Desde el Ministerio de Seguridad lanzaron una iniciativa que propone un cambio del Código Penal.
La exposición estará a cargo del ministro de Justicia, Germán Garavano. Con ella buscan endurecer penas para casos de corrupción, narcotráfico y para los robos por parte de motochorros, entre otros.
Este martes, se presentará en el Senado el proyecto de ley de la reforma del Código Penal que busca actualizarlo ya que rige desde 1921.
La iniciativa, será presentada desde las 14 en el Salón Eva Perón de la Cámara alta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien estará junto con los miembros de la Comisión.
El proyecto, impulsada por el Poder Ejecutivo, será estudiada durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino, informaron fuentes parlamentarias.
Entre los especialistas que estarán en el Senado figuran las máximas autoridades de la Comisión para la Reforma: Mariano Borinsky, presidente; Guillermo Yacobucci, vicepresidente, y Carlos González Guerra, secretario, además de Guillermo Soares Gache, representante del Ministerio de Seguridad, y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
El objetivo principal de la reforma es sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico y para los robos por parte de “motochorros”, entre otros delitos.
Las 244 páginas del proyecto enviado por el Gobierno declaran también la emergencia penitenciaria, despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
A su vez, las reformas incluyen al delito del acoso laboral, castigan la tenencia de pornografía infantil y aplican el seguimiento para hechos como el abuso sexual agravado y de violencia de género.
Principales puntos de reforma:
– Pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.
– Aborto: se le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.
– Mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos violentos como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo.
– Imposibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros.
– Aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.
– Se incorpora la figura de “peligro abstracto” con penas de inhabilitación de 6 meses a tres años para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
– Se exime de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad “que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”.
– Se incorpora un agravante de pena por violencia de género obligando al juez a establecer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.
La diputada Romina Del Plá realizó la propuesta para “avanzar con el debate del IVE.
El proyecto de ley plantea que los locales perciban una tarifa equivalente a media unidad fija. Deberán ofrecer jabón, papel, secamanos y buenas condiciones de higiene.
El tema sería tratado en la sesión del próximo miércoles 8.
Este jueves estaba previsto realizarse el debate para el avance en la “Ley de Góndolas”, sin embargo, la reunión con las comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio y Legislación General, fue suspendida.
“Tenemos el compromiso del oficialismo de acordar un dictamen”, señaló la massista Marcela Passo, titular de Defensa del Consumidor. La semana pasada desde Cambiemos como desde la oposición coincidieron en avanzar con un proyecto unificado.
Así, el plenario para firmar el texto se realizaría en principio el próximo martes 8, un día antes de la sesión en la Cámara de Diputados, en la cual el tema tiene preferencia de ser tratado con o sin dictamen.
En medio del lanzamiento del programa “Precios Esenciales”, en el Congreso se analizan cuatro iniciativas, que pertenecen a Elisa Carrió (CC-ARI), Marcela Passo (FR), Juan Cabandié (FpV-PJ) y José Luis Ramón (Protectora) -tomó la propuesta del dirigente social Juan Grabois y el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera-.
El ingreso de la iniciativa a la Cámara será el próximo 28 de mayo. Ese día se realizarán diferentes actividades en todo el país.
El próximo 28 de mayo, cuando se celebre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se tratará en Diputados el nuevo proyecto de aborto.
Así lo acordaron la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito con diputados de diferente extracción política volver a presentar, por octava vez consecutiva, el proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
La iniciativa ingresará al Congreso con algunas modificaciones respecto a la iniciativa que fue rechazada en año pasado en el Senado.
Fuentes parlamentarias confirmaron la reunión entre el colectivo de mujeres y los diputados que promueven la legalización del aborto y que el año pasado fueron los principales impulsores de esta iniciativa que fue votada favorablemente en la cámara baja pero rechazada por el Senado.
Del encuentro participaron la radical Brenda Austin, los kirchneristas Mónica Macha y, Daniel Filmus y Teresa Villavicencio, por Evolución Radical.
Además, que ese mismo día la Campaña entregue el proyecto, también se realizará actividades en todo el país, así como también frente al Congreso nacional.
La intención de las organizaciones y parlamentarios “verdes” es comenzar a firmar en los próximos días la iniciativa y reunir el respaldo transversal de más de 70 legisladores que fue el que alcanzó el proyecto en 2018.
Sin embargo, a diferencia del año pasado, las chances de que el proyecto llegue al recinto no son muy auspiciosas. El año electoral, la poca actividad parlamentaria y la misma composición en ambas cámaras serán escollos difíciles de superar.
