El empresario k está acusado de quedarse con $ 8.000 millones del Estado del Impuesto al Combustible y con los fondos ampliaba sus empresas. También será juzgado Ricardo Echegaray y Fabián De Saousa.

 

El empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el extitular de AFIP Ricardo Echegaray por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado.

Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

En el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, se dará inicio este jueves al juicio contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP durante la gestión anterior. El fiscal ante el TOF será Juan García Elorrio y con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima una duración de cinco meses de desarrollo.

El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

En el caso de Echegaray fue procesado por el juez Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, determinó la Justicia.

Seguí en vivo el juicio:

Es por una presunta falsa denuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

 

Este viernes, en los tribunales de Comodoro Py, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray afrontará su primer juicio oral y público por una presunta falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay con informaron fiscal que era secreta.

Junto con Echegaray serán juzgados los ex funcionarios de la AFIP Horacio Curien y Pedro Roveda que están acusados de los delitos de falso testimonio, revelación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Echegaray será juzgado porque utilizó información fiscal confidencial para denunciar penalmente en 2014 a Prat-Gay. Puntualmente, fue de formar parte de una asociación ilícita que evadió impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien Prat-Gay le administró las finanzas.

La denuncia contra Prat Gay fue rechazada por la justicia en lo Penal Económico y el ex funcionario presentó una querella contra Echegaray.

Este es el primer juicio oral al ex titular de la AFIP. Está a cargo de los jueces del Tribunal Oral 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado. En la primera audiencia está previsto que se lea la acusación, que las partes hagan sus planteos previos y las indagatorias de los imputados.

Alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI. Ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral.

El juez federal Julián Ercolini procesó a exfuncionarios en el marco de la investigación por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles. La medida alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI y mano derecha de Ricardo Etchegaray.

En la causa se investiga el presunto delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. El juez también ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral.

En este expediente ya se encuentran procesados Ricardo Echegaray , extitular de la AFIP , y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, exdueños de la firma Oil Combustibles.

Procesan exfuncionarios Oil Combustibles by Será Justicia on Scribd

El ex titular de la AFIP también es acusado por “incumplimiento de deberes” al obstruir el control de firmas del empresario santacruceño.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto “encubrimiento agravado” a Lázaro Báez y el “incumplimiento de deberes” por obstruir la fiscalización de empresas vinculadas al empresario socio de los Kirchner, quien está detenido por lavado de dinero.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli. Ambos fueron embargados por un monto de 70.412.000 pesos.

De acuerdo a la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, “el suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras”, recordaron.

El expediente se inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”.

Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”.

El organismo a cargo de Laura Alonso criticó al juez de la causa y aseguró que las demoras «favorecen la impunidad».


La Oficina Anticorrupción le solicitó al juez Ariel Lijo el procesamiento de Ricardo Echegaray, Katya Daura, Máximo Lanusse y otros cinco involucrados en la causa Ciccone, donde declaró el imputado Alejandro Vandenbroele en calidad de testigo protegido.

En el escrito presentado la OA mostró disconformidad con el juez Lijo al expresar que «la falta de resolución de sus situaciones procesales no solo favorecen su impunidadsino que también perjudican la acción de los acusadores en el trámite de la causa«.

«VS puede no compartir la posición de esta Oficina en relación a los pedidos de procesamiento, pero en su caso debería dictar alguna resolución que permita, o bien avanzar hacia el enjuiciamiento de los nombrados o bien que los acusadores podamos recurrir», agregó el documento presentado por la Oficina anticorrupción.

Según consigna Infobae, basada en la declaración de Vandenbroele, que fue ampliada y ratificada en la causa, la OA aseguró que la AFIP de Echegaray «tuvo una inherencia determinante solicitando la quiebra de Ciccone Calcográfica y ofreciendo que la Casa de Moneda se hiciera cargo de la planta«.

Lo hará este jueves. Los acusa por una defraudación millonaria de Oil Combustibles, con la venia de la AFIP.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, solicitará este jueves que se vuelva a disponer la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que se ordene la detención de Ricardo Echegaray. 

Además el funcionario judicial pedirá que se vuelva a la acusación por defraudación al Estado y que respondan con su patrimonio cada uno de ellos por $ 17.000 millones.

Este jueves a las 11, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa escucharán a los dueños del Grupo Indalo y al ex titular de la AFIP. En sus manos está la decisión sobre la libertad que recuperaron López y De Sousa, por una polémica decisión de la Cámara Federal, y la acusación contra los imputados, según consigna Clarín.

