Tras la polémica que generaron los traslados de los jueces, Germán Castelli emitió una nota crítica hacia el Máximo Tribunal, para manifestar su disconformidad a partir de los «dañinos y perdurables» efectos que tiene la resolución.
Luego de un impase en el caso de los jueces trasladados, el juez Germán Castelli envió una nota crítica a la Corte Suprema donde se refiere al fallo recibido el pasado 18 de octubre donde rechazaron el pedido de traslado «definitivo» presentado hacia el Tribunal Oral Criminal Nº7 de la Ciudad de Buenos Aires por designación del expresidente Mauricio Macri. El magistrado expresó que la resolución fue dictada «sin independencia».
Su caso fue uno de los tantos traslados cuestionados, junto a los de los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, por no contar con el aval del Senado. Castelli fue inicialmente designado como juez titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, donde se desempeñó hasta octubre de 2018, cuando se produjo su traslado.
En la causa “Bertuzzi”, la Corte sostuvo que la “única interpretación posible del sistema de fuentes del derecho argentino es que los traslados no pueden convertirse en un procedimiento para el nombramiento permanente de magistrados” y que los jueces trasladados deberán permanecer en los cargos adonde fueron trasladados hasta que se sustancie el concurso y se cumplan los pasos previstos en la Constitución Nacional.
En ese marco, Castelli sentencia que el rechazo a su medida cautelar fue «funcional al vertiginoso discurrir de los acontecimientos destituyentes». Además detalla que dicha solución, fue «intrínsicamente injusta» y reveló ser en definitiva un «adefesio jurídico que pretendía quedar bien con todas las partes en pugna». Su reclamo se basa en la negación a su derecho de tener un juicio debido a que lo juzgó una persona sin acuerdo de senado donde «se violó la independencia».
Por otra parte, el juez expresa que la Corte se basa en arbitrariedades y fueron permeables a la presión política, en este último aspecto sostiene que si bien Lorenzetti, Maqueda y Rosatti creyeron actuar con prudencia, lo confundieron con «cobardía institucional». Ello importa un nuevo daño institucional profundo a la credibilidad del Poder Judicial. Sobre este último punto, aclara que, si bien el alto tribunal dictó grandes y beneficiosos fallos, en un país con instituciones débiles donde puede echarse jueces por la fuerza, «no deben sobredimensionarse a mi ver esos acertados pronunciamientos cuando luego son dictados fallos nefastos».
En conclusión, Gabriel Castelli volvió a hacer hincapié sobre los fallos “Bertuzzi” y “Castelli” donde han sido dictados «traicionando el mandato de autoridad establecido por el constituyente originario y con efectos institucionales dañinos perdurables», sobre los cuales denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, con el fin de «contribuir de alguna manera en que se siga transmitiendo el antiguo mensaje a las presentes o futuras generaciones de la imperiosa necesidad de mantener viva la llama de la justicia ante cualquier adversidad».
