La ministra de Seguridad Patricia Bullrrich aseguró que buscan minimizar los efectos de las falsas alertas en medios de transporte público.

 

A raíz de la seguidilla de amenazas de bomba en diversos lugares de la Ciudad que se vivió el lunes, el Gobierno estudia modificar el protocolo que se activa ante las falsas advertencias de artefactos explosivos que son realizadas al 911.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrrich adelantó que se están evaluando medidas alternativas para acotar las consecuencias que este tipo de situaciones generan, principalmente, en los pasajeros de trenes y subtes. “Hay lugares donde los protocolos se realizan sin que el edificio se llegue a vaciar. Queremos minimizar el efecto de este tipo de amenazas para que no genere tanto problema en la gente que tiene viajar”, señaló en diálogo radial

 

“Estudiamos medidas que acorten las consecuencias de los problemas que generan las amenazas para tener mayor agilidad. De esta forma, detectar patrones de repetición para actuar rápidamente”, agregó.

En ese sentido, En tanto, la ministra descartó que exista un patrón o una organización detrás de las amenazas de bomba y sostuvo que se trata de «un efecto repetición». «Es gente que no tiene relación entre sí y que padece problemas psiquiátricos», indicó sobre los autores de las falsas llamadas en las que se advirtió sobre la supuesta presencia de explosivos.

Lunes lleno de amenazas

Las estaciones terminales de Retiro y Constitución tuvieron que ser desalojadas a raíz de amenazas de bombas que fueron recibidas poco antes de las 16 a través de la línea telefónica del 911. Casi dos horas más tarde, se reanudó el servicio de todas las líneas.

Los servicios del ferrocarril Roca se encontraron interrumpidos hasta las 17:45 y la estación de Constitución estuvo cerrada.

La línea Mitre, con sus ramales Mitre y Suárez, circularon en forma limitada hasta Colegiales, y el ramal Tigre solo llegó a la estación Belgrano C mientras la brigada antiexplosivos corroboró la inexistencia de elementos peligrosos en el lugar.

Por su parte, el Ferrocarril Belgrano Norte circuló en forma limitada y con demoras entre las estaciones Saldías y Villa Rosa, hasta que las fuerzas de seguridad confirmaron que no hallaron elementos explosivos en la terminal, cuyo hall ya fue habilitado nuevamente.

La amenaza también alcanzó a la línea San Martín, incluso a pesar de que su servicio es limitado y no llega hasta Retiro por las obras que se están llevando adelante para elevar las vías y eliminar los cruces a nivel.

Cerca de las 13 tanto en la Casa Rosada como en el anexo de la Cámara de Diputados recibieron llamadas anónimas en las que se advirtió sobre la supuesta presencia de explosivos, por lo que se comenzó con los protocolos de seguridad correspondientes.

La amenaza se produjo pocas horas después de que detuvieran a un hombre que quiso ingresar armado a la Casa de Gobierno con la excusa de que tenía una reunión con el presidente Mauricio Macri, que resultó ser falsa.

Un juez federal rechazó un recurso de amparo contra la iniciativa del Ministerio que conduce Patricia Bullrich.

El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, rechazó un recurso de amparo presentado por la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos” contra el protocolo oficial de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, reafirmando así su constitucionalidad.

El juez entendió que “el funcionario público al que el Estado dota de un arma para cumplir sus funciones, si se encuentra obligado a usarla, no se defiende de una agresión ilegítima sino que cumple con su deber de hacer cesar una agresión o conjurar una situación de peligro, independientemente de que lo involucre personalmente”.

En su fallo sostuvo también que la denuncia es “parcial, arbitraria e inexacta” ya que “ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona”.

Para Clou, las especulaciones sobre un peligro respecto del futuro accionar de las fuerzas de seguridad cuando apliquen el reglamento cuestionado no guarda relación con su contenido.

“El reglamento respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución n° 34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu”, aseguró.

El juez también dijo que al analizar el reglamento no pudo advertir dónde se encuentra la contradicción con las normas supranacionales que ellos denuncian y señaló que “el reglamento no contiene normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país”.

Alberto Sebastián Ghiorzi y Carolina Arrizabalaga, en representación de la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos”, con el patrocinio del doctor Gabriel Elías Eriberto Ganon, habían interpuesto una acción contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y su titular, Patricia Bullrich, pidiendo que se declare inconstitucional e ilegal la Resolución N° 956/2018 que en su anexo estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad.

Tras este fallo adverso, los denunciantes deberán abonarle los honorarios al del Dr. Geremías I. Mémoli, representante del ministerio demandado, que la Justicia fijó en $100 mil.

Se difundió un protocolo para buscar así la prevención de los abusos sexuales, en una medida sin precedentes en el Argentina.


El arzobispado de Paraná, Entre Ríos, difundió una serie de normas para la prevención de los abusos sexuales en su jurisdicción que incluyen evitar en todo momento el contacto físico con menores o adultos vulnerables, en una medida inédita para el país.

La normativa también prohíbe compartir habitaciones en hoteles, casas u otros lugares, y añade que la confesión debe hacerse en lugares y horarios especificados y la puerta de la sacristía debe permanecer siempre abierta.

Al mismo tiempo, el arzobispado de Paraná difundió un protocolo sobre los pasos que deben seguirse ante una denuncia o sospecha de un abuso cometido por un clérigo, religioso, o cualquiera perteneciente a la institución.

Entre las normas de prevención se añade la prohibición de “realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual delante de menores o adultos vulnerables; poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico; consumir o estar bajo la influencia de alcohol, drogas o utilizar lenguaje vulgar; involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas, y dar o recibir regalos personales o desproporcionados”.

Sobre el contacto físico se advierte: “Si es el menor o el adulto vulnerable quien inicia gestos como un abrazo, la respuesta debe ser sobria, breve y apropiada, y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”.

Y se señala que “un adulto nunca puede permanecer a solas con un menor o un adulto vulnerable en una habitación o ámbito cerrado. Cuando esto no sea posible, la reunión tendrá lugar con la puerta al menos semiabierta o asegurándose de alguna manera la posibilidad de ser vistos en todo momento”.