 que enfrenta por otros delitos los que atribuye a una operación en su contra para evitar que vuelva al poder. Sin embargo, la Justicia insiste en su culpabilidad. Un tribunal de apelación confirmó en enero una condena de 2017 que dictaminó que Lula aceptó la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con Petrobras.

Respecto a su candidatura, esta la deberá definir el Tribunal Superior Electoral (TSE) que deberá emitir un fallo formal – que no sucederá hasta agosto – habilitando al ex mandatario a presentarse en los comicios. Por el momento, la llamada ley de “Ficha limpia” se interpone con su aspiración presidencial ya que para ser candidato el Lula debe tener su “expediente limpio” y su condena se lo impide.

Maximiliano Rusconi, quien hace algunas semanas abandonó la defensa de Lázaro Báez, sostuvo que el Poder Ejecutivo presiona  a la Justicia.


Maximiliano Rusconi, abogado defensor de Julio De Vido, consideró que está en marcha un «plan de ilegítimo encierro de funcionarios del gobierno anterior» y afirmó que el exministro de Planificación Federal «no se encuentra en prisión por un delito, ya que no hay una sola sentencia que confirme que él haya cometido un ilícito penal».

«En los últimos días la comunidad jurídica de nuestro país fue testigo de una de las más espectaculares presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que se haya visto en democracia. El objetivo fue y sigue siendo ni más ni menos que mantener, cueste lo que cueste, el plan de ilegítimo encierro de funcionarios del gobierno anterior ejecutado con vehemencia digna de mejores causas por el actual gobierno», afirmó Rusconi.

El letrado evaluó que «para la ejecución de este plan no importó si la agresiva y autoritaria presión la ejercía la AFIP, la UIF, la Oficina Anticorrupción u otros orgullosos colaboradores del espanto anti-republicano».

Para Rusconi, esa presión se dio «a través de escritos judiciales expresivos de la mayor ignorancia jurídica que se ha podido observar en las últimas décadas, tapas de matutinos de la máxima tirada anunciando y anticipando los peores infiernos frente a la mera posibilidad de que algún juez decida poner punto final a los suplicios inmorales que sufren los opositores o discursos u opiniones presidenciales imposibles de aceptar ni siquiera en una dictadura».

En una nota de opinión que publicó en el diario Página 12, el abogado señaló que De Vido «hace más de 150 días que se encuentra encerrado en prisión sin razón jurídica alguna que justifique esa inmoralidad, ese alejamiento sin retorno del estado de derecho».

«Una y mil veces es necesario que repitamos, seamos o no escuchados, que Julio de Vido (como otros) no está encerrado por la comisión de ningún delito», agregó Rusconi.

Además, señaló que «hay que decirle al ciudadano de a pie que Julio de Vido no se encuentra en prisión por un delito ya que no hay una sola sentencia que confirme que él haya cometido un ilícito penal».

«Nunca De Vido dio señales de no someterse a la justicia, siempre ha colaborado aportando pruebas o argumentos de su inocencia. En la causa donde fue detenido ni siquiera había sido llamado a indagatoria con anterioridad (algo que no tomaron en cuenta los legisladores de su propio bloque que decidieron un ninguneo vergonzante y con ello colaboraron en el plan de callar una voz técnica y potente y, sobre todo, elegida democráticamente por el pueblo que confiaba en su representación)», subrayó.

Fuente: NA