El ingreso de la iniciativa a la Cámara será el próximo 28 de mayo. Ese día se realizarán diferentes actividades en todo el país.

 

El próximo 28 de mayo, cuando se celebre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se tratará en Diputados el nuevo proyecto de aborto.

Así lo acordaron la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito con diputados de diferente extracción política volver a presentar, por octava vez consecutiva, el proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

La iniciativa ingresará al Congreso con algunas modificaciones respecto a la iniciativa que fue rechazada en año pasado en el Senado.

Fuentes parlamentarias confirmaron la reunión entre el colectivo de mujeres y los diputados que promueven la legalización del aborto y que el año pasado fueron los principales impulsores de esta iniciativa que fue votada favorablemente en la cámara baja pero rechazada por el Senado.

Del encuentro participaron la radical Brenda Austin, los kirchneristas Mónica Macha y, Daniel Filmus y Teresa Villavicencio, por Evolución Radical.

Además, que ese mismo día la Campaña entregue el proyecto, también se realizará actividades en todo el país, así como también frente al Congreso nacional.

La intención de las organizaciones y parlamentarios “verdes” es comenzar a firmar en los próximos días la iniciativa y reunir el respaldo transversal de más de 70 legisladores que fue el que alcanzó el proyecto en 2018.

Sin embargo, a diferencia del año pasado, las chances de que el proyecto llegue al recinto no son muy auspiciosas. El año electoral, la poca actividad parlamentaria y la misma composición en ambas cámaras serán escollos difíciles de superar.

La Cámara de Diputados aprobó el 14 de junio por 129 a 125 votos el proyecto a favor del aborto pero el Senado lo rechazó por 38 a 31 votos en la sesión celebrada el 8 de agosto.

La jornada consistirá en una mesa debate acerca de las propuestas, el armado y los contenidos del proyecto presentados por reconocidos médicos y referentes de la ciencia.

 

En una nueva sesión en la Cámara de Diputados, reconocidos médicos y referentes de la ciencia presentarán un proyecto de Ley de Regulación de Embriones no Implantados.

La presentación que será a las 16hs en el segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados, consistirá en una mesa debate acerca de las propuestas, el armado y los contenidos del proyecto. Allí disertará la doctora Stella Lancuba (UBA), presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) y participante del proyecto.

Para Lancuba la Cámara de Diputados tendrá la “oportunidad única e histórica de brindar un gran aporte legislativo y fundamental para la sociedad”. Además, explicó que la criopreservación embrionaria o congelamiento embrionario es una metodología de laboratorio ampliamente establecida en el mundo, que busca aumentar la efectividad de los tratamientos de fertilización asistida y minimizar sus riesgos, tales como el embarazo múltiple y otras complicaciones maternas y de los niños nacidos.

“Como resultante de la falta de un marco regulatorio en el tema, el cual solo puede dirimirse en el ámbito legislativo, se genera incertidumbre en pacientes y equipos médicos para llevar a cabo la decisión de realizar una fertilización asistida cuando el caso lo requiere”, señaló la presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

Fue girado al Senado este lunes con sanciones más duras.

 

El Gobierno presentó este lunes el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.

En 2017, por medio de un decreto firmado por Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.

Pese a que en la Casa Rosada prevalece la resignación acerca de que el proyecto no será sancionado este año, se mantiene la ilusión de que al menos pueda tener media sanción en la Cámara de Diputados.

“Se incorpora al Código Penal lo establecido en más de 900 leyes, se homogeneizan los tipos penales, se agregan nuevos delitos y se incorporan los fallos que sentaron jurisprudencia de la Corte Suprema y los tratados internacionales”, explicó Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión que elaboró el proyecto.

Los puntos más salientes

* Se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos dolosos con violencia

* Se amplía la figura del arrepentido

* Se elevan las penas para el tráfico de armas

* Se propone el decomiso anticipado de bienes de la corrupción: pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

* Aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho

* Se aumentan las escalas penales hasta 20 años para el narcotráfico

* Despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad

*Aborto: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

 

Finalmente, después de las 21 del lunes, el proyecto de ley del Código Penal ingresó a la Dirección de Mesa de Entradas de Proyectos de la Cámara Alta con el fin de que sea destinado a ser aprobado.

