Es por sondeos recientes que indicaron que hay entre 36 y 46 representantes indecisos respecto a la iniciativa. Apuntan a sumarlos
Sin modificar su artículo central, legisladores de Cambiemos apuntan a alterar lo puntos más conflictivos del proyecto por la despenalización del aborto para así convencer a los representantes que aún no han tomado una postura firme en este tema.
Esta intención de “suavizar” la iniciativa impulsada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que tiene las firmas de 71 diputados, se debe a los resultados de encuestas informales que demostraron que entre 36 y 46 integrantes de la Cámara baja se encuentran indecisos o no quieren dar a conocer su opinión.
Por un lado, el sondeo que realizó la organización Economía Femini(s)ta, a favor de la despenalización, aseguró que hay 46 diputados indecisos o que no manifestaron su postura, al tiempo que Unidad ProVida, en contra del proyecto, indicó que los mismos son 36.
Cambios
De acuerdo a lo publicado en La Nación, los cambios dejarían intacto el punto principal del proyecto, que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal hasta la semana 14 de gestación. De la misma manera, se insistirá en que la práctica sea gratuita e incorporada al programa médico obligatorio.
En cambio, focalizarían en ítems polémicos como el que dispone que una adolescente de entre 13 y 16 años puede solicitar la realización de un aborto con su solo consentimiento, pues “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica”.
Así lo sostienen quienes levantan la bandera de la despenalización, mientras que los legisladores que proponen cambios lo consideraron un punto “muy permisivo” y evalúan reemplazarlo con la condición de que en los casos en los que una menor de edad quiera interrumpir su embarazo, esta deberá contar con el consentimiento de alguno de sus padres o tutor.
Además, plantearían sumar el derecho a la objeción de conciencia, que permitiría que un médico pueda negarse a realizar la práctica por sus creencias religiosas y morales, un proyecto del Ejecutivo enviado el año pasado que, en medio de las exposiciones en el plenario en comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, resulta polémico y centro de críticas.
Sobre esta iniciativa, los legisladores por Cambiemos Sergio Wisky y Facundo Suárez Lastra propusieron incorporarla pero con la condición de que en todo caso, el derecho al aborto esté garantizado para la mujer que decidió realizarlo. “Eso sí, los establecimientos médicos deberán contar en todo momento con un equipo que asegure la interrupción voluntaria del embarazo“, sostuvo Suárez Lastra.
Por su parte, el diputado Wisky argumentó que “la objeción de conciencia es individual, no institucional“, y rechazó la posibilidad de que un nosocomio pueda negarse a practicar abortos.
Asesoramiento
Las modificaciones incluirían la garantía de que la mujer que desee interrumpir su proceso gestacional reciba asesoramiento interdisciplinario para que sea informada acerca de las características de la práctica, con el objetivo de que la decisión sea consciente y responsable.
La diputada Brenda Austin señaló respecto a este punto: “El objetivo no es disuadir a la mujer de solicitar esta práctica, sino que esté informada antes de realizarla. Son todas alternativas posibles para alcanzar una propuesta de mayor consenso. El debate formal en las comisiones en torno a la redacción del dictamen final no comenzó”.
Otras modificaciones
En la otra vereda, el presidente del bloque por el Pro en Diputados, Nicolás Massot, argumentó que la práctica debe mantenerse penalizada, tal cual está establecido en el actual Código Penal. Sin embargo, consideró mínimos cambios como atenuar las penas a la mujer y agravar aquellas que recaen sobre el nosocomio que hizo el aborto y sobre el posible instigador.
“Podemos avanzar en la posibilidad de reducir las penas a las mujeres que en situación de vulnerabilidad o por presión de su pareja debieron abortar. El aborto, como cualquier otra figura penal, contempla atenuantes. Y podríamos subir las penas a los practicadores, cómplices e instigadores de un aborto”, enfatizó Massot.
Y concluyó: “El aborto es un fracaso y a los fracasos se los combate, no se los legaliza“. Se prevé que el proyecto pueda llegar al recinto en junio, ya que todavía quedan cientos de expositores por disertar en el plenario.
