Lo decidi贸 el juez Ercolini por maniobras en la empresa Agosto S.A y otras del grupo Indalo. Tambi茅n al empresario Osvaldo Sanfelice.


El juez federal Juli谩n Ercolini proces贸 a los detenidos Crist贸bal L贸pez y Fabi谩n De Sousa, y al empresario Osvaldo Sanfelice por presunto lavado de activos en la empresa Agosto SA y otras del grupo Indalo.

La Justicia sospecha que parte de los $8.000 millones que Crist贸bal L贸pez no pag贸 al Fisco -correspondientes a la retenci贸n del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hac铆a a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, que es amigo, empleado y socio del due帽o de Indalo. 鈥淓s un intermediario en el manejo de la relaci贸n comercial con los Kirchner鈥, indic贸 el juez.

Crist贸bal L贸pez y Fabi谩n De Sousa se encuentran presos acusados por defraudar al Estado al no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos ($17.042.509.692 a valor actualizado) correspondientes al Impuesto a los Combustibles.

Seg煤n determin贸 el fiscal Gerardo Pollicita, esa causa constituye 鈥渆l delito precedente de la maniobra鈥 que se investiga en la causa conocida como Agosto SA. Es decir, a los fondos obtenidos de la defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica perge帽ada, se los dirigi贸 en parte la empresa de Sanfelice.

La Justicia sostiene que hubo una 鈥渃lara maniobra de lavado de activos鈥, que comenzaba con las 鈥済anancias il铆citas obtenidas por el Grupo Indalo鈥. Despu茅s, se desarroll贸 鈥渦n mecanismo para el reciclaje de una porci贸n de esas ganancias il铆citas鈥: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como 鈥減r茅stamos鈥 y despu茅s se contrataba a Agosto SA.

As铆, los fondos podr铆an 鈥渓legar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma l铆cita, es decir, como parte del sistema econ贸mico legal鈥.

De los informes realizados por la AFIP surge: que en el a帽o 2013, Oil Combustibles SA transfiri贸 $27.526.587 a la empresa CPC SA y $388.530.009 a Oil M&S SA; que en 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451 respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, por 煤ltimo, en 2016, Oil M&S SA recibi贸 $34.057.561 de aquella.

Los 煤nicos clientes de Agosto SA fueron las tres firmas de Indalo desde agosto de 2013. La facturaci贸n electr贸nica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016 alcanz贸 a 38.695.072 pesos.

En la AFIP, la empresa declar贸 dedicarse al 鈥渁lquiler de equipo de transporte NCP sin conductor ni operarios鈥, y como actividades secundarias. Lo que despert贸 sospechas es que Agosto SA realiz贸 operaciones por montos elevados s贸lo con firmas de Crist贸bal L贸pez.

 

As铆 lo decidi贸 el juez Bonadio quien los acusa de lavado de dinero. Las viviendas est谩n el mismo edificio en el que vive la exmandataria Cristina Kirchner.

 

El juez federal Claudio Bonadio proces贸 a聽Crist贸bal L贸pez y Fabi谩n De Sousa聽(due帽os del Grupo Indalo);聽a Osvaldo De Sousa,聽hermano del socio del empresario K;聽y al socio de M谩ximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por la compra de dos聽departamentos en el edificio de Uruguay y Juncal, en la ciudad de Buenos Aires, en el que聽vive la expresidenta Cristina Kirchner.

El magistrado los acusa del delito de lavado de dinero. En el caso de L贸pez y Fabi谩n De Sousa, se les dict贸 prisi贸n preventiva con un embargo de $ 40 millones a cada uno. En la operaci贸n inmobiliaria, se 鈥減uso en circulaci贸n dinero de origen il铆cito鈥 que proven铆a de la asociaci贸n il铆cita que 鈥渃omand贸鈥 la precandidata a vicepresidente.

