Fue violada y quedó embarazada. El sistema provincial estira el proceso y torna inevitable el embarazo. Mintieron sobre el tiempo de gestación para hacer creer que ya era tarde para practicarle un aborto.
El sistema de salud de Santiago del Estero le negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una nena de 12 años que quedó embarazada producto de una violación.
La niña que vive en condiciones de hacinamiento con su mamá y su pareja y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria, que alquilan fue a atenderse por dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda.
Allí la revisaron pero la derivaron a hacerse la ecografía a otro UPA. La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, la víctima no recibió información “completa, adecuada y conforme” a su autonomía progresiva tal como contempla la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias provincial sobre el embarazo que, dado que se trata de una menor de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.
Lo preocupante es que el informe de Pereyra señala que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas, es decir, le agregó seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”.
Producto de esas semanas de gestación, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, por lo cual se dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación.
Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. La pequeña fue atendida por otro equipo especializado, le hicieron nuevos estudios y descubrieron que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación por lo que en realidad sí se le podría haber ofrecido una ILE.
Hace una semana, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña, sin embargo, un alto funcionario de Maternidad e Infancia se opuso alegando que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica, contradiciendo la versión de ese Programa.
Según detalla Página/12, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un comunicado con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de la nena embarazada, y recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos “extremadamente vulnerados”.
