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Se cumplen 10 años de la muerte de la familia Pomar: la historia de una investigación llena de errores y mentiras

Tras hipótesis descabelladas, finalmente, Fernando Pomar junto a su mujer Gabriela Viagrán y sus pequeñas hijas Candelaria y Pilar murieron por un accidente provocado por el mal estado de la ruta provincial. 

Hace 10 años, la desaparición de una familia en viaje a Pergamino tuvo paralizado al país. Las víctimas fueron encontradas por un campesino 24 días más tarde. Pero lo más resonante del caso fue la insólita investigación que llevó errores, mentiras y hasta se analizaron hipótesis descabelladas. También tuvo dos policías condenados y luego absueltos.

El caso se hizo público tres días más tarde de la desaparición de la familia Pomar compuesta por Gabriela Viagrán, quien agonizó tres días entre los pastizales de la pampa bonaerense, cerca de los cuerpos de su marido Fernando Pomar y sus hijas Candelaria y Pilar, ya sin vida.

Al principio la historia de la desaparición ocupó el espacio de las páginas de Policiales de los diarios, al tiempo que se activó una especie de psicosis de versiones que iban desde un secuestro narco hasta el asesinato del padre a sus hijas y a su mujer, de un ajuste de cuentas a una huida por deudas.

Durante los primeros diez días a partir del 14 de noviembre, la Policía rastrilló tres veces por aire y tres por tierra en la zona donde estaba el auto dado vuelta. La pista de aviones que usó esos días la fuerza para sobrevolar el área quedaba frente a la curva trágica; es decir, todas las veces que despegaron con la ilusión de verlos y aterrizaron sin novedades, les pasaron por arriba.

El 25 de noviembre el despliegue se intensificó y la prensa ya estaba totalmente pendiente del caso.  La Policía rastrilló San Andrés de Giles con 150 agentes. Peinaron ambas márgenes de la ruta 7, durante 43 kilómetros, entre Villa Espil y Carmen de Areco. Encontraron un perro muerto de un balazo que al principio se creyó que era el de la familia y prendas manchadas con sangre.

Ese mismo día se difundieron imágenes del peaje El Rodeo, tomadas el 14 a las 19.49. Se veía a las nenas en los asientos de atrás, una de ellas parada, sin el cinturón de seguridad. En efecto, ninguno lo usó. Esa foto apareció cuatro días después de que se conocieran las primeras pruebas de los Pomar con vida: correspondían al peaje de Villa Espil y fueron registradas a las 20.07.

En esa captura no se distinguía si la familia iba a bordo junto a Pomar. Por un lado, eso confirmaba que entre Rodeo y Espil -un tramo de 20 minutos- ellos recorrieron la distancia en tiempo normal. Por el otro, comenzaron las insólitas hipótesis ya que se difundieron foto del conductor del auto pagando el peaje fue interpretada como “un hombre sacado” y se dijo que existía la sospecha de que él hubiera matado a Gabriela y a las nenas.

Los medios comenzaron a tejer tramas: que la familia está en el país, que Pomar había decidido desaparecer por una deuda con un prestamista que fue a comprar la casa. Incluso una mujer llamó a Juan Carr, de Red Solidaria, y le aseguró que había visto a las nenas en un camping de Senillosa, Neuquén.

El 27 de noviembre ocurrió un hecho que podría haber cambiado la historia: Casimiro Frutos, un albañil que viajaba en un micro hacia Pergamino, llamó al 911 para avisar que unos días antes, precisamente el 16 de noviembre, había visto un auto volcado en la curva de Plazibat, en la ruta 31. El alerta fue remitido a la DDI de Pergamino, donde lo desecharon.

Tres días después de haber visto al auto, volvió a pasar por allí (trabajaba en una planta de Monsanto en la ciudad de Rojas) y el auto seguía en el mismo lugar. Luego se supo que los datos habían sido remitidos como “Información relevante Pomar” a la DDI de Pergamino. Eso le valió el puesto al comisario de esa dependencia.

Finalmente, cuando se encontró el auto, se supo, según la investigación que la muerte de la familia Pomar fue nada más y nada menos que un accidente, provocado, por el mal estado de la ruta provincial. Los vecinos de Gahan, el pueblo más cercano a donde fue hallado el automóvil de la familia Pomar, advirtieron en aquel momento que la ruta provincial 31 era escenario frecuente de accidentes.

Auto de la familia Pomar

Fue el 8 de diciembre de 2009, cuando un campesino que cabalgaba a un costado de la ruta 31 se sintió invadido por un aire putrefacto y así consiguió lo que ni 3.000 agentes dedicados a la búsqueda por aire y por tierra, ni la fiscal Karina Pollice, pudieron con toda la estructura disponible.

Tras la aparición de los cuerpos sin vida de la familia Pomar, 11 policías fueron separados de la fuerza y enjuiciados. A seis de ellos se los acusó de “omisión de los deberes de funcionario público”, pero la causa entró en dilaciones típicas y prescribió sin condenas.

Otros dos agentes sí resultaron condenados en 2017 por falsificar las actas del rastrillaje. Eran los que habían dejado asentado que en la curva de Plazibat no había indicios de los Pomar. Sin embargo, en mayo de 2018 la Justicia de Junín los absolvió.

El fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de esa ciudad, benefició al excomisario Daniel Fabián Arruvito y al exteniente Luis Quiroga. “Se los condenó por no haber visto lo que a criterio del magistrado debieron ver”, sostuvo el fallo de los camaristas respecto de la sentencia de primera instancia por el juez correccional de Pergamino Carlos Picco.

“A las autoridades de entonces les diría que fueron falsos, que si tienen conciencia la culpa la va a llevar toda la vida por mentirle a una madre con mucho dolor y tuvieron la barbaridad de venirse a enfrentar y decirme cara a cara ‘mamá, hemos puesto 3.000 efectivos a su disposición’ y yo te imaginás. Mi hija estuvo tres días con una sobrevida. Quizá no se salvaba pero haberla encontrado en ese momento y haberlas velado hubiera sido otra cosa. ¿Tendrá conciencia esa gente? Se llevan la muerte de una familia”, dice María Cristina Robert, la madre de Viagrán.

El primer capítulo de la causa civil, que tuvo a Roberts y a su nieto Franco Ricabarra (hijo de Gabriela, hoy con 23 años) como querellantes, terminó recién en octubre pasado, cuando la Justicia responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires por el estado de la ruta.

El juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Laserna condenó al Estado bonaerense a una pena económica por los daños psicológicos y morales a la mamá de la víctima y al joven. La causa fue recurrida al Tribunal de Apelaciones, porque ninguna de las partes quedó conforme con la sentencia.

 

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