Seg煤n se corrobor贸 durante la instrucci贸n, por el departamento de Cristina, ubicado en el mismo edificio donde De Sousa adquiri贸 dos inmuebles, 鈥渟e hicieron 87 entregas por U$S 69.722.600鈥, se帽al贸 Bonadio al procesarla.

El juzgado corrobor贸 que, en cinco meses, Osvaldo De Sousa,聽hermano del socio de Crist贸bal L贸pez, desembols贸 m谩s de 880 mil d贸lares que, en principio, 鈥渘o contaba con un patrimonio que avale ese movimiento de dinero鈥, se explic贸.

Estos departamentos fueron allanados por Bonadio y podr铆an haber servido tambi茅n para alojar las coimas que recib铆a el secretario privado de los Kirchner,聽Daniel Mu帽oz, en los viajes que hac铆a el chofer del secretario de Coordinaci贸n de Planificaci贸n, Roberto Baratta, Oscar Centenero.

 

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El hombre de 33 a帽os ya hab铆a sido detenido e indagado en el marco de la investigaci贸n pero fue excarcelado.聽

 

脕ngel 鈥淓l Cachila鈥 Moreira, acusado de ser el coautor del crimen de Lola Chomnalez fue procesado con prisi贸n preventiva por la Justicia uruguaya.

El hombre de 33 a帽os que se encuentra detenido desde el lunes y fue indagado por el asesinato de la adolescente de 15 a帽os, ya hab铆a sido detenido e indagado聽en el marco de la investigaci贸n, pero fue excarcelado.

Ahora, el nuevo fiscal del caso, Jorge Vaz, volvi贸 a citarlo como sospechoso tras un nuevo impulso que tuvo la pesquisa con la declaraci贸n de algunos testigos, uno de los cuales lo implic贸 de manera directa. 鈥淣o puedo determinar si fue el homicida, aunque tengo la plena convicci贸n de que 茅l聽estuvo en el lugar鈥, asegur贸 Vaz.

Por su parte, para la Fiscal铆a de Uruguay existen 鈥渆lementos de convicci贸n suficientes para imputar鈥 al sospechoso por el delito de 鈥homicidio Muy Especialmente Agravado聽en calidad de co-autor鈥.

En 2014, Lola viaj贸 a Barra de Valizas y se qued贸 en la casa de su madrina, Claudia Fern谩ndez, que viv铆a con su esposo Hern谩n Tuzinkevcih y un hijo de 茅ste de 14.

Al d铆a siguiente, la chica聽desapareci贸 cuando sali贸 a caminar聽por la playa y dos d铆颅as despu茅s fue encontrada sin vida a unos cuatro kil贸metros de la casa, en una zona de m茅danos.

Mediante la autopsia se determin贸 que聽Lola muri贸 por asfixia聽por sofocaci贸n y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Dos semanas despu茅s fue encontrada聽la mochila de Lola y en su interior, junto con otras pertenencias, se hall贸 un toall贸n playero que ten铆颅a una mancha de sangre y desde entonces se compar贸 ese material gen茅tico con el de todos los detenidos que tuvo la causa, pero siempre dio negativo y por eso todos fueron liberados.

 

Est谩 acusado de ser miembro de la asociaci贸n il铆cita y de haber aportado informaci贸n clave para las extorsiones y espionaje ilegal.

 

El juez Alejo Ramos Padilla proces贸 sin prisi贸n preventiva al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone como integrante de la asociaci贸n il铆cita de la que formaba parte el falso abogado Marcelo D鈥橝lessio.

El otro fiscal federal involucrado en la causa es Carlos Stornelli quien sigue en rebeld铆a tras ignorar cuatro llamados a indagatoria.

Adem谩s, el juez orden贸 un embargo de $10 millones contra el fiscal suspendido. Bidone, tambi茅n hab铆a sido procesado en Comodoro Py por la extorsi贸n a otro empresario.

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Junto al fiscal聽tambi茅n fueron procesados los ex agentes de inteligencia Claudio Oscar Alvarez y Hugo Rolando Barreiro.

El fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone fue procesado por el juez federal Luis Rodr铆guez en la causa por el intento de extorsi贸n al empresario Gabriel Traficante en 2016.

Se trata de la extorsi贸n realizada y por la cual ya fue procesado el supuesto abogado Marcelo D鈥橝lessio, detenido con prisi贸n preventiva por orden del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Bidone fue quien proporcion贸 informaci贸n sobre ingresos y salidas a nuestro pa铆s de la base de datos de Migraciones en torno a Traficante, y justificando dicha acci贸n en el marco de la investigaci贸n por el triple crimen de General Rodr铆guez.

A partir de esa informaci贸n proporcionada por el suspendido fiscal, es que D`Alessio extorsion贸 a Traficante solicit谩ndole 90.000 d贸lares a cambio de aliviar su situaci贸n en la causa conocida como 鈥渓a mafia de los contenedores鈥. El falso abogado ya fue procesado con preventiva por este intento de extorsi贸n a Traficante semanas atr谩s.

Adem谩s del fiscal, tambi茅n fueron procesados el agente de la AFI Claudio 脕lvarez, as铆 como al exesp铆a Rolando Barreiro.

鈥淨ue nunca dispusimos que 脕lvarez como Barreiro realicen `gesti贸n麓 alguna ante el referido Bidone ni ante ninguna autoridad judicial o de alg煤n poder del Estado. Que conforme lo establece la Ley de Inteligencia Nacional que rige la actividad de este Organismo que representamos, somos los suscriptos, y/o los funcionarios que expresamente autorizamos -que en este caso no existi贸 autorizaci贸n alguna-, los que actuamos dentro de nuestras funciones ante los diversos poderes estatales鈥, dijo la AFI, tal cual cit贸 el juez en su fallo.

 

Tambi茅n proces贸 a Gerardo Ferreyra de Electroingenier铆a, preso en Marcos Paz, y a Roberto Baratta, detenido en Ezeiza.

El juez Claudio Bonadio ampli贸 el procesamiento de Cristina Krichner en la causa de los cuadernos y聽le ratificaron su prisi贸n preventiva, que se har谩聽efectiva cuando 鈥渆l Senado de la Naci贸n apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros鈥.

El juez consider贸 que esa explicaci贸n es 鈥渋nveros铆mil, a煤n si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el 谩mbito del Ministerio se帽alado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad鈥, seg煤n la resoluci贸n.

Adem谩s de la exmandataria fueron procesados los responsables de la firma Electroingenier铆a, encabezados por el detenido聽Gustavo Ferreyra聽detenido desde agosto pasado y acusado de ser miembro de la asociaci贸n il铆cita; y el ex secretario de Coordinaci贸n del Ministerio de Planificaci贸n聽Roberto Baratta, procesado como organizador de la banda, entre otros.

En el fallo, se analiza cinco entregas de dinero que habr铆an sido parte de los viajes relatados por el chofer Oscar Centeno y que no hab铆an sido incluidos en un primer procesamiento.聽鈥淟a prueba recolectada en estas actuaciones dej贸 al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudaci贸n que funcionaban en el 谩mbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra p煤blica, las concesiones viales y el transporte, cada uno con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas con contratos de obra p煤blica o concesionarias de servicios p煤blicos鈥, sostuvo Bonadio.

Por su parte, Cristina neg贸 los hechos y subray贸 que la cantidad de聽procesamientos que tiene en su contra son una persecuci贸n, pero el juez lo consider贸 鈥渦n mero intento de mejorar su situaci贸n procesal, ya que no se condice con lo que surge de las constancias incorporadas a estas actuaciones鈥.

Resoluci贸n del juez Bonadio que ampl铆a el procesamiento de Cristina Fern谩ndez de Kirchner:

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La Justicia cit贸 a indagatoria a Corina de Bonis. Tambi茅n imput贸 a la directora que dijo haber recibido amenazas telef贸nicas.


