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Aborto legal: proponen una consulta popular

La diputada Romina Del Plá realizó la propuesta para “avanzar con el debate del IVE.

Luego de que se presentara por octava vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la diputada Romina Del Plá propuso a los legisladores avanzar con una “consulta popular”.

“Si el Congreso le da la espalda a este derecho, debemos debatir seriamente la posibilidad de avanzar con una Consulta Popular Vinculante”, señaló la representante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Además, Del Plá pidió convocar a todos los candidatos a presidentes y vices a un debate público, de fondo, sobre el derecho al aborto legal.

“La masiva movilización que recorre al país es fundamental porque no tenemos tiempo para esperar, ni para estadíos intermedios, porque se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, como ocurrió el sábado pasado en Pacheco”, argumentó la diputada.

Los cambios respecto al proyecto de 2018:

– Se establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar.

– Se podrá acceder a un aborto voluntario, legal y seguro hasta las 14 semanas, inclusive, de gestación en los tres sectores del sistema de salud.

– Pide que el aborto sea gratuito en hospitales y centros de salud públicos, con 100% de cobertura si se tiene obra social, mutual o prepaga, y será una práctica incluida en el Plan Médico Obligatorio.

– Habrá interrupción legal del embarazo, a su vez, en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral.

– No se incluirá la objeción de conciencia, porque considera a esta práctica “un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias o posiciones personales, religiosas o morales”.

– Se incluye por otra parte los casos de personas gestantes con discapacidad. No pueden ser sustituidas en el ejercicio de este derecho por terceras personas, independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica.

– Los profesionales de la medicina deberán dar información sobre los diferentes métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica y riesgos de su postergación.

– Los derechos ya adquiridos serán reforzados, como el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) y a los métodos anticonceptivos.

– Habrá modificaciones en cinco artículos (85, 85 bis, 86, 87, y 88) del Código Penal. Allí se pedirá que la mujer que llegara a practicarse un aborto no será penada en “ningún caso”.

– Se penará al personal, profesional o establecimiento de salud que “dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto”. A su vez, serán penados quien realizaran abortos sin el consentimiento de la persona gestante.

 

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