Los jueces deberán resolver dentro de los próximos cinco días hábiles la situación de los acusados.

El juez Julián Ercolini el 19 de diciembre del año pasado los procesó por defraudación al Estado, agravado por ser en perjuicio de la administración pública y dispuso la prisión preventiva del empresario K y su socio, acusándolos de violar las medidas cautelares impuestas al intentar vender el Grupo Indalo cuando se encontraba inhibido.

Luego en marzo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron excarcelar a López y De Sousa y modificó la calificación: quedaron, junto a Echegaray, acusados de retención indebida de tributo, que se podría subsanar con el pago de la deuda. Además, redujeron el embargo a $ 8.945 millones.

El fiscal Germán Moldes ante la Cámara federal porteña apeló esta medida, pidiendo no sólo que vuelvan a prisión, sino que también quede detenido el ex titular de la AFIP.

El ex titular de la AFIP hizo el depósito en concepto de caución que le fijó la justicia para no quedar arrestado.

Ricardo Echegaray depositó en las últimas horas un millón de pesos de caución que le fijó la Justicia para no ir detenido en el marco de la causa conocida como “autos diplomáticos” en la que fue procesado por contrabando.

Tras el depósito se le entregó a Echegaray el comprobante correspondiente en el Juzgado en lo Penal Económico de Diego Amarante, quien la semana pasada lo procesó y le fijó la caución por ese monto, a pagar dentro del plazo de diez días para evitar ir a la cárcel.

La acusación es por haberle otorgado el permiso de ingreso de un vehículo a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina en 2006, cuando era titular de la Aduana: de acuerdo a la investigación, el vehículo ingresó al territorio argentino sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego fue vendido a un particular.

Junto al procesamiento el juez le trabó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes y le fijó tanto la prohibición de salida del país como la obligación de presentarse dos veces por mes ante el Juzgado para asegurar que se encuentra a derecho.

Al fijar la caución de un millón de pesos, el juez tuvo en cuenta la gravedad del delito y que el funcionario habría ocultado parte de la prueba en la causa: es que el expediente administrativo venía siendo reclamado por el Juzgado a la Aduana y a la AFIP en los últimos años, pero al ser allanada la propiedad de Echegaray se encontraron en su computadora copias de esa documentación, indicaron fuentes judiciales.

Otro de los factores que tuvo en cuenta el Juzgado para fijar una caución fueron las múltiples causas en las que es investigado Echegaray y aún están en curso en la Justicia Federal.

El hecho tuvo lugar en 2006 y la irregularidad incluso fue porque Taiwan no contaba con rango diplomático en la Argentina en ese entonces: incluso, no se le dio como establece todo procedimiento normal participación en el trámite administrativo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Echegaray es el único imputado por este caso, por el que fue indagado el 19 de diciembre pasado durante varias horas: en esa audiencia, el ex jefe de la AFIP defendió su intervención en el trámite y sostuvo que fue el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo quien en 1995 había otorgado un permiso para el ingreso de otro vehículo a esa dependencia.

FUENTE: NA

El organismo recaudador reclama la totalidad de las sumas adeudadas por la empresa Oil Combustibles al fisco.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentó una demanda contra el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray y contra el empresario Cristóbal López, con el objeto de reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados “criminis causa” a la agencia tributaria como consecuencia de los hechos que investiga el juez federal Julián Ercolini.

En la causa Cristóbal López está acusado de quedarse con 8.000.000 de pesos que debía tributar la petrolera Oil Combustibles de impuestos, maniobra en la que habría recibido la ayuda de Ricardo Echegaray. La AFIP también demandó a Fabián de Sousa.

La presentación de la AFIP sostiene sobre López que “el demandado se benefició –en su carácter de responsable de Oil- al recibir, a través de aquella firma, de modo sistemático y deliberado, por parte del Administrador Federal Ricardo Daniel Echegaray, planes de facilidad de pago” desde 2013 a 2015 y que la maniobra posibilitó uqe la petrolera no pagara a tiempo y en forma el tributo.

Además esa conducta posibilitó que la empresa utilizara de forma indebida y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las otras sociedades comerciales del Grupo Indalo en perjuicio de las arcas del fisco.

En la demanda, según constató Infobae, la AFIP reclama la totalidad de las sumas adeudadas por Oil Combustibles al fisco por todo concepto hasta ahora y las que sigan devengando como consecuencia de sus incumplimientos tributarios, que no puedan ser cobradas a través del concurso y/o de otras acciones legales actualmente en trámite o que se inicien en el futuro.