La Justicia bonaerense proces贸 y cit贸 a indagatoria a la docente Corina De Bonis, quien en septiembre del a帽o pasado denunci贸 haber sido secuestrada y torturada en Moreno. La maestra fue imputada por falso testimonio y falsa denuncia, al igual que la vicedirectora del Centro de Educaci贸n Complementario (CEC) 801, donde se desempe帽aba la educadora.

El 12 de septiembre del a帽o pasado, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, denunci贸 que a De Bonis la hab铆an levantado en un coche cerca de su casa, en una zona suburbana de Moreno y que mientras la trasladaban de un lugar a otro, en el asiento trasero le escribieron en el abdomen con un punz贸n la frase 鈥渙llas no鈥.

Adem谩s, desde el gremio dijeron tambi茅n que d铆as antes hab铆an recibido amenazas telef贸nicas en el centro educativo. Eran advertencias por el trabajo social que hac铆an las trabajadoras de la educaci贸n mientras las clases estaban suspendidas en el distrito desde el 3 de agosto, cuando el estallido de una garrafa en la primaria 41 provoc贸 la muerte de dos docentes.

El fiscal Emiliano Buscalia, a cargo de la UFI N掳 5 del departamento judicial Moreno-General Rodr铆guez, dispuso la indagatoria de De Bonis. Las pericias determinaron que en realidad, el llamado presuntamente amenazante fue efectuado por la misma De Bonis.

 

La medida del juez Claudio Bonadio por enviar diarios a Santa Cruz. Tambi茅n corre para el ex secretario Oscar Parrilli.

 

La ex presidenta Cristina Kirchner y el secretario privado en su gesti贸n Oscar Parrilli, quedaron procesados este jueves por peculado a ra铆z de los viajes oficiales que llevaban diarios a Santa Cruz.

As铆 lo firm贸 el juez Claudio Bonadio, que adem谩s dispuso un embargo de 500 mil pesos a cada uno. En este caso, Parrilli fue considerado autor del delito y la ex presidente, part铆cipe necesaria. Seg煤n el art铆culo 261 del C贸digo Penal, conlleva una pena de dos a diez a帽os de prisi贸n al funcionario p煤blico que sustrajere caudales o efectos cuya administraci贸n, percepci贸n o custodia le haya sido confiada por raz贸n de su cargo.

鈥淟os hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perdur贸 con regularidad nada menos que por un per铆odo de 12 a帽os. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los env铆os sino que era quien los ordenaba鈥, asegur贸 el magistrado.

Y agreg贸: 鈥淏asta para confirmarlo, con repasar las declaraciones de los testigos que dan cuenta de las jerarqu铆as y los modos en el que se tomaban e instru铆an las 贸rdenes desde la Secretar铆a General de la Presidencia, lo cual, por otra parte, va en consonancia con las funciones que el imputado ten铆a asignadas de acuerdo al Decreto 684/04. Siendo as铆, resulta evidente que el empleo de un servicio costeado por la Administraci贸n P煤blica para un uso distinto del previsto, constituye la violaci贸n a los deberes que describe el art. 261 del C贸digo Penal, por cuanto poco importa el rango que en el Estado detentaba el tercero beneficiado 鈥揳lguno de los ex presidentes -, cobrando especial trascendencia el hecho de que el destino de los fondos p煤blicos dirigidos al buen desempe帽o de la funci贸n, no pueden ser desviados para el cumplimiento de los caprichos de ning煤n funcionario鈥.

El expediente se inici贸 a ra铆z un desprendimiento del caso de los Cuadernos de las coimas, cuando declararon pilotos de los aviones oficiales contando c贸mo eran esos traslados llevando especialmente diarios desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

En su indagatoria, la senadora descalific贸 las acusaciones. 鈥淓sta versi贸n no es novedosa, ya que desde hace a帽os, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicaci贸n, vienen repitiendo la misma versi贸n que, incluso para algunos, adquiri贸 el car谩cter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonad铆o interviene ileg铆timamente en esta investigaci贸n, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la 鈥榗ausa de las fotocopias鈥欌