El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

El expediente reúne el trabajo hecho por la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación que comenzó a trabajar a principios de 2017 por disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De la Comisión formaron parte magistrados del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del de Seguridad y del entonces Ministerio de Desarrollo.

El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

 

La iniciativa hace hincapié en el cuidado de las víctimas e introduce alternativas de inserción social para que los jóvenes no vuelvan a cometer delitos.

 

El Gobierno presentó este martes el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Así lo anunciaron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y el coordinador general de la comisión Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra.

La reforma incluye a los delitos con penas superiores a los 15 años de prisión. “Es un tema muy importante y una cuenta pendiente de la democracia porque la ley actual es de hace 40 años, una disposición de la dictadura”, precisó Garavano.

Según el escrito, “es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron, a partir de la plataforma Justicia 2020, a más de 3000 expertos y civiles de todo el país”. Una comisión redactora, de la que participó Unicef, preparó las bases del anteproyecto consensuado.

Contiene más de 100 artículos, cuenta con una Justicia especializada para abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; así fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

“Quizás tiene un nombre que no contempla la idea principal que es que haya menos delincuentes y no más presos. Los chicos van a tener un Estado que les va a dar una respuesta para que no sigan con la carrera delictiva”, apuntó Bullrich

Además, los jueces que intervengan en los casos deberán tener formación adecuada y tendrán que trabajar en colaboración con expertos atinentes a la problemática. “Está pensado para delitos de altísima gravedad», agregó Garavano.

El sistema de escalas que establece el Gobierno se basa en las siguientes responsabilidades penales: el adolescente es penalmente responsable desde los 15 años de edad si comete un delito cuya pena máxima posible es de quince años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio o lesiones gravísimas). Y es penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años si comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.

 

“Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado”, señaló el diputado bonaerense de Cambiemos que presentó el proyecto Guillermo Castello.

 

El diputado bonaerense por Cambiemos Guillermo Castello presentó un proyecto de ley que prevé la suspensión y posible quita de planes sociales o cualquier otra “prestación económica por parte del estado” a quienes participen en marchas, piquetes u otras manifestaciones públicas.

“Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes”, señaló el legislador en las redes sociales.

El proyecto dispone la suspensión de los beneficios desde el inicio del proceso penal o contravencional, y su efectiva quita en caso de que los mismos lleguen a una condena firme.

El artículo 2 de la iniciativa indica que estas prestaciones “serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondientes”, mientras que el tercero establece eventual su reinstauración “si la persona humana o jurídica involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a la satisfacción de las víctimas”.

Pese presentar este proyecto, Castello reconoció que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.

 

Es por sondeos recientes que indicaron que hay entre 36 y 46 representantes indecisos respecto a la iniciativa. Apuntan a sumarlos


Sin modificar su artículo central, legisladores de Cambiemos apuntan a alterar lo puntos más conflictivos del proyecto por la despenalización del aborto para así convencer a los representantes que aún no han tomado una postura firme en este tema.

Esta intención de “suavizar” la iniciativa impulsada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que tiene las firmas de 71 diputados, se debe a los resultados de encuestas informales que demostraron que entre 36 y 46 integrantes de la Cámara baja se encuentran indecisos o no quieren dar a conocer su opinión.

Por un lado, el sondeo que realizó la organización Economía Femini(s)ta, a favor de la despenalización, aseguró que hay 46 diputados indecisos o que no manifestaron su postura, al tiempo que Unidad ProVida, en contra del proyecto, indicó que los mismos son 36.

Cambios

De acuerdo a lo publicado en La Nación, los cambios dejarían intacto el punto principal del proyecto, que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal hasta la semana 14 de gestación. De la misma manera, se insistirá en que la práctica sea gratuita e incorporada al programa médico obligatorio.

En cambio, focalizarían en ítems polémicos como el que dispone que una adolescente de entre 13 y 16 años puede solicitar la realización de un aborto con su solo consentimiento, pues “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica”.