La Cámara de Diputados aprobó el 14 de junio por 129 a 125 votos el proyecto a favor del aborto pero el Senado lo rechazó por 38 a 31 votos en la sesión celebrada el 8 de agosto.
La jornada consistirá en una mesa debate acerca de las propuestas, el armado y los contenidos del proyecto presentados por reconocidos médicos y referentes de la ciencia.
En una nueva sesión en la Cámara de Diputados, reconocidos médicos y referentes de la ciencia presentarán un proyecto de Ley de Regulación de Embriones no Implantados.
La presentación que será a las 16hs en el segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados, consistirá en una mesa debate acerca de las propuestas, el armado y los contenidos del proyecto. Allí disertará la doctora Stella Lancuba (UBA), presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) y participante del proyecto.
Para Lancuba la Cámara de Diputados tendrá la “oportunidad única e histórica de brindar un gran aporte legislativo y fundamental para la sociedad”. Además, explicó que la criopreservación embrionaria o congelamiento embrionario es una metodología de laboratorio ampliamente establecida en el mundo, que busca aumentar la efectividad de los tratamientos de fertilización asistida y minimizar sus riesgos, tales como el embarazo múltiple y otras complicaciones maternas y de los niños nacidos.
“Como resultante de la falta de un marco regulatorio en el tema, el cual solo puede dirimirse en el ámbito legislativo, se genera incertidumbre en pacientes y equipos médicos para llevar a cabo la decisión de realizar una fertilización asistida cuando el caso lo requiere”, señaló la presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Fue girado al Senado este lunes con sanciones más duras.
El Gobierno presentó este lunes el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.
En 2017, por medio de un decreto firmado por Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.
Pese a que en la Casa Rosada prevalece la resignación acerca de que el proyecto no será sancionado este año, se mantiene la ilusión de que al menos pueda tener media sanción en la Cámara de Diputados.
“Se incorpora al Código Penal lo establecido en más de 900 leyes, se homogeneizan los tipos penales, se agregan nuevos delitos y se incorporan los fallos que sentaron jurisprudencia de la Corte Suprema y los tratados internacionales”, explicó Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión que elaboró el proyecto.
Los puntos más salientes
* Se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos dolosos con violencia
* Se amplía la figura del arrepentido
* Se elevan las penas para el tráfico de armas
* Se propone el decomiso anticipado de bienes de la corrupción: pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
* Aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho
* Se aumentan las escalas penales hasta 20 años para el narcotráfico
* Despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad
*Aborto: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso.
Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.
Finalmente, después de las 21 del lunes, el proyecto de ley del Código Penal ingresó a la Dirección de Mesa de Entradas de Proyectos de la Cámara Alta con el fin de que sea destinado a ser aprobado.
El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.
Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.
El expediente reúne el trabajo hecho por la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación que comenzó a trabajar a principios de 2017 por disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De la Comisión formaron parte magistrados del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del de Seguridad y del entonces Ministerio de Desarrollo.
El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.
Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.
La iniciativa hace hincapié en el cuidado de las víctimas e introduce alternativas de inserción social para que los jóvenes no vuelvan a cometer delitos.
El Gobierno presentó este martes el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Así lo anunciaron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y el coordinador general de la comisión Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra.
La reforma incluye a los delitos con penas superiores a los 15 años de prisión. “Es un tema muy importante y una cuenta pendiente de la democracia porque la ley actual es de hace 40 años, una disposición de la dictadura”, precisó Garavano.
Según el escrito, “es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron, a partir de la plataforma Justicia 2020, a más de 3000 expertos y civiles de todo el país”. Una comisión redactora, de la que participó Unicef, preparó las bases del anteproyecto consensuado.
Contiene más de 100 artículos, cuenta con una Justicia especializada para abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; así fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.
“Quizás tiene un nombre que no contempla la idea principal que es que haya menos delincuentes y no más presos. Los chicos van a tener un Estado que les va a dar una respuesta para que no sigan con la carrera delictiva”, apuntó Bullrich
Además, los jueces que intervengan en los casos deberán tener formación adecuada y tendrán que trabajar en colaboración con expertos atinentes a la problemática. “Está pensado para delitos de altísima gravedad», agregó Garavano.
El sistema de escalas que establece el Gobierno se basa en las siguientes responsabilidades penales: el adolescente es penalmente responsable desde los 15 años de edad si comete un delito cuya pena máxima posible es de quince años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio o lesiones gravísimas). Y es penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años si comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.