Así lo sostienen quienes levantan la bandera de la despenalización, mientras que los legisladores que proponen cambios lo consideraron un punto “muy permisivo” y evalúan reemplazarlo con la condición de que en los casos en los que una menor de edad quiera interrumpir su embarazo, esta deberá contar con el consentimiento de alguno de sus padres o tutor.

Además, plantearían sumar el derecho a la objeción de conciencia, que permitiría que un médico pueda negarse a realizar la práctica por sus creencias religiosas y morales, un proyecto del Ejecutivo enviado el año pasado que, en medio de las exposiciones en el plenario en comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, resulta polémico y centro de críticas.

Sobre esta iniciativa, los legisladores por Cambiemos Sergio Wisky y Facundo Suárez Lastra propusieron incorporarla pero con la condición de que en todo caso, el derecho al aborto esté garantizado para la mujer que decidió realizarlo. “Eso sí, los establecimientos médicos deberán contar en todo momento con un equipo que asegure la interrupción voluntaria del embarazo“, sostuvo Suárez Lastra.

Por su parte, el diputado Wisky argumentó que “la objeción de conciencia es individual, no institucional“, y rechazó la posibilidad de que un nosocomio pueda negarse a practicar abortos.

Asesoramiento

Las modificaciones incluirían la garantía de que la mujer que desee interrumpir su proceso gestacional reciba asesoramiento interdisciplinario para que sea informada acerca de las características de la práctica, con el objetivo de que la decisión sea consciente y responsable.

La diputada Brenda Austin señaló respecto a este punto: “El objetivo no es disuadir a la mujer de solicitar esta práctica, sino que esté informada antes de realizarla. Son todas alternativas posibles para alcanzar una propuesta de mayor consenso. El debate formal en las comisiones en torno a la redacción del dictamen final no comenzó”.

Otras modificaciones

En la otra vereda, el presidente del bloque por el Pro en Diputados, Nicolás Massot, argumentó que la práctica debe mantenerse penalizada, tal cual está establecido en el actual Código Penal. Sin embargo, consideró mínimos cambios como atenuar las penas a la mujer y agravar aquellas que recaen sobre el nosocomio que hizo el aborto y sobre el posible instigador.

“Podemos avanzar en la posibilidad de reducir las penas a las mujeres que en situación de vulnerabilidad o por presión de su pareja debieron abortar. El aborto, como cualquier otra figura penal, contempla atenuantes. Y podríamos subir las penas a los practicadores, cómplices e instigadores de un aborto”, enfatizó Massot.

Y concluyó: “El aborto es un fracaso y a los fracasos se los combate, no se los legaliza“. Se prevé que el proyecto pueda llegar al recinto en junio, ya que todavía quedan cientos de expositores por disertar en el plenario.

La gobernadora presentó el plan de reforma judicial y dio su opinión sobre la situación de la justicia en la provincia.


La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, presentaron este miércoles en la Casa de Gobierno de La Plata la Reforma Integral del Sistema de Justicia para modificar los códigos Penal, Civil y Comercial y Laboral e implementar cambios en la selección de jueces.

La mandataria provincial opinó que «hubo grandes avances en el ámbito judicial, pero todavía no alcanzan». Vidal cuestionó las demoras que tienen los fiscales y los jueces en encarcelar a delincuentes mientras se desarrollan las investigaciones.

«Un abusador no puede estar libre mientras cuestiona al sistema penal«, sentenció la gobernadora. La propuesta de la Gobernación llega tras un informe del Ministerio de Justicia que mostró las graves deficiencias del sistema. Por ejemplo, se informó que  «el funcionamiento del Poder Judicial muestra situaciones difíciles de explicar, como que en un mismo Departamento Judicial hay juzgados con 70 causas al año y otros con más de 2.800».

El proyecto incluye una Ley de Enjuiciamiento a Magistrados para acortar los plazos para los desplazamientos por hechos de corrupción o mal desempeño. Además, contempla una modificación en la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, que tendrán que ir primero a la Escuela Judicial -que será obligatoria y tendrá una duración de entre un año y medio y dos.

Por otra parte, la reforma intenta eliminar algunos de los recursos que tienen los delincuentes para evitar ir a prisión. En el informe se marcó que un abusador puede estar hasta once años fuera de la cárcel a pesar de tener condena en primera instancia, a través de una serie de apelaciones.